Redacción El País
El empresario Fernando Cristino se presentó este miércoles ante la jueza de Conciliación Sylvia Castelli a fin de llegar a un acuerdo con el Ministerio del Interior, Fiscalía y la Suprema Corte de Justicia a raíz de una imputación que data de 2020, cuando Cristino agredió al empleado de un hotel en Montevideo.

Cristino alegó en la audiencia de conciliación que tras su detención fue "maltratado por personal policial de la seccional 10° de Montevideo" a pesar de que "estaba transitando una patología psiquiátrica, producto de la hipomanía que padecía".

Según el documento presentado por Rafael Silva, abogado de Cristino, al que tuvo acceso El País, el acuerdo abreviado propuesto por Fiscalía en ese momento fue improcedente ya que el empresario no estaba "en su plenitud desde el punto de vista psíquico, esto es, en estado de incapacidad absoluta".

"A raíz y consecuencia de los hechos antes redactados, el Sr. Fernando Cristino, quien se dedica a la organización y producción de eventos, representación de artistas y modelos a nivel nacional e internacional, conducción de programas de radio televisión, presentador público y representante de Relaciones Públicas de diferentes empresas a nivel nacional, ha sufrido múltiples daños a nivel laboral, empresarial y personal que le han imposibilitado el ejercicio común de su profesión", agrega la defensa.

"Por consiguiente, tanto la Fiscalía General de la Nación por los hechos de sus dependientes, el Ministerio del Interior por las acciones de su personal policial, y el Poder Judicial en la persona de la jueza mencionada (Dra. Marcela Vargas), cometieron errores inexcusables al momento de la detención, formalización y posterior homologación del acuerdo abreviado con una persona que no era capaz de apreciar la ilicitud o o de sus actos a la fecha de los incidentes, la cual, si bien no fue con pena de prisión, tuvo consecuencias en su vida de innegable reconocimiento, generando también daño al honor y lucro cesante", prosigue la defensa de Cristino.

Para el empresario, la indemnización ascendería a US$ 150.000; US$ 100.000 por "daño moral" y US$ 50.000 por "lucro cesante".

Los representantes legales del Ministerio del Interior, Fiscalía y SCJ alegaron que desconocen y rechazan la reclamación en todos sus términos.

Tras lo declarado, y quedando archivada la citación, Cristino apuntó que si se rechazaban las condiciones estaría dispuesto a ir a Juicio contra los tres organismos.