FALLO DE LA JUSTICIA DE FAMILIA

Once años de vida le alcanzaron para unos cuantos tropezones. En su compleja trayectoria caracterizada por una fragilidad familiar, la contención no fue suficiente y el Estado falló en remediarlo, al menos por ahora.

A los 11 años se dio el peor de sus tropezones, el que lo convirtió en noticia: una rapiña a una carnicería. Las imágenes del comercio ubicado en Cerrito de la Victoria lo muestran armado y apuntando a una empleada para asaltar el lugar.

El video circuló tan rápido como la indignación por ver a un niño, junto a dos mayores, cometer una rapiña. La Policía rápidamente reunió información y fue atando los cabos sueltos hasta identificarlo.

Su madre, sabiendo que lo buscaban intensamente,lo llevó el domingo de noche a la base de la Zona Operacional III de la Jefatura de Policía de Montevideo para que, luego, un juez de Familia decidiera sobre su destino: otra vez al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

El primer acercamiento del niño al organismo había sido en julio de 2019, a sus nueve años. Según fuentes del organismo, en ese momento se realizó una breve intervención de atención familiar con un equipo interdisciplinario territorial tras haber detectado alguna dificultad en su hogar.

Un año después, en octubre de 2020, fue derivado de urgencia por una presunta vulneración de derechos e ingresó a Andariego, un hogar de amparo de 24 horas. Pero estuvo poco tiempo. Quince días más tarde lo trasladaron a un centro de ingreso de varones, donde residió una semana y lo volvieron a cambiar, esta vez al hogar Bilu. Allí permaneció un mes.

Al niño le costó adaptarse a los internados por los que pasó. Por eso, desde noviembre de 2020 el INAU adoptó una nueva estrategia con él para protegerlo: atenderlo en su barrio, en un club de niños. El objetivo era cubrir la necesidad de darle actividades productivas que ocuparan su tiempo libre.

Sin embargo, esa última iniciativa tampoco funcionó, y el niño terminó generando contactos que lo llevaron a la delincuencia.

Ayer, al declarar ante el magistrado letrado de Familia Especializado de 6º Turno, Juvenal Javier, el niño dijo que había sufrido malos tratos en uno de sus pasajes en el INAU. Ante esto el magistrado decidió remitir sus declaraciones a la Fiscalía General de la Nación para que investigue, en 48 horas, si hubo omisión de algún funcionario en denunciar un delito.

Por otra parte, Javier determinó que el niño, que según los investigadores policiales habría participado en dos rapiñas en la zona del Cerrito de la Victoria el pasado 15 de abril, sea internado provisoriamente en dependencias del INAU. Ayer ingresó al centro Tribal, según pudo saber El País.

En “forma urgente” el juez de Familia también dispuso que se inicie un tratamiento de desintoxicación a raíz de su “consumo problemático” de drogas. El mismo deberá ser coordinado entre el INAU y el Hospital Pereira Rossell.

El juez determinó que el INAU tome contacto con los abuelos maternos del niño para determinar si podrían hacerse cargo de él una vez que el tratamiento sobre su consumo de drogas esté avanzado.

Desde el Poder Judicial recordaron que un niño de 11 años no puede “ser alcanzado por las consecuencias del denominado proceso penal juvenil”, ya que este se aplica a infractores que tienen entre 13 y 18 años. En este caso, la Justicia debe tratarlo como un “niño con derechos vulnerados” y por eso actuó el Juzgado de Familia.

Otra de las disposiciones que resolvió el magistrado Javier fue que el niño debe mantener el vínculo con sus hermanas, “sin perjuicio del resto del núcleo familiar”.