Redacción El País
Tras la audiencia de este jueves, en la que se confirmó que Gustavo Penadés y Sebastián Mauvezín deben permanecer en prisión preventiva, familiares y amigos de los imputados difundieron una carta para manifestar su "descontento, angustia, dolor, desconfianza y desamparo judicial".
Este jueves, la jueza Marcela Vargas rechazó el pedido de la defensa del exlegislador de que se le concediese el arresto domiciliario y explicó que su decisión tiene “un fundamento pragmático”, ya que está convencida de que, como ocurrió anteriormente, el tribunal revocaría una eventual decisión suya que le diera a los imputados la prisión domiciliaria. Eso supondría una “conmoción social” indeseable, señaló.
Esto, para los familiares y amigos de los imputados, "es desolador". "Es inaceptable que un Juez justifique su decisión en base a eso; con esto no queremos cuestionar a la juez, sino al sistema que provoca que esta sea su decisión, al equipo fiscal por imponer una sentencia adelantada, y una prejuzgación de culpabilidad a la sociedad, a los medios, y a la justicia", señala el texto al que accedió El País.
La carta prosigue denunciando "los términos en que se dan las audiencias" como "inaceptables y vergonzosos". Los firmantes señalan como "llamativo" el involucramiento de la fiscal Alicia Ghione en la causa y sugieren que deberían investigarse "los rumores sobre un vínculo entre uno de los denunciantes y la fiscal".
"La indefensión de Sebastián y Gustavo es increíblemente notoria", continúa el texto. "Desde no conocer quienes los denuncian, no poder tener una medida cautelar menos gravosa, incluso cuando la señora juez declara estar a favor de la prisión domiciliaria pero no la otorga por 'presión social', donde el celular incautado de Gustavo envió mensajes estando bajo custodia, donde la familia sufrió agravios, e incluso persecuciones por parte de uno de los denunciantes, donde la fiscalía no entrega todo el material que tiene, oculta pruebas, encubre delitos de los denunciantes y omite denunciarlos. Donde el consultorio jurídico defiende personas de las cuales desconfía (dicho por ellos); donde Sebastián es atado a Penadés cuasi ancla, y es sometido a decisiones sin incluso justificación", agrega.
Los allegados a los imputados dicen que el cometido de la carta es buscar "una mirada imparcial, una mirada objetiva y racional, una mirada que pueda ver que una decisión judicial no puede estar basada en que una posibilidad es que el tribunal revoque la decisión y se genere una 'conmoción social'" y esperan que el Tribunal de Apelaciones también adopte una mirada imparcial al revisar las medidas cautelares.
"Verdaderamente, queremos que la sociedad entienda que esto marca un antes y después en la historia del Uruguay, que entiendan que hoy cualquiera puede ser denunciado, marginalizado, sometido a escarnio, penado, e incluso con un testimonio falso. Que hoy la Justicia coloca en estado de indefensión a quien es denunciado, haciendo que quien tiene que probar que no es quien se le acusa es el mismo denunciado, y no quien realiza la denuncia. Solo pedimos que se respete el debido proceso, que se restituya la presunción de inocencia, y que se reconozca que este proceso no puede continuar en los términos actuales", culmina la carta.
Penadés está imputado por múltiples delitos sexuales y Mauvezín por asistencia a la explotación sexual de menores. Las defensas de ambos imputados ya apelaron la decisión de Vargas.