INVESTIGACIÓN

En 2019, un comisario de la Dirección Nacional de Identificación Civil pidió a su superior inmediato, el director José Luis Rondán, que una comisión técnica fortaleciera la normativa sobre expedientes de pasaportes uruguayos a extranjeros. Lo hizo luego de que se detectaran una serie de situaciones con documentos adulterados.

Un año más tarde, el 13 de marzo de 2020, el comisario envió un documento al director Rondán donde le informó en profundidad sobre problemas con la gestión de nacionalización de hijos de ciudadanos naturales de varias comunidades extranjeras, así como también respecto de nietos naturales de uruguayos. El comisario pidió a Rondán que la comisión técnica fortaleciera la normativa de expedición de pasaportes uruguayos a extranjeros en todos los casos.

Consultado por El País, Rondán confirmó que había sido informado del problema por sus subalternos.

“A la pareja (de rusos) que vino el otro día le pusimos a dos escoltas como precaución y luego llamamos a la Fiscalía y a Inteligencia para que los vengan a buscar”, señaló el jerarca de Identificación Civil, en referencia al hecho que dio pie a la investigación por la que fue detenido el excustodio del presidente Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano.

El jerarca afirmó que Identificación Civil presentó 60 denuncias contra personas que obtuvieron la ciudadanía uruguaya en base a documentos apócrifos. Esas fueron el resultado de una investigación realizada por la propia repartición policial: los funcionarios comenzaron a llamar a familiares de las personas que realizaron los trámites de ciudadanía.

“Mi abuelo fallecido no estuvo en Rusia”, fue una de las respuestas. Otra persona consultada señaló: “Ningún familiar nuestro viajó a ese país. No conocemos a ningún ruso”.

Ya en las primeras llamadas, los policías de Identificación Civil detectaron que estaban ante una maniobra delictiva e informaron a la Fiscalía.

Ese expediente comenzó en 2019 y fue cerrado en 2021. Sin embargo, ahora la fiscal Gabriela Fossati reabrió esa investigación, según dijo Rondán.

“Nosotros llamamos a los familiares de las personas que aparecían en las partidas para seguir el hilo del trámite. Se llamó a nietos”, explicó el jerarca.

Entre las 60 denuncias “habían algunas partidas elaboradas en forma muy burda. Otras estaban muy bien confeccionadas. Eso está todo en la Fiscalía. La maniobra comenzó en el gobierno anterior”.

¿Qué ventaja le otorga a un ruso poseer un ciudadanía y un pasaporte uruguayo? La respuesta de Rondán es categórica: “Es un documento muy fuerte (en el mundo). Por eso nosotros hemos hablado de fortalecerlo, darle mayor seguridad”.

Según el auto de procesamiento de Astesiano elaborado por la fiscal Fossati, en 2021 se recibió información por parte de la Asociación de Compatriotas Rusos en México (Soumex) en cuanto a que ciudadanos rusos estaban utilizando documentación uruguaya apócrifa.

Fossati consultó a organismos oficiales y constató múltiples movimientos de ingresos y egresos al país por parte de ciudadanos rusos en los registros de la Dirección Nacional de Migración. Los rusos se amparaban en la Ley 19.362 que permite a nietos de uruguayos obtener la ciudadanía de este país, gracias a las partidas falsas. Este tipo de maniobras también fue realizada por la organización que integraba Astesiano en el consulado de Uruguay en Rusia, según la fiscal.

Consultado por El País sobre si se hará un seguimiento de las ciudadanías obtenidas mediante documentos falsos, Rondán consideró que esta debía hacerse.

Y agregó que dispuso la realización de una investigación administrativa en Identificación Civil, para determinar si Astesiano pudo entrar o no en el sistema informático del organismo, como se señaló en la indagatoria.