Condenada por irregularidades en fondo del Sunca cobró casi $ 4 millones de comisión por hacer transferencias

La Fiscalía continúa su investigación por las irregularidades en el Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc). Este martes lograron la condena de dos años y cuatro meses de cárcel para Stella Rey, una funcionaria administrativa, que tenía el cargo de jefa de departamento, por la realización de 193 transferencias indebidas. El monto desviado fue de $ 35.627.580 y U$S 17.500. Por hacerlo, cobró comisiones por un total de $ 3.950.000. El dinero girado tuvo como destino las cuentas de cerca de una decena de "mulas financieras". Pero ¿quién fue el beneficiario final?

Esta es una de las preguntas que la Fiscalía aún busca responder. Según explicó en audiencia la fiscal adscripta Gabriela Gómez, el dinero iba a Bruno Bertolio (uno de los condenados en el caso) y a otra "tercera persona" con un fin que "la investigación aún busca determinar". Parte de ese dinero que llegaba a Bertolio y a la otra persona se llegaba a transferir y otra parte era retirado en efectivo, lo que dificulta la trazabilidad, dijeron fuentes al tanto del caso a El País.

Meses atrás, el fiscal titular, Gilberto Rodríguez, había adelantado: “Aparece de manera bastante sólida, consolidada, de que parte de ese dinero, no sabemos bien qué porcentaje, iba para el financiamiento del Partido Comunista y del Sunca”.

Sin embargo, al ser consultado este jueves, matizó la posibilidad de que el dinero haya tenido un fin político partidario. "Hasta ahora no hay evidencias, tampoco se descarta nada, es decir, hay mucha información que tiene que ser evaluada (...) Cualquier respuesta que sobre eso le pueda dar es absolutamente aventurada", contestó a la pregunta de un periodista en rueda de prensa. Los nombres de Óscar Andrade y Daniel Diverio, legisladores frenteamplistas que ostentaron el cargo de presidentes del Sunca en el pasado, surgieron asociados al caso cuando fueron mencionados por el ya condenado Bertolio en Fiscalía.

A su vez, la firma de Diverio figura en algunos documentos irregulares. A su pedido, se realizó una pericia caligráfica privada que concluyó que su firma fue falsificada. Sin embargo, la Fiscalía encomendará una pericia oficial a Policía Científica, informó El País semanas atrás.

Tanto Diverio como Andrade negaron las acusaciones y se pusieron a disposición de la Fiscalía, que les informó formalmente que no están siendo investigados por ningún delito.

Fosvoc es un fondo financiado con aportes de trabajadores de la construcción y empresas del sector que tiene varios programas. Entre ellos, uno para que empleados accedan a beneficios para obtener viviendas y otro para que accedan a préstamos para reformar y ampliar sus casas.

Rey fue empleada de Fosvoc entre el año 2005 y enero de 2025 y estaba encargada de pagar los sueldos. Ella declaró en Fiscalía que Bruno Bertolio —presidente de la Comisión Administradora del Fosvoc, ahora condenado— le "ofreció" iniciar "las maniobras" en 2024, a sabiendas de que ella pasaba una difícil situación familiar. Bertolio, recordó la fiscal Gómez, negó que esto haya sido así.

Así, la condenada hizo aproximadamente 193 transferencias a cerca de diez beneficiarios. Aunque solo estaba autorizada a pagar sueldos, ella inscribía los giros como pago a proveedores o beneficiarios de planes que tenía Fosvoc. La maniobra fue detectada cuando Rey viajó a Argentina por una intervención quirúrgica.

Su suplente, otra funcionaria administrativa, detectó algunos "movimientos llamativos". En los meses subsiguientes, Rey le ordenó a esta funcionaria que dejara de hacer las "conciliaciones bancarias".

Bertolio, a su vez, le transfirió a Rey $3.950.000 con los que compró diferentes artefactos para el hogar, comida para mascotas y una computadora, entre otras cosas, según informó El Observador.

Por estos hechos, la funcionaria llegó a un acuerdo abreviado con la Fiscalía que investiga el caso, compuesta por Rodríguez, Gómez, Silvia Monzón y Agustín Majó. Fue condenada este martes por los delitos de apropiación indebida, asociación para delinquir y lavado de activos (en la modalidad de posesión y transferencia). Se le decomisaron $352.471 que serán puestos a disposición de la Junta Nacional de Drogas.

En la audiencia, el abogado de Fosvoc, Óscar López Goldaracena, hizo hincapié en que, producto de hechos delictivos, el fondo perdió US$ 1.000.000 que corresponden a aportes de los trabajadores. Resaltó la necesidad de que, eventualmente, eso sea reparado. A su juicio, Rey fue la "principal responsable" de lo ocurrido y pidió que la Fiscalía continúe trabajando para imputar a quienes oficiaron de "mulas financieras".

La pena que acordó la funcionaría administrativa del Fosvoc, Rey, con Fiscalía es inexcarcelable, puesto que supera los dos años de prisión. Sin embargo, hay artículos en el Código del Proceso Penal que prevén excepciones puntuales. Durante la audiencia, la condenada explicó su difícil situación familiar. Es hija única, no tiene otras grandes figuras de sustento y a su vez se encarga de cuidar a dos personas vulnerables. Una de ellas por su edad y otra por enfermedad.

"Si yo no tuviera la responsabilidad" de cuidado de estas personas "yo no tengo problema en ir (presa). O sea, no es que me guste, pero no tengo problemas en cumplir con lo que ustedes me piden", dijo. Sin embargo, debido a estos problemas, pretende permanecer en su casa donde puede seguir asistiendo a sus familiares.

Su petición no fue resuelta aún sino que se tratará en las próximas semanas. Su abogado adelantó que tiene documentación para presentar que acreditan sus dichos.