El pasado 25 de mayo, el senador nacionalista Gustavo Penadés arribó a la sede de la Fiscalía de Delitos Sexuales con semblante calmo y una leve sonrisa en su rostro. Acompañado por su abogado, Javier Vega, Penadés ingresó a la sede por la puerta ubicada sobre la calle Cuareim, destinada a los imputados.

“Estoy muy tranquilo”, fueron las únicas palabras emitidas por el legislador del Partido Nacional a los medios de prensa antes de declarar como indagado.

Durante una hora y media, la fiscal de Delitos Sexuales, Alicia Ghione y su adscripta, María José Brisco, interrogaron a Penadés en base a las denuncias realizadas por ocho víctimas y los testimonios de tres testigos vinculados a los denunciantes.

En el interrogatorio Penadés negó enfáticamente haber mantenido encuentros sexuales con menores y admitió que tampoco les había pedido la cédula de identidad a ninguno de los denunciantes. Sí reconoció haber estado en moteles y no ocultó su condición sexual. Al salir de la Fiscalía, Penadés dijo en forma escueta: “No me arrepiento de nada porque no cometí ningún delito”.

Según una fuente de la Fiscalía, todos los denunciantes eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos hoy investigados y agregó que siete de ellos fueron contactados por el senador en la zona de Parque Batlle y un octavo en una plaza.

Las víctimas también alegaron en la Fiscalía que Penadés utilizaba a un “intermediario” para que concretara los encuentros. Se trata de un profesor de Historia del Liceo Militar, quien también declaró el 25 de mayo antes las fiscales Ghione y Brisco.

El docente, según las víctimas, fue el encargado de “reclutar” a cinco de las ocho víctimas, ofreciéndoles sumas que oscilaban entre $ 4.000 y $ 4.500 por cada encuentro en moteles o en autos.

Cinco días después de la declaración de Penadés, en ámbitos judiciales comenzó a circular la versión de que el legislador estaba dispuesto a acordar con la Fiscalía para evitar una solicitud de desafuero y neutralizar una eventual filtración de los testimonios de las víctimas en ámbitos parlamentarios.

Con el correr de los días, la estrategia jurídica de Penadés y de su abogado fue en dirección contraria: ambos no dieron ningún paso para acercar posiciones con la Fiscalía. Hoy el legislador nacionalista está dispuesto a ir hasta el final del juicio para demostrar que es inocente de todas las acusaciones que se le imputan, según supo El País.

Se trataría de un juicio largo donde la Fiscalía tendrá la carga de probar que existen elementos de convicción suficientes como para atribuir al senador delitos de promesa de retribución o retribución a menores de edad para que cometan actos sexuales.

Una fuente de Fiscalía señaló a El País que las fiscales Ghione y Brisco cuentan como pruebas a los testimonios de las víctimas, filmaciones y algunos chats a través de las redes sociales.

Esos supuestos medios probatorios fueron los principales ejes del pedido de desafuero realizado por la Fiscalía a la Justicia el 29 de mayo pasado. Dicha solicitud ingresó al Parlamento al día siguiente. El 31 de mayo, Penadés reiteró, en una carta enviada a la vicepresidenta, Beatriz Argimón, su pedido de que su desafuero se vote en “forma inmediata” en el plenario sin pasar por la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. Aunque desde el Frente Amplio se insistió en que recorra todo el proceso parlamentario.

La Fiscalía envió en el pedido de desafuero un extracto con escasos detalles de los testimonios de las víctimas temiendo una filtración del documento en el Parlamento.

En forma paralela, la Fiscalía fue informada que dos víctimas recibieron presiones para no declarar. Según la fuente, una de las víctimas presentó una denuncia penal, mientras que la otra no le dio entidad al hecho.