Jueces denuncian persecución a una magistrada de parte de la familia de un condenado por delitos en dictadura

Redacción El País
La Asociación de Magistrados emitió un comunicado este jueves en el que manifiestan que una jueza está siendo víctima de "acoso personal y familiar" de parte de la familia de un condenado por delitos en dictadura.

Los jueces expresaron así su preocupación por la existencia de una "investigación a la vida privada de una jueza y la de su familia", que, confirmó El País con fuentes de la asociación, se trata de la magistrada María Merlo, que fue acusada por el hijo de Francisco Macalusso -militar condenado por delitos en dictadura- de haber actuado con "sesgo político".

Ante esta denuncia, basada en una investigación a las redes sociales de la jueza y de su familia, la Suprema Corte de Justicia le inició un sumario a la magistrada -con una única negativa, la de la presidenta Elena Martínez Rasso-.

Esta medida alertó al gremio, ya que sostienen que Merlo mantiene sus redes sociales en privado y bajo otro nombre y que la acusación en su contra es en base a publicaciones con contenido político compartido únicamente por sus familiares (incluidos su hijo, hermano, sobrina y su madre fallecida), quienes en realidad "no se encuentran alcanzados por ninguna incompatibilidad o prohibición establecidos por la Constitución de la República".

"Nos genera gran preocupación que la Suprema Corte de Justicia de curso a denuncias que violan la vida privada de una magistrada y la de su familia", expresa el comunicado de la asociación.

El denunciante de Merlo dijo, en su declaración, que logró dar con el perfil de la magistrada a través de los contactos amigos de esta, por lo que desde la asociación sospechan que alguien dentro del Poder Judicial puede haber colaborado en esta investigación privada. Ahora, la jueza iniciará una denuncia penal.

Merlo fue la jueza actuante en el caso de Francisco Macalusso y Rubens Dario Francia, dos militares retirados que fueron condenados por delitos de privación de libertad y torturas a una pena de 12 años y seis meses de penitenciaria. La sentencia fue apelada y confirmada en segunda instancia.