RECLAMO

Ciento doce jueces enviaron una nota a la comisión directiva de la Asociación de Magistrados del Uruguay para solicitar una asamblea extraordinaria con el objetivo de analizar el impuesto creado por el Parlamento para financiar el Fondo Coronavirus.

La creación del fondo, que contó con el apoyo de todos los partidos políticos, surgió como respuesta a los diversos costos que enfrentará el Estado para atender la emergencia sanitaria declarada tras la expansión del COVID-19 en Uruguay.

Los contribuyentes serán los funcionarios de la Administración Central, Poder Legislativo, Poder Judicial, organismos comprendidos en los artículos 220 y 221 de la Constitución de la República y de los Gobiernos Departamentales, entre otros.

Según fuentes judiciales, los magistrados que firmaron la nota se quejan de tres cuestiones: la base de cálculo -hay salarios que tendrán recortes que oscilan entre $ 30.000 y $ 50.000-; su posible inconstitucionalidad por gravar partidas otorgadas por el Poder Judicial -por ejemplo el alquiler para jueces que deben residir en el interior del país- y el tiempo de duración del impuesto -dos meses con posibilidad de extenderlo el Poder Ejecutivo por otros dos. “Los jueces estamos de acuerdo con el Fondo COVID-19. Sí creemos que es mucho lo que se nos descuenta”, dijo una jueza.