Corte inhabilitó a abogado por haber "faltado el respeto" a jueces y colegas: Fiscalía investiga otras denuncias

Una asociación de jueces y operadores lo denunciaron por sus expresiones "agraviantes" y una jueza por difamación; él sostuvo: "Yo no sé si algún abogado debería haber hecho algo distinto a lo que hice"

Suprema Corte de Justicia
Fachada del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia.
Foto Archivo El País.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) inhabilitó para ejercer la profesión al abogado Valentín Yglesias por el lapso de un año. Los ministros entendieron que, en un escrito presentado ante la Corte, faltó el respeto a otros jueces y colegas. La Corte citó pasajes en las que el abogado afirmaba que había en determinados jueces un "desajuste ético judicial" e indicó que uno de ellos participaba de un "cartel o camarilla privada". Si bien los ministros resolvieron sancionarlo por sus expresiones en ese escrito, el mismo abogado ya había recibido denuncias por dichos de un tenor similar por parte de la Asociación Uruguaya de Magistrados y Operadores Judiciales de Familia, Infancia y Adolescencia.

El caso llegó incluso a la órbita penal, puesto que la asociación realizó la denuncia en Fiscalía. También lo hizo, de forma independiente, otra jueza de Familia que había sido denunciada primero por Yglesias. La fiscal de Flagrancia Lucía Nogueira tiene a su cargo la investigación, que por ahora se encuentra en etapa preliminar.

La resolución de la Corte, firmada el 21 de mayo, sostiene que todo se originó en el recurso de casación que presentó Yglesias y que fue desestimado por sentencia de la Corporación en diciembre de 2025. Allí, los propios ministros expusieron: "Renglón aparte merece hacer referencia a los términos empleados por el (...) firmante y en especial la forma que se refirió a las personas" mencionadas en distintas partes del expediente. A partir de allí fue que decidieron comenzar el proceso administrativo.

Entre los fundamentos, a los que accedió El País, se reproducen cuatro pasajes con expresiones que atribuyen a Yglesias. Uno de ellos indica: "Entre los magistrados que integran este cartel o camarilla privada se encuentra la magistrada...". El siguiente, agrega: "Supone prima facie un desajuste ético judicial y se encuentra fuera de línea con la necesaria transparencia del Poder Judicial". El tercer pasaje citado afirma: "La misoginia y la permeabilidad a la corrupción en el Poder Judicial constituyen violencia ya que dejarse influir a o posicionarse entre un agresor y una víctima implica alinearse con la parte violenta". Por último: "Los firmantes (...) determinan la pertinencia de dar altura al parcial y misógino Síndrome de Alienación Parental".

La resolución consigna que cuando Yglesias tuvo la oportunidad de responder a la acusación, "brindó explicaciones respecto de sus manifestaciones, procurando justificarlas en su contexto", pero sin retractarse.

Para los ministros de la Corte, el abogado incurrió en dos faltas. La primera se comete cuando "en el ejercicio de al profesión se faltare (..) el respeto debido a los magistrados". La segunda "cuando en la defensa de sus clientes se expresaren en términos descompuestos u ofensivas contra sus colegas o contra los litigantes contrarios".

Denuncias en Fiscalía

El abogado Yglesias había presentado una denuncia penal contra una jueza por corrupción. Él presentó un audio en el que una mujer decía que había escuchado a su exempleador hablar de un presunto pago de dinero que habría hecho a una juez que llevaba su expediente en un caso de Familia. Pero Fleitas, en su dictamen, indicó que se le tomó declaración a la mujer y ella "brindó un testimonio opuesto a lo manifestado por quien radicó la denuncia".

Teniendo esto en consideración, tanto la jueza personalmente como la Comisión directiva de la asociación mencionada denunciaron, por motivos diferentes, penalmente al abogado, informó el programa Sin Piedad (VTV). Ese medio divulgó un comunicado de la agrupación que informaba que tras las "manifestaciones realizadas por el Dr. Yglesias en diferentes expedientes judiciales" realizarían la denuncia penal.

La juez que realizó la denuncia por el ataque personal presentó un escrito en Fiscalía fundando sus razones. Allí citó el hecho de que fue acusada de cobrar por fallar de determinada manera en sus casos, pero además citó pasajes del expediente donde Yglesias expuso que "ciertos defensores de menores con anuencia de ciertos jueces de Familia se encuentran asociados a efectos de brindar plafón argumentativo y dogmático a los denunciados por violencia", refiriéndose a la Asociación Uruguaya de Magistrados y Operadores Judiciales de Familia, Infancia y Adolescencia.

En distintos momentos y con diferentes expresiones, Yglesias se refirió a los jueces Eduardo Cavalli, María Elena Emmenengger (esta última en su calidad de referente de la asociación) y María Iriarte.

Yglesias: "Yo no sé si algún abogado debería haber hecho algo distinto a lo que hice"

Yglesias, en diálogo con El País, explicó su punto de vista sobre ambas situaciones. Sobre el primer episodio relacionado a la asociación de magistrados y operadores, sostuvo que actuó "en el ejercicio de la defensa" en el marco de "un proceso cautelar de un menor" con el fin de que se tomen medidas y se considere "una situación de varias irregularidades que se estaban denunciando". Refirió que, "en ese proceso puntual los jueces de la causa, fundamentalmente los de la apelación, el abogado de la contraparte y la perito" formaban parte de esta asociación. "Eso genera un ámbito de compartimiento de situaciones privadas, ajenas a la magistratura, que será legítima, pero genera un ámbito que daña la apariencia de imparcialidad del sistema de Justicia".

Por otra parte, señaló que la denuncia por corrupción la hizo cuando tomó conocimiento a raíz de una mujer con la que habló por el caso. "Yo no sé si algún abogado debería haber hecho algo distinto a lo que hice. ¿Qué pasa si tú, como abogado, estás investigando una situación y te encontrás con eso? Lo tenés que denunciar", expresó.

Hay 29 abogados inhabilitados

Los registros del Poder Judicial indican que hay 29 abogados inhabilitados para ejercer. Entre ellos, se destacan: dos imputados por la Operación Océano (uno de ellos, exjuez), el exabogado de Marcelo Balcedo, que fue condenado por lavado de activos, un exjuez condenado por abuso sexual de menores, Nicolás Cendoya y Óscar Mecol, por sus imputaciones en el caso Ursec, un exfuncionario de la Dirección General de Servicios Administrativos del Poder Judicial que fue condenado por abuso de funciones tras acosar laboralmente a otro funcionario que luego se suicidó, una mujer condenada por oficiar de testaferro del exdiputado Antonio Zoulamián, Juan Peirano y el abogado Aníbal Martínez Chaer, condenado por delitos de narcotráfico.

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