Tras cinco años de espera, está previsto que en las próximas semanas comience el juicio por la denominada Operación Océano. Serán 11 los imputados que quedarán sometidos a lo que resuelva el juez Huberto Álvarez, luego de oír todas las pruebas que la Fiscalía presente en su contra y, la defensa, a su favor. Esta semana ocurrirá la primera reunión de trabajo en la que procurarán organizar un juicio que es inédito, al menos desde la vigencia del nuevo Código del Proceso Penal.

La etapa intermedia, en la que se decide qué prueba ingresa a juicio, duró más de un año. Eso es lo que fuentes judiciales consultadas por El País estiman que durará el juicio propiamente dicho: un año.

No es habitual que se convoque a reuniones para discutir el cronograma del juicio -ocurre solamente en casos complejos-, pero en esta situación, implica además coordinar la agenda de decenas de testigos y profesionales que participarán.

Así, este juicio tendrá particularidades que no tienen otros. Por ejemplo, suelen celebrarse todos de corrido. Es decir, todas las audiencias en una misma semana o dos, máximo. En este caso, una de las cosas que deberán definir en la reunión del próximo martes es cuántas veces por semana tendrán audiencia y cuál será la extensión. Profesionales consultados por El País y que prefirieron no identificarse señalaron que existe consenso entre un grupo de ellos de que no pueden sesionar más de dos veces por semana. No se los permite su agenda.

Otra cosa que será sometida a debate es el orden en que se presentarán las pruebas. Aunque lo que establece el Código del Proceso Penal es que la Fiscalía presente primero su prueba y luego el acusado la suya, al haber tantas víctimas y acusados ese esquema debe adaptarse.

Hay partidarios de ordenar la prueba por víctima -en este caso son siete-, otros por imputado -unos 11- y otros tantos por mantener el esquema original y que la Fiscalía presente su prueba contra todos y luego todos se defiendan. Esta opción es la que tendría más sentido, defienden, porque para muchos de los acusados la prueba es la misma por estar vinculados a la víctima principal.

Una vez se resuelvan las cuestiones organizativas, que comenzarán a debatirse el martes, el juez Álvarez deberá fijar una fecha de comienzo del juicio oral. A su vez, sobre la marcha se esperan nuevas modificaciones dado que es común que testigos no concurran la primera vez que son citados y deba reprogramarse.

Los procesos penales tienen como especial particularidad que todas las partes -Fiscalía, defensa de las víctimas y de acusados- deben estar presentes durante todas las audiencias. También están obligados a comparecer todos los acusados.

Era usual que, en etapas anteriores, algunos profesionales (por ejemplo, defensores de acusados), suplieran a otros que se ausentaban. Sin embargo, ahora que comienza el juicio y debe entrarse a debatir el fondo del asunto, es esencial que todos estén presentes. Pese a eso, los abogados deberán destinar horas a presenciar debates sobre cuestiones que no influyen en sus clientes (tanto víctimas como victimarios). Pero lo cierto es que no saben si, a partir de un caso que les es extraño, puede surgir un debate jurídico que les termine influyendo en su causa.

Foto: Estefanía Leal

Hay 11 hombres sometidos a juicio. Uno de ellos es un exjuez de menores de larga trayectoria penal. Pero también en la lista se encuentra un comerciante, un playboy, un director de un colegio de Punta del Este, un empresario argentino y otro brasileño, y un docente de la Universidad de la República. Hay siete víctimas y al menos dos tenían 13 años cuando fueron contactadas por adultos en páginas de citas para mantener relaciones sexuales a cambio de dinero, según la Fiscalía. El modus operandi, de acuerdo al Ministerio Público, era ofrecerles dinero o lujos a menores para que tuvieran relaciones con ellos. Los abogados defensores, por su parte, han argumentado que las menores montaron una trama para “engañar viejos” y que sus clientes desconocían sus edades, entre otros motivos, porque procuraban ocultarlo.

El juez penal que fallará en la causa de la Operación Océano participó de otras causas de resonancia pública. Por ejemplo, fue el magistrado que imputó -a pedido de la fiscal Gabriela Fossati- al presidente del gremio de funcionarios de OSE, Federico Kreimerman, por presuntamente haber tirado una bomba de humo dentro del edificio de la institución en medio de una protesta. Asimismo, bajo el Código del Proceso Penal anterior, procesó a ocho funcionarios de Friopan por presuntos delitos de daños durante la ocupación de la planta en 2019. Los daños excedieron los $ 9 millones.