JUSTICIA

Cuatro personas fueron condenadas por la Justicia por casos de intermediación lucrativa, al detectarse que afiliaban a personas a mutualistas a cambio de dinero.

En la última apertura del “corralito” mutual en febrero, el Ministerio de Salud Pública (MSP) denunció la maniobra ante la Fiscalía General de la Nación tras haber sido detectada por la dirección de Prestaciones del Banco de Previsión Social (BPS).

El hecho involucraba a varios individuos que en las inmediaciones del BPS captaban a diferentes personas para afiliarlas o cambiarlas de mutualistas, a cambio de entre $ 800 y $1.000 y beneficios que no existían.

La semana pasada la Policía detuvo a seis personas. De ellas, cuatro resultaron condenadas, en tres casos con penitenciaría y en otro con arresto domiciliario, informó Subrayado y confirmó El País.

De acuerdo a fuentes de la salud, los promotores afiliaban a personas a varias mutualistas. Sin embargo, aún no está clara la responsabilidad de las instituciones.

El caso no es nuevo. De hecho, la apertura de la movilidad regulada -ese período en febrero en el cual los usuarios de la salud pueden cambiarse de prestador sin tener que esgrimir ninguna razón para hacerlo- no ocurría desde 2017 cuando las autoridades detectaron una serie de irregularidades en las afiliaciones.

Recién este año el gobierno dispuso la apertura del “corralito”, sin embargo, detectaron las mismas maniobras que fueron también denunciadas ante la Justicia.

En febrero, El País informó que a partir de denuncias de los usuarios de la salud y de las propias recorridas del personal del MSP, las autoridades constataron que en determinados puntos de Montevideo, había personas que “te ofrecen ser de cualquier mutualista” a cambio de sumas de dinero comprendidas entre los $ 800 y los $ 1.500.

Una de las fuentes confirmó a El País que los promotores que se ubicaban sobre todo en las cercanías de las mutualistas, ofrecían cambios de prestador a viva voz. Incluso, comentó que “llevaban” al usuario a la institución y una vez realizado el trámite le pagaban lo acordado.

La figura del promotor existe y no es ilegal, es más, varias mutualistas tienen personal trabajando bajo esta modalidad. Lo que sí es ilegal es que los mismos paguen a nuevos afiliados, comentó a El País el gerente general de una de las mutualistas. Ese personal se encontraba en las instituciones “para recibir a los usuarios” y “en la calle ofreciendo los servicios”, aclaró.

Diversas investigaciones policiales y judiciales determinaron en 2017 que empleados de mutualistas participaron de un esquema de corrupción que realizaba afiliaciones “truchas” mediante empresas promotoras y testaferros. En una de las firmas figuraba un cuidacoches como titular que percibía $ 100 por cada afiliación que realizaban sus “empleados”, expresa un documento judicial al que accedió El País.