Empresario estuvo preso en Brasil, fue extraditado y ahora demandará al Estado por más de US$ 100.000 tras ser absuelto

La Fiscalía solicitó 27 años de prisión para un empresario del rubro automotor acusado de colaborar en una rapiña con desenlace fatal en Rivera. Sin embargo, tanto el juez de la causa como el tribunal de apelaciones desestimaron la acusación por falta de pruebas suficientes. Tras haber permanecido en prisión preventiva en Brasil y posteriormente en Uruguay tras su extradición, el hombre ha quedado en libertad y sus abogados preparan ahora una demanda contra el Estado por US$ 103.831.

El hecho ocurrió en la madrugada del 21 de octubre de 2023, en la intersección de las calles Paul Harris y Ceballos. Las víctimas circulaban en una camioneta cuando fueron interceptadas por un automóvil gris, del que descendieron dos hombres armados. Uno de los atacantes disparó contra un ocupante que intentaba bajar del vehículo, hiriéndolo en una pierna; otro proyectil impactó contra una segunda víctima, que permanecía en el interior y falleció poco después. Tras apoderarse de una mochila con dinero y teléfonos celulares, los delincuentes se dieron a la fuga.

Si bien la investigación permitió identificar a los autores materiales del ataque, el caso se centró paralelamente en un segundo vehículo: un auto negro con matrícula brasileña. Según la Fiscalía, este rodado era conducido por el empresario acusado, quien habría cumplido un rol de apoyo estratégico para facilitar la huida de los ejecutores del ataque.

La acusación de la Fiscalía de Rivera de 3^er Turno sostiene que el vehículo quedó registrado en cámaras de videovigilancia tanto antes como después de los hechos. Según el Ministerio Público, el auto circuló por la zona fronteriza entre Rivera y Santana do Livramento y, en determinado momento, redujo su velocidad para permitir el paso del auto utilizado por los autores materiales del crimen.

La sentencia destacó varios puntos que no lograron esclarecerse. Entre ellos, el hecho de que el acusado fuera visto minutos antes del ataque bajando del vehículo junto a otro hombre cerca de la Plaza Internacional. Tras realizar una parada en un puesto de comida, ambos regresaron al automóvil, que posteriormente circuló por la zona del DAE, un área donde habitualmente estacionan ómnibus turísticos dedicados a las compras en free shops.

El problema principal para la Fiscalía fue la falta de evidencia visual. El juez José Silvestri señaló que el vehículo permaneció fuera del alcance de las cámaras en tres intervalos distintos: 12, cinco y un minuto, respectivamente. Según el fallo, esos 18 minutos de desconexión en el monitoreo impedían afirmar con certeza que el empresario fuera quien conducía el automóvil al momento del crimen.

Los abogados del empresario, César Castro y Bernardo Liberman, sostuvieron que el acusado se dedica al arrendamiento de vehículos y que esa mañana se había reunido con el otro hombre para alquilarle el auto. Bajo esa versión, durante los lapsos sin filmaciones pudo haberse bajado del vehículo y dirigirse a su automotora, ubicada a varias cuadras del lugar. El juez entendió que Fiscalía no logró descartar esa explicación.

La sentencia también cuestionó que la Fiscalía no incorporase pruebas sobre un posible vínculo entre los autores materiales y el acusado, así como tampoco sobre la existencia de un eventual plan previo.

Otro punto de la sentencia refiere a una maniobra que, para Fiscalía, demostraba la colaboración en la fuga. El Ministerio Público sostuvo que el auto vinculado al acusado redujo la velocidad para permitir el escape del vehículo usado por los atacantes. El juez, sin embargo, entendió que esa conducta podía explicarse por una razón de tránsito: en el cruce había una ambulancia y otro vehículo detenidos ante un cartel de “Pare”, mientras el auto de los agresores se aproximaba a alta velocidad y se adelantaba por la derecha.

Para el magistrado, aun si se aceptara que el acusado conducía el auto en ese momento, esa maniobra no tenía relevancia penal.

La Fiscalía había acusado al empresario por homicidio muy especialmente agravado y solicitado una condena de 27 años de penitenciaría. Pero el juez no solo no aceptó el pedido, sino que señaló que la hipótesis fiscal fue construida "casi exclusivamente sobre videos de cámaras públicas" y que eso no alcanzaba para dictar condena.

Con esos argumentos, la Justicia absolvió al acusado y ordenó su libertad inmediata. El caso, sin embargo, no terminó allí.

Fiscalía apeló y sostuvo que el juez había valorado de forma incorrecta la prueba. Afirmó que el conjunto de cámaras, recorridos y movimientos de los vehículos permitía concluir “más allá de toda duda razonable” que el acusado colaboró en la fuga de los autores de la rapiña y homicidio.

También argumentó que, por tratarse de investigaciones paralelas y con coimputados aún sometidos a juicio, no había podido incorporar toda la prueba que pretendía, como filmaciones obtenidas en territorio brasileño que —según sostuvo— habrían permitido demostrar reuniones entre el acusado y los autores materiales antes y después del ataque.

Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2^do Turno confirmó íntegramente la absolución. Los ministros entendieron que la prueba producida en el juicio no alcanzó para destruir el estado de inocencia del acusado y señalaron que Fiscalía no logró demostrar ni la existencia de un acuerdo previo con los atacantes ni que el hombre efectivamente hubiera participado en la maniobra de fuga.

Los abogados Castro y Liberman declararon a El País que los 567 días que su defendido permaneció recluido, tanto en Brasil como en Uruguay, le provocaron severos daños emocionales y profesionales. Según los letrados, este periodo de privación de libertad afectó profundamente la estabilidad personal y la trayectoria laboral del empresario.

"Su reputación se vio afectada, sobre todo teniendo en cuenta el tipo de delito del que se lo acusó y que vivía en un pueblo del interior", expresaron los defensores.

La demanda, que será presentada en los próximos días, apuntará contra el Poder Judicial pero también contra Fiscalía, al entender que existieron "omisiones" en la investigación. En total, la demanda al Estado será de US$ 103.831, monto que se divide entre daño moral y lucro cesante.