Caso Penadés: el reclamo de la defensa de Mauvezín y la escucha que apunta a la “identificación” de víctimas

Luego de que el profesor de Historia Sebastián Mauvezín estuviera un año y 45 días tras las rejas de la cárcel de Campanero (en Minas, Lavalleja), sus abogadas Daiana Abracinskas y Rosana Gavazzo hicieron la semana pasada un nuevo esfuerzo por convencer a la jueza de la causa que lo que correspondía era sacarlo de allí. Iban con las de perder, puesto que hacía cerca de dos meses que otra jueza –una subrogante– había definido extender su tiempo en prisión a la espera de que finalice el proceso. Sin embargo, generaron una larga discusión en la que surgieron nuevos elementos que suman información al caso.

Entre ellos, según consta en el audio de la audiencia al que accedió El País, el reclamo que mantienen las abogadas de Mauvezín a la Fiscalía vinculado al número de celular de una de las víctimas. Gavazzo y Abracinskas cuestionaron que la víctima que, según la teoría fiscal, se comunicaba con Mauvezin “hubiera perdido el teléfono en una mudanza” y no recordara el número que tenía.

Por su parte, la defensa de las víctimas –que la lleva adelante el Consultorio Jurídico de la Udelar– puso sobre la mesa una escucha tomada al principio del caso en la que –según leyeron– se escucha a Mauvezín decir: “Lo peor es que tenemos identificadas a las personas que están ensuciando. Por eso la indignación es mayor”.

Esta escucha fue uno de los elementos que puso sobre la mesa el Consultorio Jurídico para pedir que Mauvezín se mantuviera en prisión. Su interlocutora, según dijeron en audiencia, era una “militar”. Argumentaron, de esa manera, que el profesor tenía interés en averiguar las identidades de las víctimas. Estas están preservadas por un decreto judicial desde el comienzo de la causa.

En lo que refiere al reclamo de las abogadas de Mauvezín, la discusión fue bastante más extensas. Las defensoras justificaron que querían que la Fiscalía accediera, al menos, al número de teléfono de la víctima que se comunicaba con su cliente para poder tener una “prueba objetiva” del contacto.

A ese cuestionamiento, la fiscal Alicia Ghione contestó que “la Fiscalía se tomó unos días para tratar de averiguar el teléfono”. En esos días “estuvo dando vueltas con la Unidad de Víctimas, con los familiares, etcétera, y no lo encontró”. A su vez, recordó que en el juzgado esa víctima declaró que había perdido el teléfono en una mudanza y, al ser consultado en Fiscalía por el número, no lo recordaba.

Una de las consultas de la defensa fue, por ejemplo, por qué la Fiscalía no le preguntó el teléfono a la madre del menor. A lo que Ghione respondió: “Cuando el adolescente hizo la prueba anticipada, la madre ni siquiera sabía que estaba involucrado en este tema de explotación sexual. Recién ahora, después de mucho trabajo con la unidad de víctimas, se acercó al resto de la familia”.

La defensora de la víctima, Soledad Suárez, que estuvo acompañada por el director del Consultorio, Juan Williman, sostuvo que el pedido de las defensas parte del concepto de “una víctima idealizada”. “Los celulares los pierden, no tienen nada, es así. Porque si no manejaran ese nivel de vulnerabilidad, no serían una presa tan fácil”, explicó y aclaró que eso “no es su responsabilidad”.

Criticó que, si fuera de otra manera, se estaría avalando que “el imputado puede tener (mensajes) efímeros en su legítimo derecho y la víctima tiene que guardar todo”.

El objetivo de la audiencia era analizar si Mauvezín podía acceder a una medida que no fuera la prisión sin que hubiera riesgo de que dañara el proceso. La Constitución garantiza que los imputados puedan esperar el juicio en libertad, salvo que eso ponga en riesgo el desarrollo normal de la causa o ponga en peligro a las víctimas.

Argumentando que en la instancia anterior –en el mes de octubre– Ghione había basado su pedido de que Mauvezín siguiera preso en que aún quedaba por explorar su eventual vínculo con la trama, fue que las abogadas del profesor pidieron que se llevara a cabo una nueva instancia. Sin embargo, este nuevo pedido no tuvo eco en la decisión de la jueza Marcela Vargas.

Para negarla, utilizó argumentos de formales, aunque también de fondo. Sobre los primeros, dijo que las defensas debieron exponer claramente por qué creían que los riesgos para el proceso que sí habían sido detectados dos meses antes, actualmente habían cesado. Indicó que, en lugar de desarrollar eso, se centraron en cuestiones propias del juicio oral, como es la ausencia del teléfono de una víctima.

Además, Vargas valoró que la Fiscalía hubiera reiterado cuáles son los riesgos que, cree, se configurarían si Mauvezín es liberado. Principalmente, insistió en que habría riesgo de que la investigación se viera entorpecida y que habría un riesgo para las víctimas. Afirmó que cuatro de ellas ya fueron amenazadas.

Mauvezín está imputado por, presuntamente, haberle presentado menores de edad al exsenador Gustavo Penadés.