La audiencia duró seis horas. Se trató de una puja entre dos derechos: mantener las identidades ocultas de las víctimas o afectar la defensa de una persona en un juzgado penal. Ayer primó en la sede la posición de no divulgar los nombres de las 11 personas que denunciaron al senador blanco Gustavo Penadés. Tal postura se basó citando normas nacionales e internacionales, dijeron participantes de la audiencia a El País.
Las fiscales de Delitos Sexuales, Alicia Ghione (titular) y las adjuntas María José Brisco y Mariana Betancor sostuvieron la postura de que se debía mantener ocultas las identidades de las víctimas para que puedan declarar libremente en audiencias previstas en breve. En la primera audiencia de declaración anticipada testificarán nueve denunciantes. Más adelante lo harán otros dos.
Ghione señaló a la jueza de 36° Turno, Marcela Vargas, que en el expediente solo están tachados los nombres y cualquier dato identificatorio de los denunciantes. Algunos de ellos, dijo, son mayores de edad, pero eran adolescentes cuando ocurrieron los hechos.
La fiscal también señaló que artículos del Código de Proceso Penal, las leyes de género y de trata de personas preservan las identidades de las víctimas.
En tanto, las defensas del senador Penadés y del profesor de Historia Sebastián Mauvezin, Javier Vega y Juan Carlos Fernández Lecchini, respectivamente, se opusieron.
“¿Cómo puedo ejercer la defensa de mi cliente si no conozco los nombres de los denunciantes? Eso es imposible”, dijo Fernández Lecchini en un tramo de su alegato. Posteriormente, los abogados de algunas víctimas, Juan Raúl Williman y Soledad Suárez, se plegaron a la posición de Fiscalía.
La jueza Vargas reconoció que se podría afectar en algo el derecho a la defensa si no se brindaban los nombres de las víctimas, pero advirtió que era más importante preservar esas identidades por seguridad. Es decir, la magistrada optó por resguardar a las víctimas ante una eventual indefensión de Penadés y de Mauvezin.
Ante esa decisión, Vega y Fernández Lecchini presentaron un recurso de apelación y un tribunal definirá si la Fiscalía deberá revelar o no las identidades de las 11 víctimas.
La jueza Vargas consideró que su decisión no suspendía el proceso. De todas formas, la magistrada esperará que se pronuncie el tribunal antes de ordenar la realización de las declaraciones anticipadas de las víctimas.
Gremial de abogados cuestiona afirmaciones
El 29 de mayo de este año, la Asociación de Abogados Penalistas anunció que denunciará a Soledad Suárez, abogada del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República (Udelar) y defensora de Romina Celeste Papasso y de otros cuatro denunciantes en el caso Penadés.
La gremial de abogados cuestionó afirmaciones de Suárez y de Papasso que ponían en duda la idoneidad moral del ex juez penal Juan Carlos Fernández Lecchini, profesional que defiende al profesor Sebastián Mauvezin. Para la asociación estos dichos pretenden “afectar la imagen” del abogado y “limitar ilegítimamente” su trabajo como defensor.
“Soy inocente”
Al finalizar la audiencia, el senador Penadés señaló en rueda de prensa: “Vuelvo a reiterar mi absoluta inocencia. Tengo la conciencia tranquila y esperemos que ello se pueda demostrar en la Justicia”.
Consultado acerca de si ahora faltan garantías para su defensa, Penadés lo negó. “Lo que sí la jueza reconoció, con la decisión que adoptó, que en las declaraciones anticipadas (de las víctimas) las cámaras Gessell estarán apagadas y las voces distorsionadas, se vulneran derechos de mi defensa”, sostuvo Penadés. Y expresó: “No conozco” a ninguno de los denunciantes. Y agregó que en el expediente “no figura” ningún dato sobre que exista peligro para las víctimas como para no develar sus identidades.
Penadés afirmó que, con ese tipo de procedimiento, se vulneran los derechos de su defensa. “Pero yo confío en la Justicia, confío en la jueza y entiendo que el tiempo va ir dando la posibilidad de conocer la trama que hay detrás de esto”.
Penadés también fue preguntado sobre por qué entiende que debe conocer los nombres de las víctimas. El senador blanco respondió con una interrogante: “Si usted es enjuiciado por alguien, ¿no debe saber quien lo está denunciando?”.
También señaló que en su momento hará una denuncia por difamación. “Lo que sí puedo decir que estoy tan tranquilo como el primer día y sigo insistiendo en mi inocencia”, reiteró el legislador.
Penadés precisó que no hay 11 personas que lo acusan de incurrir en supuestos delitos de promesas de retribución o retribución a menores para que ejecuten actos sexuales. “Hay 11 testimonios” en el expediente, explicó. Vega, en tanto, dijo que si no puede conocer quién denuncia “se estaría vulnerando el derecho de defensa”.
“Los chats para armar encuentros sexuales son falsos”
“Yo me siento totalmente desprotegido como ciudadano. Me siento hoy en un escarnio, mi vida social se ha arruinado por esta situación, por una acusación injusta”, afirmó ayer el profesor de Historia del Liceo Militar, Sebastián Mauvezin, señalado por víctimas como el “intermediario” de Gustavo Penadés. “Confío en la Justicia, estoy a disposición total y absoluta. Todo (de) lo que se me está acusando, todo lo que se está diciendo, es falso, y lo voy a demostrar”, dijo al salir de una audiencia.
Una fuente de Fiscalía señaló a El País tiempo atrás que las fiscales Alicia Ghione y María José Brisco cuentan como pruebas en la investigación del caso los testimonios de las víctimas, filmaciones y chats a través de las redes sociales. “Los chats (sobre contactos para encuentros sexuales de Penadés) son falsos, ya se está demostrando. Nunca tuve Instagram. La única red que tenía, Facebook, la suspendí”, dijo.
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