SUPUESTA VENTA FICTICIA

El hijo de una anciana fallecida denunció a la Asociación de Escribanos del Uruguay que el apartamento de su madre, ubicado en la rambla del Buceo, fue vendido por una escribana, funcionaria del Ministerio del Interior, cinco días antes de fallecer la señora cuando no podía presentar el consentimiento para dicho negocio. Así lo señala un escrito presentado ayer en dicha asociación por los abogados del hijo de la anciana, José Azuaga y Héctor Leites.

El documento, al que tuvo acceso El País, se titula: “Denuncia conductas antitéticas, mala praxis y/o dolo”. Refiere a una supuesta venta “ficticia” del inmueble por parte de la anciana, de nombre Martha cuando estaba incapacitada por un cáncer terminal.

La eventual enajenación, donde se pagó US$ 72.000 por la nuda propiedad de un inmueble que vale por encima de US$ 200.000, fue refrendada por una escribana y la compradora es otra notaria que también trabaja en el Ministerio del Interior, según se desprende de la denuncia.

El escrito, dirigido a la Asociación de Escribanos del Uruguay, fue firmado por el hijo de la anciana fallecida, Marcelo Alejandro Lilienheim, un músico uruguayo líder de una banda de rock en Argentina.

La madre de Lilienheim falleció en Montevideo el 23 de marzo de este año. Poco después, el hijo tramitó su sucesión ante el Juzgado Letrado de Familia 25º Turno.

“De acuerdo a lo que surge de la información registral (DGR) mi madre habría participado en un ‘negocio’ de compraventa del bien inmueble que habría tenido lugar el día 18 de marzo de 2022. Ese día yo me encontraba en Buenos Aires (Argentina), donde resido con mi familia. El bloqueo de fronteras -luego de dos años de pandemia- recién fue levantado ocho días después del día de la supuesta firma”, relata la denuncia.

El denunciante sostiene que este negocio habría sido otorgado por la escribana denunciada, y habría sido celebrado con su madre como vendedora postrada en la cama y en etapa terminal por un largo cáncer de mama.

El hijo de la anciana fallecida entiende que el negocio “es ficticio -simulado- lo que se atacará en vía civil” y considera que podría también configurarse figuras penales. En ese sentido, los abogados Azuaga y Leites afirmaron a El País que preparan una denuncia penal contra la escribana actuante.

La denuncia sostiene que, en caso de que el negocio hubiera tenido lugar realmente, se puede inferir que la escribana actuante “habría tomado partido en favor” de la compradora generando un posible conflicto de intereses. En ese caso, agrega el escrito, la profesional “violó” el deber de imparcialidad y de buena fe, emergiendo un “interés incompatible” con la función, pues llevó adelante un negocio por la nuda propiedad que perjudicaba a la anciana dado que se reserva el “usufructo” de por vida cuando esa “sobrevida” era de escaso tiempo al tener ella un cáncer avanzado y estar bajo cuidados paliativos.

La denuncia advierte que la escribana actuante tenía contacto telefónico con el médico del Casmu que visitaba el domicilio de la anciana para administrarle cuidados paliativos y, por lo tanto, sabía que a esta le quedaba muy poco tiempo de vida.

“Por lo que, en estos casos el giro ‘de por vida’ (que consta en el escrito de compraventa del apartamento), se refería a poco más de 15 días”, expresa el escrito.

Una testigo, que convivió con la anciana sus últimas horas, dijo según la denuncia: “Yo escuché todo lo que hablaba el médico con la escribana. La escribana le pidió que acelerara la muerte de Martha y él se negó rotundamente”.

Tras la muerte de su madre, Marcelo Alejandro Lilienheim, concurrió con un escribano a la edificio de la rambla para hacer un acta de comprobación, ya que dentro del inmueble habían artículos de su propiedad.

Del acta firmada por el escribano surge que la profesional que rubricó la venta y que acompañaba a la anciana se hacía llamar “la dueña” del apartamento, tomaba decisiones y de hecho dio órdenes de que no entrara nadie allí.

Tan así fue su simbiosis con Martha, que la escribana resultó ser citada al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por una trabajadora que cuidó a la anciana.

“Ahora, si la escribana era la “administradora”, ¿quién la puso a cargo de algo? ¿Acaso no existe un orden de preferencia para hacerse cargo de una familiar incapacitado? ¿Acaso no tendría que llevar adelante una rendición de cuentas si quería administrar los bienes de una incapaz? ¿Qué intereses torcidos tenía la profesional en el caso que se analiza?”, se pregunta el hijo de la anciana en la denuncia presentada ante el gremio de escribanos.

En un capítulo titulado “Conclusiones”, el denunciante señala que en las cuentas bancarias de su madre no hay rastros de los US$ 72.000 supuestamente pagados por la compradora del apartamento. “Solo hay deudas por uso de tarjetas de crédito”, agrega el documento.

También sostiene que todo hace presumir que la enajenación del inmueble se tomó “con cierto apuro” a ocho días del levantamiento “del cierre de fronteras” por la pandemia, sabiendo la escribana acusada que el hijo de la anciana se encontraba en Buenos Aires y podría viajar a Montevideo a la brevedad. “No se sabe a ciencia cierta si existía una relación entre la escribana otorgante y la adquirente. Pero de hecho se sabe que ambas son escribanas y pertenecen a las filas del Ministerio del Interior”, se indica.

La denuncia concluye que, de acuerdo al testimonio de testigos, la escribana sustrajo objetos de la finca, como ser cuadros y adornos; no se hizo desalojo y la persona que compró el apartamento quedó con todo el mobiliario de la finca.