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Buscan imputar a un uruguayo y otros nueve implicados por caso Odebrecht en Colombia

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En Panamá, tres ejecutivos de Odebrecht confesaron haber pagado sobornos de US$ 86 millones; el caso salpicó a hijos del expresidente Ricardo Martinelli. Foto: AFP

SOBORNOS

La Fiscalía intenta formalizar la investigación contra el uruguayo Andrés Norberto Sanguinetti, tres brasileños, dos españoles y cuatro colombianos.

La Fiscalía colombiana buscará la imputación de seis ciudadanos extranjeros -entre los que se encuentra un uruguayo- y cuatro colombianos dentro de las investigaciones que realiza por el entramado de corrupción de la multinacional brasileña Odebrecht, informó este martes el ente acusador.

La Fiscalía indicó en un comunicado que la medida afectará al uruguayo Andrés Norberto Sanguinetti, a los brasileños Amilton Hideaki Sendai, Manuel Ricardo Cabral Xinemes y Luiz Antonio Bueno Junior, así como a los españoles José Díaz Vecino y Juan José Lago Novas, además de los cuatro colombianos. 

"La actividad investigativa, realizada con apoyo del FBI, puso en evidencia transacciones financieras en la banca internacional, subcontratos y otras maniobras que habrían sido usadas para mover los dineros destinados al pago de dádivas", añadió la información.

Sanguinetti será llevado a juicio en Panamá y Andorra en una causa por el mismo asunto.

Los delitos

La Fiscalía radicará solicitud de imputación contra Sanguinetti, como presunto responsable de los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares.

Sanguinetti, al parecer, como operador habitual de Odebrecht Brasil y en su condición de gestor de la banca privada de Andorra, habría diseñado el modelo de pago del soborno entregado por la constructora para la adjudicación del contrato Ruta del Sol II. 

En lo referente a la adjudicación de este contrato, ante un juez de control de garantías, serán imputados por el delito de interés indebido en la celebración de contratos el exsubgerente de estructuración del Instituto Nacional de Concesiones (INCO), David Eduardo Villalba, y los brasileños Hideaki Sendai y Cabral Xinemes, como representante legal principal y suplente, respectivamente, de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S.

La concesión vial Ruta del Sol II incluía la construcción de unos 600 kilómetros de doble calzada de la carretera que comunica el centro del país con la costa atlántica, entre las localidades de Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar).

Villalba suscribió varias resoluciones en 2009, para presuntamente direccionar los procesos de evaluación y selección del consorcio que asumiría las obras del proyecto Ruta del Sol II.

Igualmente, en enero de 2010, celebró el contrato de concesión con la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S, de la que era parte Odebrecht, y la constructora, para este contrato habría ofrecido y pagado US$ 6,5 millones al exviceministro de Transporte y entonces director del desaparecido Instituto Nacional de Concesiones (INCO), Gabriel García.

Los españoles imputados

Por otro lado, la Fiscalía imputará los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos Luiz Antonio Bueno Junior y Hideaki Sendai, en su condición de director superintendente y director de ingeniería de Odebrecht en Colombia.

También a los ciudadanos españoles Díaz Vecino y Lago Novas, director gerente y director técnico, respectivamente, de la empresa española Detección de Riesgos Técnicos de Control de Calidad y Supervisión de Obras de Edificación S.A. -DCS Management-.

"Se estableció que Odebrecht Colombia suscribió un contrato ficticio de asistencia técnica desde el exterior con DCS Management, el 7 de julio de 2009, con el supuesto de consolidar una oferta técnica y presupuestal sólida para quedarse con el contrato de la Ruta del Sol II. En contraprestación se pactó el pago de 0,9% del valor del contrato", detalló la Fiscalía.

La actividad, explicó la Fiscalía, supuestamente no fue ejecutada. Sin embargo, meses después de recibir del INCO el proyecto vial, Odebrecht hizo giros por US$ 10,8 millones, a través de un banco de Estados Unidos, a una cuenta que la sociedad española tenía en la banca privada de Andorra.

"El material de prueba indica que 94% del dinero recibido por DCS Management fue transferido a la empresa Klienfeld, que hacía parte de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht Brasil, pero no estaba declarada ni reportada en los balances de la constructora", añadió la Fiscalía.

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