Por Joaquín Silva y Pamela Díaz
El caso Odebrecht es una de las causas de corrupción en América Latina más importantes del último tiempo y que ya lleva cerca de 10 años de investigación en diversos países con decenas de políticos y empresarios implicados, y entre ellos han figurado varios uruguayos. Tal es el caso de Eduardo Ache, expresidente de Nacional y hoy asesor en economía de Cabildo Abierto, cuyo nombre -como fue público en las últimas horas- está en el radar de la Fiscalía de Perú por su accionar al frente del Banco Privado de Andorra (BPA), rol en que lo habría involucrado en presunto lavado de activos en la modalidad de ocultamiento

La empresa Odebrecht S.A. (de origen brasileño) extendió sus actividades en 27 países y, durante 2001 y 2016, se “asoció ilícitamente y coludió con otros para facilitar, de manera corrupta, cientos de millones de dólares en pagos” a funcionarios, partidos políticos y a candidatos políticos extranjeros. Todo a cambio de “obtener un beneficio” e “influenciar con el fin de alcanzar y mantener negocios en diferentes países del mundo”, tal como está consignado en el dictamen de Formalización y continuación de investigación preparatoria emitido por el Ministerio Público peruano el pasado 27 de abril -al que accedió El País- y que especifica que, solo a funcionarios de este país, se destinaron unos US$ 29 millones de coimas para obra pública (ver recuadro).

Ahora bien, ¿qué grado de participación habría tenido Ache en esta trama de corrupción, de acuerdo a las conclusiones arribadas por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios? El de un “cómplice”, y desde su rol como presidente de la filial en Uruguay de la Banca Privada de Andorra, institución financiera que habría sido parte de los “paraísos fiscales e instituciones bancarias en países extranjeros” que facilitaban los “pagos ilícitos” en cuestión. Este banco contaba con la “asistencia de 15 trabajadores”, entre ellos Ache como presidente y Andrés “Betingo” Sanguinetti. Este último, fallecido en noviembre del año pasado, fue gestor de banca comercial y quien llegó a tener un rol definido como “clave en toda la operativa societaria elaborada y ejecutada con la finalidad de favorecer los actos de lavado de activos en más de 12 países de América Latina”, de acuerdo al documento firmado por la fiscal Norma Geovana Mori Gómez, y que además de Ache tiene como “imputados” a otras seis personas.

En concreto, al expresidente de Nacional se le imputa, a “título de cómplice, la presunta comisión del delito de lavado de activos en la modalidad de ocultamiento, con la circunstancia de agente bancario”.

La Fiscalía de Perú determinó que, durante 2007 a 2009, Ache “habría viabilizado, aprobado y favorecido operaciones financieras de dinero no contabilizado que ingresaba a la cuenta Klienfeld Services Ltda, encubriéndolas con entramados societarios, operativas complejas y contratos ficticios con la finalidad de ocultar la identificación de su origen, incautación y decomiso”.

Y se afirma que toda la operativa se llevó adelante con “conocimiento, control y aprobación de los altos ejecutivos” de BPA, entre los que está Ache.

Asimismo, más adelante en el dictamen -un documento que contiene 93 páginas-, se indica que los ejecutivos, “teniendo pleno conocimiento del origen de los fondos de Odebrecht, permitieron que (estos) sean depositados en las cuentas del banco y a su vez sea distribuido entre los diferentes clientes presentados por la constructora, a cambio de grandes comisiones”. También señala que “habría favorecido la aprobación de la apertura de cuentas bancarias” vinculadas a “funcionarios peruanos que recibieron activos ilícitos a través de estas cuentas, con la finalidad de ocultar su origen, incautación y decomiso”.

La defensa de Ache, encabezada en Uruguay por el penalista Gustavo Bordes, al momento estudia esta formulación fiscal pero desde ya cuestiona la imputación (ver recuadro).