TRAMA DE EXPLOTACIÓN SEXUAL

Retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo. Ese es el delito que al día de hoy tiene a 33 personas enjuiciadas y 20 víctimas.

Pero la denominada Operación Océano no solo investiga esa ilicitud. Según indicaron a El País fuentes cercanas a la investigación, uno de los imputados también comenzó a ser investigado por un delito de abuso sexual. Es decir que la Fiscalía podrá ampliar la formalización contra esta persona y llevarlo a juicio también por este último delito.

Si bien todos los imputados han sido formalizados por retribución o promesa de retribución, “existen ramificaciones en los delitos”, confió una fuente judicial a El País. Algunos “seguramente tengan otros delitos más y se podría solicitar una ampliación de la formalización”, detalló otra fuente cercana a la investigación.

Ayer, la “Operación Océano” tuvo una nueva instancia judicial donde participaron la fiscal que investiga el caso, Darviña Viera, y ocho abogados que representan a varios de los imputados. Alejandro Balbi, defensor de varios de los imputados, indicó a El País tras la audiencia que solicitaron tener acceso a los celulares, a las redes sociales y a las páginas web usadas por las víctimas. La jueza Adriana de los Santos hizo lugar al pedido.

“Lo más importante hoy fue que se va a pedir información, como corresponde, a todas las páginas web, las redes sociales, para saber cómo estas chicas pudieron registrarse cuando son plataformas para mayores; incluso hay algunas que son pagas, no son gratuitas”, destacó Balbi.

Durante la audiencia los abogados defensores dijeron que si bien la fiscal del caso había anunciado en reiteradas ocasiones que se les había entregado toda la información necesaria, eso no era así. “Dijimos que eso no era ajustado a la realidad y que las defensas seguimos rengas, seguimos con los brazos atados”, agregó Balbi.

El objetivo de los abogados para acceder a la información es contar con la mayor cantidad de datos posibles que sirvan a la hora de presentar una defensa, explicó Balbi y ejemplificó: “Yo, como abogado de mis patrocinados, no tuve acceso al celular de la principal víctima. Simplemente tuve acceso a fragmentos de conversaciones que tuvo ella con alguno de mis clientes, lo que me dio la Fiscalía, lo que seleccionó, pero yo como abogado defensor tengo derecho a acceder a todo para sacar lo que a mí me conviene como abogado defensor”.

Fuentes de la Fiscalía relataron a El País que los abogados solicitaron a la jueza Adriana de los Santos acceder a la información de las cuentas bancarias de las víctimas. La magistrada no hizo lugar a ese pedido, por lo cual los defensores apelarán.

Por otro lado, los abogados solicitaron tener información sobre la principal víctima de la causa, lo cual sí fue concedido por la jueza De los Santos. La Fiscalía no está de acuerdo ya que considera que podría haber una revictimización, por lo cual apelará la decisión de la magistrada.