Eduardo Ache, expresidente de Nacional y hoy asesor en economía de Cabildo Abierto, es indagado por la Fiscalía de Perú por presunto lavado de activos y blanqueo de capitales, informó la radio M24 y confirmó El País con fuentes del caso.
Se trata del inicio de una indagatoria penal que apunta contra Ache, quien aún no fue imputado por la Fiscalía peruana ni tampoco ha sido citado a declarar, indicaron a El País fuentes de la defensa del economista.
La investigación de la que Ache formaría parte integra la megacausa conocida como Lava Jato, que se ha centrado en los últimos años en Perú y Brasil -entre otros países- en la revelación de una red de corrupción que involucra a actores empresariales de la construcción y políticos de primer nivel.
Lo que ocurrió, en definitiva, es la comunicación del inicio de una investigación penal que, de acuerdo al sistema procesal peruano, no exige que el indagado se encuentre en el país -Ache, de hecho, está en Uruguay- y no ha implicado tampoco ninguna coordinación con organismos uruguayos, como el Poder Judicial, la Cancillería o el propio Ministerio Público, de acuerdo a un sondeo que realizó El País.
La defensa de Ache, que en Uruguay está encabezada por el penalista Gustavo Bordes, entiende que la Fiscalía de Perú incurrió en errores, lo cual “será explicado” en su debido momento, adelantaron.
El economista también designó a un equipo de abogados en Lima, que siguen de cerca la evolución del caso y avisarán si Ache tiene que comparecer, así sea “telepáticamente”.
Lava Jato
La operación Lava Jato comenzó por azar en una gasolinera que blanqueaba dinero, pero a medida que las autoridades fueron tirando del hilo de la madeja destaparon un complejo engranaje de corrupción de dimensiones continentales.
La investigación se inició el 17 de marzo de 2014 y pronto se convirtió en un gigantesco escándalo que salpicó de lleno algunas de las más importantes empresas de Brasil, entre ellas la petrolera estatal Petrobras y el imperio Odebrecht.
La operación Lava Jato abrió la caja de Pandora de una gigantesca red de corrupción en Brasil y sus hallazgos condujeron a prisión a poderosos ejecutivos y políticos.
En los siete años en los que estuvo vigente la operación fueron llevadas a cabo 1.450 órdenes de allanamiento, 211 conducciones coercitivas, 132 mandatos de prisión preventiva y 163 de arresto temporal.