EXPLOTACIÓN SEXUAL

Llegó a la galería donde tiene su consultorio cuando todos los demás locales estaban cerrados. Subió por el antiguo ascensor de doble reja que permitía ver la oscuridad de los ocho pisos donde, a esa hora, no quedaba nadie. Abrió la puerta del estudio y se sentó entre una montaña de papeles y la computadora que esperaba encender para dar clases por Zoom.

Juan Raúl Williman se acomodó entre los expedientes que había en su escritorio para dialogar sobre la investigación que, para él, desterró el mito de que la retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, sucede solo en los estratos sociales más bajos.

Dos días antes de que comenzara hablar sobre la Operación Océano con El País, Williman viajó hacia el INAU de Pando. La madre de una adolescente de 14 años lo llamó para que el estudio que dirige en la Udelar las representara en el marco de la investigación que lidera la fiscal Darviña Viera.

Por ahora, Williman y su equipo llevan adelante la defensa de cuatro víctimas de la Operación Océano, pero dice que en los próximos días van a llegar a ser siete.

En Canelones, el abogado le explicó a esa madre que participar en el proceso judicial para una víctima es un derecho. Pero lo primero que le preguntó la mujer fue cuánto iban a molestar a su hija. Él le contestó que lo menos posible, para así poder evitar que la adolescente pase por una situación de victimización secundaria. “La gente cree que las chiquilinas están desesperadas por denunciar y algunas no quieren verse más afectadas”, explicó el abogado a El País.

Williman dice que el delito que investiga la denominada Operación Océano tiene el problema de que víctimas y victimarios no se reconocen como tales. Y que en ese contexto, denunciar los hechos se hace más difícil. Hace cuatro años que está a cargo del estudio jurídico de la Udelar, y desde hace unos meses él y su equipo son la otra cara de las víctimas de Operación Océano.

Como si estuviera frente a sus alumnos dando una clase por Zoom, el abogado y docente reflexiona sobre el impacto que esta investigación está dejando en la sociedad uruguaya. Dice que hace una semana abrió las carpetas que había en su consultorio y que algo le llamó la atención: de las 36 que había, 26 eran sobre delitos sexuales.

“Evidentemente hay algo ahí... En la prevención, en la educación, estamos llegando tarde. Hay todo un sistema que está llegando tarde”, reflexiona Williman. Y lleva la conversación al plano de la Operación Océano, porque ahí, asegura, también algo falló.

El profesional explica que el Derecho Penal no resuelve nada. “Lamentablemente va a ser lo último que podamos hacer cuando no hicimos lo que tuvimos que hacer antes. Falló la prevención, la educación, la contención, fallamos en todos lados. ¿El Derecho Penal mágicamente va a salir a resolver lo que ya hicimos mal?”, se pregunta el abogado. Responde que no.

En el silencio de su consultorio, Williman piensa unos segundos y vuelve a romper el silencio con una reflexión: “Estamos mucho más preocupados de lo que le pasa al victimario, en quién es o qué pena le toca, que en cómo fue que niñas y adolescentes llegaron a esa situación”. Y vuelve a cuestionar: “¿Qué es más importante? ¿La eficacia de la investigación y que los condenen a todos o que las víctimas salgan lo menos damnificadas posibles?”.

Williman dice que el mejor cierre para la Operación Océano, la investigación penal contra 32 personas por explotación sexual, será que se logren resultados y que a quien le corresponda responsabilidad efectivamente responda por lo que hizo, pero sobre todo que el proceso deje el menor impacto posible en sus víctimas. 

La Fiscalía y la defensa de uno de los 32 imputados de “Operación Océano” llegaron a un acuerdo el pasado 22 de setiembre. De esta manera, la histórica investigación tuvo su primera condena. Dos años a cumplirse de la siguiente manera: tres meses de prisión domiciliaria total, tres meses de domiciliaria nocturna y 18 meses bajo el régimen de libertad vigilada. En este caso el condenado no llegó a tener un encuentro con la víctima, por lo que solo se configuró la parte del delito de la promesa de retribución.

Para el abogado Juan Raúl Williman “hay una razón para hacer el abreviado que indica que no va a ser muy distinta a la pena que se obtenga en juicio. Entonces, ¿para qué desplegar todo un mecanismo generando secundaria y moviendo todos los recursos de un juicio oral para llegar a un resultado similar?”. En este sentido, el defensor dice que también es importante que el victimario se reconozca como tal. “Es un victimario diciendo que se equivocó, que está mal lo que hizo, que acepta la responsabilidad... No sé por qué eso no es valorado en su justa medida si es eso lo que estamos discutiendo, que las víctimas se reconozcan como tales y los victimarios se reconozcan como tales. Sin embargo, nunca vi que eso lo valorara nadie”, expresó, y agregó que esa persona, además, deja de ser primaria.