Redacción El País
En el expediente surge que, el Banco Central del Uruguay llegó a esa cifra en base a informes internos, según señaló la defensa de los hermanos Peirano. Poco después, un Tribunal de Apelaciones dispuso que la liquidación de los daños se debía realizar a través del peritaje de un tercero. Ese fallo fue confirmado por la Corte.

En 2021, el Banco Central inició un juicio de liquidación de sentencia en el Juzgado Civil de 17° Turno partiendo de una indemnización base de US$ 340 millones. Luego se llegó a un peritaje para definir el monto de los daños causados por los Peirano. El perito rechazó los criterios del BCU al determinar que el perjuicio provocado por los hermanos Peirano al organismo estaba mal liquidado y que una gran parte del dinero reclamado había sido recuperado por parte del Estado uruguayo a partir de que los hermanos Peirano otorgaron bienes propios en garantía. Así lo explicaron a El País asesores de los hermanos Juan, Jorge y Dante Peirano.

El perito reliquidó los daños de acuerdo a criterios contables. Insistió, por ejemplo, en que había que restarle lo recuperado a la suma reclamada por el BCU. Y concluyó que el daño causado por los hermanos Peirano fue de US$ 195 millones. Luego le sumó US$ 4 millones por daño a Dante Peirano por su actuación en el Banco Caja Obrera.

En los juicios civiles que fueron a casación, la Suprema Corte de Justicia señaló que no hubo culpa o fraude por parte de los hermanos Peirano en la debacle financiera y económica de su grupo empresarial. Sí advirtió que estos no actuaron con la diligencia de un buen hombre de negocios.

En su fallo, la jueza civil de 17° Turno, María Alexandra Facal, siguió la línea del perito y determinó la existencia de un daño millonario al Banco Central. De todas maneras, la sentencia de la jueza Facal no está firme. Los hermanos Peirano pueden apelarla, dijeron los asesores. En 2021, Jorge, Dante y José Peirano Basso presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una demanda en la que piden que se declare la nulidad de sus condenas y que el Estado uruguayo les otorgue una “reparación integral” y una “disculpa pública”. Además los Peirano solicitan a la CIDH que repare “la gravísima violación a los derechos humanos” que les provocó el proceso penal.

El escrito sostiene que la sentencia que los condenó “adolece de nulidad absoluta, en tanto acto procesal que pone ‘fin’ a un proceso penal seguido en directa y franca contradicción con las normas internacionales vigentes en materia de derechos humanos”. Los Peirano, que en la crisis del 2002 estuvieron en el ojo de la tormenta por la debacle financiera que terminó con los bancos Montevideo y la Caja Obrera intervenidos y damnificados que perdieron sus ahorros, aseguraron que sus derechos humanos fueron violados debido a la extensa duración de sus causas, en “clara contravención al plazo razonable” del proceso.