La pequeña niña comenzó asistir al jardín de educación inicial de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) en marzo de 2022. Durante todo ese mes cumplió un período de adaptación y desde abril concurrió en jornada completa de ocho horas. Le encantaba ir al centro y las maestras de AEBU calificaron su integración como muy buena, según consta en el expediente al que accedió El País de fuentes judiciales.

Todo cambió al llegar el 14 de noviembre pasado. Ese día la niña no quiso entrar a la guardería aferrándose fuertemente a las piernas de uno u otro padre. Era una conducta atípica pues aún después de alguna ausencia por enfermedad, siempre ingresó o se reintegró gustosa y feliz.

“Comenzamos a notar que, ante la presencia en la recepción de un funcionario, la niña cambiaba radicalmente de actitud al entrar a la escuelita”, expresa la denuncia presentada por los padres en el Juzgado de Familia de 17° Turno.

Hasta ese momento, el funcionario era un referente afectuoso y entraba de su mano.

A partir de ahí, la niña comenzó a rechazar al trabajador y luego extendió sus sentimientos hacia otras funcionarias de la guardería.

En la noche del 14 de noviembre, en ocasión que su madre le cambiaba los pañales, la niña brindó el nombre del funcionario y contó con su propio léxico lo que le ocurría.

Al día siguiente, antes del horario del jardín, los padres llevaron a la niña a su propia psicóloga, quien advirtió la gravedad del relato y aconsejó que realizaran un control pediátrico de urgencia, que no llevaran a la niña al jardín y que solicitaran una reunión urgente en AEBU manifestando la seriedad del asunto.

Por la tarde del 15 de noviembre, los padres llevaron a la niña un control pediátrico de urgencia en el Hospital Americano. La médica la revisó y estableció: “Diagnóstico primario: sospecha de abuso sexual” y “grado de certeza presuntivo”.

Dos días más tarde, el 17 de noviembre pasado, los padres se reunieron con dos autoridades de la guardería de AEBU.

“Luego de un intercambio sobre cuánto y lo que relató la niña, ambas (jerarcas) respondieron minimizando los hechos, respaldando la conducta del funcionario, aclarando que él no cambia pañales, que es de su confianza y que, además, nunca se queda solo con los niños”, sostiene el escrito.

En una segunda reunión, ambas partes tampoco se pusieron de acuerdo sobre el relato de lo sucedido.

A partir de ahí, los padres de la niña se contactaron con las abogadas Leticia Latorres, quien también es asesora jurídica del colectivo Mujeres de Negro, y Lucía Curbelo de la Cruz, para que redactaran una denuncia penal ante el Juzgado de Familia de 7° Turno.

El escrito señala que la guardería de AEBU incumplió con las formalidades del Mapa de Ruta dispuesto por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) sobre casos de presuntos abusos sexuales de niñas, niños y adolescentes.

“(La directora del centro) no cumplió con las formalidades y plazos del Mapa de Ruta. No confeccionó actas por escrito, no convocó audiencia a los denunciantes, no brindó traslado de los dichos del denunciado si es que se hubiere formalizado audiencia con este, no confeccionó denuncia alguna ante organismo público y no comunicó a la autoridad inmediata como ordena ANEP”, dice el documento.

En un primer fallo, la Justicia de Familia de 7° Turno resolvió prohibir el acercamiento del funcionario denunciado con la niña en un radio hasta que la Fiscalía comenzara a investigar.

Latorres y Curbelo de la Cruz, abogadas de los padres de la niña, señalaron a El País que la guardería de AEBU no actuó como lo esperado. “La directora del centro -dijo Latorres- desmereció el relato de la menor. Argumentó que ella podría estar mintiendo por una separación de los padres ocurrida hace un tiempo. Eso no tiene relevancia ninguna a tan corta edad de la menor”, afirmó.

Latorres consideró que el manejo que hizo la guardería de AEBU “no fue apropiado”, ya que derivó al funcionario denunciado a otro lugar donde tendrá contactos con más niños.

Curbelo de la Cruz, quien es colega del padre de la niña, afirmó que su defendido trató de mantener reuniones urgentes con AEBU. “El gremio bancario dilataba y minimizaba esas reuniones”, expresó.

Posteriormente, en uno de los encuentros con el padre de la niña, AEBU “tenía elaborado un relato de los hechos totalmente falaz”. “Decía que los padres estaban conformes con la actitud de AEBU y se comprometían a no realizar la denuncia penal. Además ofrecían pericias y encargarse ellos de los costos de las mismas”, dijo.

De la Cruz sostuvo que las directoras de la guardería “estaban acostumbradas” a convencer a los padres que habían pasado por una situación similar, porque “no manifestaban una conmoción” ante la gravedad de los hechos.

Por su parte, el secretario general de AEBU, Fernando Gambera, afirmó a El País que “es tristísima” la situación que enfrenta la pequeña niña y sus padres. “Pese a todo lo que correctamente decidimos hacer acá, esa niña es una víctima. Entiendo a los padres; no los juzgo”, afirmó el gremialista.

Gambera afirmó que sí se actuó de acuerdo al Mapa de Ruta de ANEP. “Se puso en conocimiento y se dio cuenta a Inspección de Primaria”, dijo.

También señaló que se realizó reuniones de apoyo para maestros y otros padres cuyos hijos concurren al jardín.