Redacción El País
Los abogados representantes de un grupo de víctimas en el caso Conexión Ganadera (Oscar Brum, Leonardo Costa, y Joaquín Bonaudi) comparecieron ante la jueza de Crimen Organizado de segundo turno, Diovanet Olivera solicitando "el remate del suntuoso inmueble ubicado en Punta del Este en el que permanece cumpliendo prisión preventiva la señora Daniela Cabral".
Cabral, viuda del exsocio de Conexión Ganadera Gustavo Basso, fue imputada por un delito continuado de estafa en el marco de la investigación, mientras cumple arresto domiciliario en un edificio de Punta del Este.
"El traslado fue conferido a raíz de una solicitud del síndico, Dr. Alfredo Ciavattone, quien había solicitado el remate en venta privada de vehículos automotores embargados, argumentando los gastos mensuales que generaban sin utilidad para las sociedades concursadas de Conexión Ganadera", señalaron en el escrito, al que accedió El Observador y también El País.
Los letrados de las víctimas manifestaron su adhesión a la solicitud del síndico, pidiendo que "se excluya de los embargos a los vehículos identificados para proceder a su remate en venta privada". Además, compartieron y promovieron "que la sindicatura continúe evitando mayores perjuicios a las víctimas, procediendo con el remate de estos bienes y del resto de los bienes embargados en autos que continúen o se espere que generen gastos innecesarios y extraordinarios".
En este sentido, el escrito destaca la "necesidad imperiosa" de que se avance con el remate del "suntuoso inmueble ubicado en Punta del Este en el que actualmente permanece cumpliendo prisión preventiva la señora Daniela Cabral". Los abogados argumentan que este bien "no cumple ninguna necesidad comercial de las sociedades concursadas y forma parte de la sucesión de Gustavo Basso". Se enfatiza que el remate obedece a una necesidad económica y de "profunda justicia", pues la prisión domiciliaria de Cabral en dicho inmueble lesiona "la sensibilidad y pudor de la sociedad en su conjunto".
La solicitud se fundamenta en el artículo 48 de la Ley Nro. 19.574, que ampara la enajenación de bienes objeto de medidas cautelares que "corran riesgo de perecer, deteriorarse, depreciarse o desvalorizarse o cuya conservación irrogue perjuicios o gastos desproporcionados a su valor". En el caso de los vehículos, "se considera un hecho notorio que existen gastos desproporcionados y riesgo de depreciación o desvalorización". Finalmente, se solicitó que el producto de los remates de los bienes cautelados sea depositado en una cuenta a la orden de la sede y bajo el rubro de autos en Unidades Indexadas (UI).
Cabral está imputada por un delito de estafa, mientras que los otros dos con investigaciones formalizadas, Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow, también están imputados por lavado de activos, motivo por el que las medidas cautelares dispuestas son más rígidas: están aguardando el juicio en la cárcel.
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