La Justicia imputó este miércoles por un delito de homicidio culpable a una mujer de 58 años por el siniestro de tránsito en el que murió un joven de 20 años que trabajaba como delivery. El episodio ocurrió el pasado 1° de julio en La Barra, Maldonado.
El juez Juan Manuel Cabrera hizo lugar al pedido de la Fiscalía de Maldonado de 5to Turno, encabezada por Jorge Vaz y dispuso una serie de medidas cautelares por 120 días. La defensa de la conductora no se opuso a la solicitud fiscal.
Entre las medidas, el magistrado le prohibió conducir vehículos motorizados y ordenó la retención de su libreta de conducir. Sebastián Serrón Bon, abogado de la familia de la víctima, destacó en diálogo con El País la decisión de Fiscalía de solicitar ambas restricciones y dijo que es "novedosa".
La mujer también deberá fijar domicilio, tendrá que presentarse una vez por semana ante la Policía, se le retendrán los documentos de viaje y tendrá prohibido abandonar el país. Las medidas cautelares regirán hasta el 17 de diciembre, salvo que se adopte una nueva resolución.
“Para nosotros, hoy comienza la investigación”, señaló Serrón Bon a El País. El abogado aseguró que la familia continuará colaborando con la Fiscalía y apoyando su trabajo para alcanzar “la verdad de los hechos”.
El siniestro ocurrió sobre las 12:45 del primer día de julio en la intersección de las calles Víctor Haedo y Mattos Rodríguez, cerca del puente de La Barra. Allí chocaron un automóvil conducido por la mujer formalizada y una motocicleta en la que circulaba el joven.
El motociclista sufrió lesiones de gravedad tras golpearse la cabeza contra el cordón y murió en el lugar pese a la asistencia médica. La conductora del automóvil resultó ilesa.
La investigación procura determinar la mecánica del siniestro y las responsabilidades penales. La familia del joven sostiene que la conductora realizó una maniobra imprudente. Según su versión, habría intentado efectuar un giro en U y atravesado la trayectoria de la motocicleta.
Para respaldar esa hipótesis, se apoya en registros de cámaras de seguridad —a los que accedió El País— y en testimonios de personas que se encontraban en el lugar al momento del siniestro.
Serrón Bon ya había señalado públicamente, días después del episodio, que la carpeta de investigación contenía imágenes captadas por cámaras de la zona y testimonios que, a su entender, respaldaban la versión planteada por la familia.
El joven trabajaba como repartidor para un supermercado de Cerro Pelado mientras se encontraba en seguro de desempleo.
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