Redacción El País
El perfil del falsificador Matías Campero, que expuso las debilidades de la Justicia al lograr las excarcelaciones de peligrosos narcotraficantes, fue analizado en un centro de estudios y derivación del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Posteriormente, Campero fue recluido en la Unidad 25, el único penal de máxima seguridad que tiene el país y que funciona en la prisión Santiago Vázquez (ex Comcar).

La orden de alojar a Campero provino del propio director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Luis Mendoza, alegando razones de seguridad, según supo El País.

El jerarca tomó en cuenta para su decisión que en un centro carcelario común Campero podría hacerse fácilmente de un teléfono y continuar realizando estafas u organizando falsificaciones para continuar liberando presos con profusos antecedentes penales.

Otro elemento que tomó en cuenta Mendoza para determinar la reclusión de Campero en la Unidad 25 fue la entidad del daño que el delincuente causó al Poder Judicial, ya que sus falsificaciones determinaron las liberaciones de tres narcotraficantes -dos de ellos están prófugos y uno fue reenviado a prisión- y de él mismo de prisiones cuando debían purgar varios años en la cárcel por delitos violentos. Esas excarcelaciones conmocionaron al Poder Judicial.

En su decisión, Mendoza también valoró que Campero, con sus documentos falsos, provocó el sumario y traslado al juzgado penal de 31er Turno de la jueza especializada de Crimen Organizado de 1er Turno, Adriana Chamsarian, y una investigación administrativa a la jueza especializada en Crimen Organizado de 1er Turno, María Helena Mainard.

Ambas magistradas no fueron las únicas damnificadas por el accionar de Campero. El delincuente también realizó una falsificación de un expediente en el Juzgado Penal de 8° Turno, a cargo del juez Nelson dos Santos, y en sedes penales de Libertad (San José) y Maldonado. En este departamento, Campero logró salir de la cárcel de Las Rosas donde estuvo alojado solo dos meses cuando debía cumplir una pena de varios años por el secuestro de un estafador que robó a su madre US$ 3.000 para construir una cabaña.

Luego de su pasaje por el establecimiento de Las Rosas, Campero llevaba una tobillera electrónica. Logró salir del penal gracias a certificados médicos falsos que, de una manera aún desconocida, logró incluir en el expediente. La Policía sospecha que fue ayudado por otra persona.

En los certificados médicos se señalaba, en forma fraudulenta, que Campero padecía de enfermedades cardíacas y renales.

El “caso cero” del “expediente Campero” fue la prisión domiciliaria con tobillera otorgada por la jueza Mainard al narcotraficante Juan Antonio González Bica, mediante certificaciones médicas falsas enviadas al Instituto Técnico Forense (ITF). Un perito del Instituto leyó esa documentación y elaboró un informe a Mainard en base a los dictámenes apócrifos. Ese informe, que sostenía y argumentaba que González Bica era una persona enferma, no tiene firma, según constató El País al ver el expediente.

El expediente también está integrado por un informe falso del comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit. Este documento señalaba que González Bica debía ser liberado porque en el sistema penitenciario no había condiciones para atender a enfermos renales y a patologías cardíacas. Tras ver el documento en la baranda de la sede judicial, Petit informó a Mainard no era real y anunció que presentaría una denuncia penal ante la fiscal Mónica Ferrero.

En los días sucesivos, Ferrero logró la formalización de la investigación contra la abogada de González Bica, María de las Mercedes Acosta, un narco de Villa Española, Antoni Suárez, también excarcelado por Campero y alojado en una clínica, y del propio falsificador.