El empresario Alegre Sasson Chebi, fue condenado a una pena de 12 meses de libertad a prueba por un delito continuado de estafa en la comercialización de productos Valentino, y varias violaciones a la Ley de marcas por vender mercadería falsificada de la firma Adidas.
Tras alcanzar un acuerdo abreviado con la fiscal Sandra Fleitas, en el que admitió su culpabilidad, Sasson Chebi fue condenado por el juez Alejandro Asteggiante a realizar tareas comunitarias una vez por mes durante cuatro meses, y a cumplir arresto diurno desde las 06:00 de la mañana a 12 del mediodía por seis meses.
En un principio, Fleitas había acusado a Sasson Cehbi de utilizar un mecanismo para ingresar desde China mercadería que imitaba marcas y diseños de Valentino S.A. y Adidas AG, con el objetivo de venderla posteriormente en Uruguay como si se tratara de productos auténticos.
La Fiscalía también indicó que el empresario tenía registrada ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) la denominación “valentino” en minúscula, pero empleaba la palabra “VALENTINO” en mayúsculas y con una tipografía semejante a la utilizada por la reconocida marca internacional.
A esto se agregaban, según la acusación, diseños prácticamente idénticos y declaraciones de compradores que aseguraron haber adquirido los artículos creyendo que eran originales.
En el caso de la comercialización de productos Valentino, la Justica entendió que en la medida que el empresario tenía una grifa registrada en Uruguay, no incurrió en ningún delito previsto en la Ley de Marcas, como la falsificación de un producto.
Sin embargo, consideró que Sasson Chebi incurrió en este caso en el delito de estafa, porque utilizó esos productos para “engañar” a sus clientes, no aclarándoles que no le estaba vendiendo un producto de la marca Italiana.
En el caso de Adidas, la justicia condenó a Sasson Chebi por violaciones a la Ley de Marcas en la medida que importó vestimenta falsa con tres tiras en las mangas, que la marca Adidas tiene registradas como propias.
Durante la audiencia, el abogado del empresario, Gumer Pérez, señaló que hubo “irregularidades” en la investigación y que su cliente quiso ir a un proceso abreviado porque entendió que “era la forma de evitar” que la causa se siguiera prologando en el tiempo.
Además, sostuvo que fue una forma de “contener daños y efectos patrimoniales y familiares” sobre su clientes, ya que estaba la posibilidad de que la investigación continuara con la indagatoria de las hijas del empresario, que tienen acciones en la empresa indagada, Pranabest S.A.
La causa comenzó el 18 de agosto de 2025, cuando Aduanas retuvo un contenedor importado por Pranabest S.A. Posteriormente se realizaron allanamientos en los locales de la empresa y se incautó más mercadería.
El estudio de propiedad intelectual Vanrell representó a la firma Valentino Spa, y el bufete Cervieri Monsuárez, a Adidas.
En febrero, además de disponer la formalización, el juez ordenó que el empresario fijara domicilio, entregara su pasaporte y no saliera del país sin autorización judicial durante 180 días.
Pranabest anunció un reclamo de US$ 9,6 millones
En paralelo a la causa penal, Pranabest S.A. anunció que presentaría una demanda civil por US$ 9,6 millones contra Valentino S.p.A. y sus representantes en Uruguay por los perjuicios que, según sostiene, le provocaron la denuncia, la incautación de mercadería y las restricciones impuestas a sus locales.
Las partes comparecieron el 25 de febrero ante la jueza de Conciliación de 1er Turno, Sylvia Castelli, pero no alcanzaron un acuerdo. Al concluir esa instancia previa, Pranabest quedó habilitada para presentar la demanda civil.
La empresa uruguaya atribuyó el reclamo a daños económicos y reputacionales, lucro cesante y pérdida de oportunidades comerciales. De acuerdo con el acta de la audiencia, los US$ 9,6 millones coincidían con el valor que la propia Valentino S.p.A. había asignado a la mercadería incautada.
Los representantes de Pranabest alegaron que la firma italiana no tenía su marca registrada y que presentó inicialmente la denuncia con un poder vencido. También afirmaron que el procedimiento provocó el cierre de comercios y afectó a más de 50 trabajadores.
Valentino S.p.A. rechazó el reclamo y sostuvo que cualquier perjuicio sufrido por Pranabest fue "consecuencia de su propio accionar". Sus representantes también negaron haber utilizado la denuncia penal como mecanismo de presión para adquirir las marcas registradas en Uruguay.