ABUSO SEXUAL DE MENORES

Operación Océano: fiscal Darviña Viera investiga cinco páginas web de citas

La fiscal trasmitió a los defensores de 31 imputados que investigará cinco páginas web de citas usadas para contactarse con una de las víctimas.

Fiscal Darviña Viera. Foto: Leonardo Mainé
La fiscal de Delitos Sexuales, Darviña Viera, llegando a la Fiscalía General de la Nación. Foto: Leonardo Mainé.

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La fiscal de Delitos Sexuales Darviña Viera señaló a los abogados defensores de los 31 imputados en el marco de la “Operación Océano” que investiga cinco páginas web de citas -nacionales y extranjeras- utilizadas por adultos para contactarse con adolescentes.

En una respuesta enviada a los penalistas, Viera sostuvo que la Fiscalía requirió información a la Dirección de Lucha contra el Crimen Organizado sobre las páginas de encuentros extranjeras a través de Interpol.

Con respecto a las páginas web nacionales, Viera dijo: “Nos encontramos investigando las mismas. Por lo cual, cuando se obtenga información se subirá al sistema para que las defensas puedan acceder”.

Las adolescentes explotadas sexualmente utilizaban páginas web, redes sociales o aplicaciones de celular como Badoo, Locanto, Seeking Arrangement, Instagram, Facebook y Skokka.

Abrir la información.

En un escrito presentado ayer ante la jueza Adriana de los Santos, los abogados de seis imputados recordaron que, en setiembre pasado, solicitaron a la Fiscalía el “acceso íntegro” al legajo fiscal que comprendía la pericia del celular de una de las víctimas del caso, hoy mayor de edad, y la copia fiel de todos los archivos, aplicaciones, e-mails, redes sociales, etc., que ésta hubiera utilizado, así como la adopción de todas las medidas tendientes para la preservación de esos dispositivos y de la información allí contenida.

El escrito, al que tuvo acceso El País, fue firmado por los abogados Cecilia Salom, Alejandro Balbi, Víctor della Valle, Jorge Pereira Schurman, César Castro, Pablo Barreiro y Andrés Añasco.

Los defensores también pidieron a la jueza De los Santos que se intimara a la víctima, por medio de su abogado, a que presentara ante la Fiscalía la información de todas las redes sociales utilizadas con cualquier nombre de usuaria o denominación para contactar personas y las claves de acceso.

Además, los penalistas pidieron a la Fiscalía que librara un oficio al Departamento de delitos Informáticos para que recabara información de todas las redes sociales y páginas web utilizadas por la víctima.

Los abogados solicitaron a la Fiscalía que librara un oficio al Banco Central relevándolo del secreto bancario para que brindara información de una cuenta abierta por la madre de la víctima y que era manejada por la entonces adolescente.

No ha lugar.

El 29 de setiembre de este año, la fiscal Viera respondió los pedidos de los defensores. Con respecto al acceso al celular de la adolescente, Viera dijo: “aún no está la pericia”, por lo cual “una vez que ésta se haya realizado, se proporcionará la misma como corresponde”.

Al referirse a la intimación de los penalistas para que la víctima presentara información de sus redes sociales, la fiscal Viera dijo que resulta impertinente esa solicitud.

En su respuesta, la fiscal rechazó de plano el pedido para revisar las cuentas bancarias de la víctima mediante un oficio al Banco Central.

Ante esta situación, los penalistas trasmitieron a la jueza De los Santos que “es imprescindible” señalar que al momento de solicitar los procesamientos de los imputados, la Fiscalía declaró ante la Justicia que contaba entre sus evidencias con las “pericias del celular” y con el “análisis de las redes sociales” utilizadas.

Mujer sostiene el celular con la mano. Foto: Archivo El País.
Foto: Archivo El País.

No obstante, advierten los profesionales, meses después de dictadas las formalizaciones de las investigaciones, la Fiscalía dice ahora que la pericia del celular “no está lista”.

En definitiva, sostiene el escrito, existe que una asimetría de poder entre la Fiscalía y la defensa. Y afirma que para fundar el ejercicio del poder punitivo, la Fiscalía convoca “evidencias inexistentes”, “no pasibles” del control de la Justicia o de la defensa. Y, no conforme con ello, continúan los abogados, “deniega o demora” la sustanciación de otras diligencias pese al riesgo de que esas pruebas desaparezcan.

Sostiene que la defensa de los imputados queda “restringida” a la celebración de “acuerdos absurdos” carentes de sustentos jurídicos.

Y concluye: “Los procesados están condenados de antemano, al grito de la tribuna y las redes sociales”.

La Justicia postergó audiencia masiva

La jueza Adriana de los Santos resolvió postergar la segunda audiencia masiva sobre la Operación Océano prevista para hoy, por entender que los defensores no habían tenido acceso a todas las pruebas y un imputado recluso no podía ser trasladado desde la cárcel por medidas sanitarias.

En el escrito fechado el martes 6, De los Santos recordó que había fallado a favor de la declaración anticipada de la víctima en la primera audiencia masiva y que ello había sido confirmado por un Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, advirtió, los abogados defensores debían tener acceso a toda la carpeta investigativa para poder realizar preguntas a la víctima en igualdad de información con la Fiscalía.

La audiencia masiva se iba a realizar hoy en el Palacio de los Tribunales. Estaba previsto que la chica se encontrara en otro lugar mediante una cámara Gesell.

La fiscal de Delitos Sexuales, Darviña Viera, opinó a favor de que se realizara la audiencia masiva como estaba previsto argumentando que los abogados defensores habían tenido acceso a “todas las actuaciones” y a las “copias del contenido” de los celulares de la entonces adolescente.

Los defensores de los 31 imputados opinaron lo contrario. “No tenemos todas las pruebas”, señalaron. Y recordaron que el Tribunal de Apelaciones resolvió que, en el momento en que se realizara la declaración anticipada de la víctima, los abogados debían contar con estas.

El penalista Santiago Alonso, abogado de un imputado, dijo que la Operación Océano significa un antes y un después en la aplicación del nuevo Código de Proceso Penal. “Es prácticamente imposible que un juicio se desarrolle con las debidas garantías del debido proceso de todas las partes dada la magnitud y la cantidad de imputados que intervienen en esta causa”, afirmó Alonso.

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