Mujer fue condenada por comprar autos e inmuebles por más de US$ 140.000: dijo que tenía "ahorros personales"

Redacción El País
La Fiscalía especializada en delitos de lavado de activos obtuvo la condena de una mujer por un delito de lavado de activos en la modalidad de ocultamiento, como resultado de una investigación que reveló la compra de vehículos e inmuebles financiados con dinero ilícito. El acuerdo, tramitado mediante proceso abreviado, fijó una pena de 16 meses de prisión, que será cumplida bajo el régimen de libertad a prueba.

La indagatoria, dirigida por el fiscal Enrique Rodríguez junto a los fiscales adscriptos Federico Rodríguez y Andrea Graña, se originó a partir de una línea de trabajo abierta por la Fiscalía de Estupefacientes de 2° turno. Esa pesquisa permitió identificar movimientos económicos y patrimoniales realizados por la pareja de la ahora condenada, un hombre con antecedentes por rapiña especialmente agravada con arma de fuego, asociación para delinquir, atentado agravado y porte de armas, entre otros delitos. El individuo había recuperado la libertad a fines de 2022 tras participar en el robo de una importante suma de dinero de un cajero automático del BROU.

Según la acusación fiscal, la mujer y su pareja realizaron múltiples operaciones vinculadas a la compra y venta de vehículos de alto valor, así como la adquisición de bienes inmuebles, pese a no contar con ingresos declarados ante organismos tributarios o previsionales. Entre los bienes identificados figuran automóviles valuados entre US$ 24.000 y US$ 46.000, además de dos propiedades: una en Ciudad de la Costa por US$ 110.000 y otra en Guazuvirá, por US$ 32.000.

La condenada declaró que el origen del dinero provenía de “ahorros personales” generados por la venta informal de ropa. Para la Fiscalía, esa explicación resultó incompatible con las cifras manejadas y constituyó un intento de ocultar la verdadera procedencia de los fondos, que fueron calificados como ilícitos. El Ministerio Público determinó que la mujer actuó como testaferro y encubrió la real propiedad de los bienes.

Foto: Estefanía Leal

Durante la audiencia, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 1° Turno formalizó la investigación y homologó el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa. Además de la pena, la sentencia fijó una serie de obligaciones: residir en un domicilio controlable por la Dirección Nacional de Monitoreo (Dinama), someterse a su vigilancia, presentarse semanalmente en la seccional policial y cumplir dos horas de servicios comunitarios por semana durante cinco meses.

El fallo también dispuso el decomiso de los dos inmuebles adquiridos, que quedaron a disposición de la Junta Nacional de Drogas (JND), en el marco de las medidas patrimoniales aplicadas a bienes vinculados al crimen organizado.