En un hecho inédito desde que se instauró el nuevo Código de Proceso Penal en 2017, un tercer fiscal asumirá en forma provisoria al frente de la Fiscalía de Corte. La fiscal especializada en Estupefacientes de 1° Turno, Mónica Ferrero, asumirá en las próximas horas a cubrir durante un mes al fiscal de Corte adjunto, Juan Gómez, internado por un problema de salud.

Desde que se estableció en Uruguay el nuevo sistema acusatorio -el fiscal investiga y acusa, los abogados defienden al imputado y las víctimas también cuentan con asesoría legal y el juez falla-, al frente de la Fiscalía estuvo Jorge Díaz durante más de nueve años.

Gómez, de 68 años, sustituyó a Díaz y asumió como fiscal de Corte adjunto el 20 de abril de 2021, tras alcanzar prestigio como el primer fiscal de Homicidios. Desde su asunción, Gómez no sacó licencias y enfrentó varios problemas de salud y una cirugía.

Cuando concurría a una comisión del Parlamento durante las instancias presupuestales, Gómez insistía en que los recursos de la Fiscalía General de la Nación eran escasos y advertía que había carencias de fiscales para enfrentar el cúmulo de delitos que ingresan al sistema por la implementación del Código de Proceso Penal.

En esas instancias, Gómez repetía que si se mantenía aún en el cargo como adjunto, se debía a que el sistema político no había podido alcanzar un acuerdo para lograr un sustituto. Y advertía: “Me puedo morir en cualquier momento”.

Obligado por su situación personal, Gómez pidió ahora licencia.

Fiscales consultados por El País señalaron que Ferrero tendrá poco margen para realizar cambios en la Fiscalía de la Nación, ya que suplantará a Gómez en plena Feria Judicial Mayor. Los informantes también expresaron que Ferrero tratará de administrar la institución y no adoptará medidas de gobierno.

Al mismo tiempo, las fuentes expresaron que, por una cuestión moral, Ferrero no cambiará el sistema de trabajo implementado por Gómez.

La necesidad de buscar un sustituto para Gómez comenzó a debatirse cuando se supo que el jerarca no tiene quién lo releve a la hora de, por ejemplo, resolver asuntos que involucren a su esposa e hija, ambas funcionarios de la Fiscalía.

En 2021, después de muchas idas y venidas, la coalición de gobierno y el Frente Amplio buscaron un acuerdo para el nombramiento de un nuevo fiscal de Corte, integrantes de la Suprema Corte de Justicia, la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas. En esas tratativas se manejaron como candidatos a la Fiscalía a Graciela Gatti, la entonces ministra del Tribunal de Apelaciones -hoy en un organismo internacional-; la fiscal Ferrero, la fiscal de Homicidios Mirta Morales y el entonces fiscal de Delitos Económicos de 1° Turno, Enrique Rodríguez, hoy en Lavado de Activos.

Las negociaciones no llegaron a buen puerto, entre acusaciones de intransigencia. El año pasado, en una ley donde se estableció el presupuesto para 2023, se definió que el fiscal de corte adjunto, Juan Gómez, podrá ser suplantado por los fiscales penales más antiguos, que son Ferrero y Enrique Rodríguez. Ello fue establecido en la Ley 20.075.

Según fiscales consultados, la falta de acuerdo en el sistema político tendrá efectos futuros. Cada gobierno, dijeron, elegirá de aquí en más a su fiscal de Corte, sin necesidad de contar con las mayorías especiales para modificar la Constitución de la República, ya que podrá definir la forma de elegirlo mediante una ley.

No solo Gómez se quejó sobre la necesidad de que el sistema político alcanzara un acuerdo para nombrar en forma definitiva a su sustituto.

Los fiscales consultados indicaron que ese es un gran debe del sistema político, ya que la Fiscalía General de la Nación posee un organismo de dirección unipersonal y no colegiada como el Tribunal de Cuentas o la Corte Electoral.

En un comunicado fechado el 23 de marzo de 2023, la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay reclamó al sistema político que “dotara” a la Fiscalía de recursos necesarios para el cumplimiento de sus cometidos y así “resolver definitivamente” los nombramientos pendientes, tanto a nivel de la jerarquía (Fiscalía de Corte) como del resto de los cargos vacantes.

La Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay, presidida por Juan Fagúndez, manifestó en comunicados que el fiscal de corte debía ser de la casa (un fiscal) y el más antiguo. Y cuestionó el sistema político, por no designar a un fiscal de corte titular en tres años.