SUMARIO AL FISCAL DE DELITOS SEXUALES

Ayer comenzó el sumario al fiscal de Delitos Sexuales, Raúl Iglesias, dispuesto por el fiscal de Corte, Juan Gómez, por el archivo en 20 días de 300 denuncias de delitos sexuales realizadas en 2019, 2020 y 2021.

La resolución del sumario, al que accedió El País, advierte que la medida se debió a que, por un lado, Iglesias archivó 299 casos de delitos sexuales entre el 9 y el 31 de mayo de este año, según el informe que realizó el Departamento de Políticas Públicas de Fiscalía. Y, segundo, a que el fiscal fue denunciado por el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho “por reiterados incumplimientos de deberes en la investigación” del caso de una presunta violación grupal en el barrio de Cordón.

Iglesias declaró ayer durante más de cuatro horas ante la abogada sumariante de la Fiscalía de la Nación sobre su decisión de archivar causas que involucraban delitos sexuales.

Al finalizar la instancia, el abogado de Iglesias, Marcos Pacheco, dijo a El País que el fiscal hizo sus descargos y ofreció pruebas de sus dichos a la funcionaria sumariante.

Pacheco no quiso dar más detalles de las declaraciones de Iglesias ante la sumariante alegando que el expediente es reservado. “La abogada sumariante insistió en ese punto, ya que el asunto involucra a una víctima”, remarcó Pacheco.

De todas formas, el profesional consideró que la separación del cargo al fiscal Iglesias fue una medida “excesiva” adoptada por el fiscal de Corte, Juan Gómez, puesto que su representado en ningún momento puede obstaculizar la investigación sumarial.

“No ameritaba la separación del cargo. Se podía haber llevado adelante el sumario trasladando a Iglesias a otra Fiscalía”, insistió Pacheco.

El abogado presentó un recurso de revocación contra la decisión del fiscal Gómez, por haber resuelto el sumario con una retención del 50% de los haberes.

Pacheco también presentó un recurso jerárquico. Si el recurso de revocación es desestimado en la Fiscalía, entonces el expediente se elevará al Poder Ejecutivo.

Enseguida agregó: “Han habido casos graves en la Fiscalía y nunca se sancionó a un fiscal con la suspensión del cargo y la retención de haberes. Apelamos al fiscal interino Juan Gómez a que reconsidere la medida y que Iglesias vuelva a su cargo en otra fiscalía. Solo se ha puesto el foco en él; se está politizando un tema que no puede ser político. Eso no queremos”. Además, recordó que, en sus declaraciones, Iglesias siempre resguardó la identidad de las víctimas. “Nunca se refirió a un caso concreto”, insistió Pacheco.

Agregó que el fiscal Iglesias se expidió sobre los archivos de esas denuncias, porque “no tenía pruebas” para continuar investigando.

Enseguida solicitó a la abogada sumariante que actúe en forma rápida, ya que en un recurso de revocación tiene 150 días para expedirse y en un sumario, seis meses.

El 29 de mayo pasado, en una entrevista concedida a El País, Iglesias dijo que cuando asumió en la Fiscalía de Delitos Sexuales encontró la sede “desbordada” de casos.

“Porque el sistema está saturado o en colapso. Un fiscal no puede atender 900 causas al mismo tiempo. Era algo imposible para el equipo de (su antecesora, Silvia) Lovesio y para cualquier fiscal”, explicó.

Iglesias dijo que, junto con su equipo, hizo lo mismo que cuando asumió en la Fiscalía de Violencia Doméstica en diciembre de 2020, donde habían allí 1.400 casos. “Aquí, en la Fiscalía de Delitos Sexuales, dijimos: vamos a hacer una depuración y una priorización. Siempre salvaguardando que las personas, víctimas o denunciantes que no estén de acuerdo con el archivo de sus causas, pueden ir al Poder Judicial y solicitar el reexamen del caso”, sostuvo.

El 24 de mayo pasado, el fiscal Gómez relató a Radio Carve las razones que lo llevaron a pedir informes y luego sumariar al fiscal Iglesias.

“Tomamos las medidas que entendimos pertinentes para averiguar determinados supuestos de los que se hace mención”, dijo Gómez en alusión a los dichos de Iglesias de que había resuelto el archivo de 300 casos referidos a delitos sexuales. De todas formas, el jerarca sostuvo que el planteo realizado por la defensa de la víctima de la violación del Cordón, Juan Raúl Williman, le generaba inquietud. Este abogado integra el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho.

Según Gómez, la presentación de la defensa de la víctima le preocupaba por “el profundo apego que tenemos como fiscales” a situaciones de personas víctimas de conductas delictivas”. Y agregó: “No soy un apresurado en estos temas, pero tampoco los dejo pasar sin considerarlos”.

Ese mismo día, Gómez recibió a representantes de la intersocial feminista ante el archivo de las denuncias por parte del fiscal Iglesias. Y luego del encuentro, la integrante de la agrupación, Andrea Tuana, dijo: “Nos preocupa profundamente primero saber si se les informó a cada una de esas víctimas que su causa había sido archivada (y) la razón por la cual había sido archivada”. Luego remarcó: “Cuando vos archivás 300 denuncias algún problema tenés tú como investigador, porque los delitos sexuales sabemos que son difíciles de probar”, pero “justamente por eso tiene que ser personal especializado que sepa tomar las pruebas, buscar, investigar”.

Apenas se supo que el fiscal Raúl Iglesias había sido denunciado por el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho en representación de una víctima de una violación en el Cordón, el caso se transformó en un asunto político a fines de mayo de este año.

El presidente Luis Lacalle Pou expresó que el entredicho entre el fiscal de Corte, Juan Gómez, y el fiscal Raúl Iglesias era una cuestión delicada.

“Es un tema muy sensible, porque (la Fiscalía) es el actor principal del sistema judicial”. El mandatario resaltó la necesidad de “respetar la separación de poderes”, y señaló que las cosas irán bien “cuanto más técnica sea la discusión”.

Por su parte, la vicepresidente de la República, Beatriz Argimón, afirmó: “La cifra (de archivos de casos sexuales) llama la atención”. Y a su vez sostuvo que le parece “muy bueno” que se informe correctamente a la opinión pública porque es un tema de alta sensibilidad, donde todos saben lo que implica para una víctima llegar a dar el paso y realizar una denuncia.

El senador cabildante Guillermo Domenech, en tanto, respaldó a Iglesias. “Apoyo al fiscal que aplica el Derecho y la Justicia, negándose a ‘cobrar al grito’, como pretenden los partidarios de la ideología de género que desean una Justicia flechada al servicio de una doctrina extravagante y maligna”, tuiteó el presidente de Cabildo Abierto.

De la misma manera, la Asociación de Abogados Penalistas manifestó su apoyo a Iglesias a través de una carta que envió a Gómez.

En el documento expresaron su “preocupación” ante acciones “adoptadas por distintas organizaciones, grupos de presión u operadores que habrían sido admitidas por la Fiscalía General” y “podrían constituir una indebida afectación de la independencia técnica” de los fiscales. De acuerdo a la Asociación, “los cuestionamientos a la labor del fiscal corresponde que sean formulados por las vías legales”.