El caso de Charles Carrera atraviesa momentos clave. En pocos días, el exsenador deberá contestar la demanda acusatoria que presentó en su contra la Fiscalía. Su respuesta, marcará la estrategia de defensa que desplegará durante todo el juicio, el que se llevará adelante luego de que concluya una etapa intermedia. Este lunes, la Fiscalía pidió la prórroga de las medidas cautelares que pesaban sobre él: la obligación de fijar domicilio y no modificarlo sin avisarle a la Justicia y la prohibición de salir del país sin autorización.
La jueza Diovanet Olivera aceptó el pedido de prórroga que solicitaron las fiscales Sandra Fleitas y Verónica García, el que contó con anuencia de la defensa de Carrera, Juan Manuel González Rossi y Lucía Fernández. El próximo mojón en el caso se producirá cuando los abogados contesten la demanda. Allí pueden presentar su propia teoría de lo que ocurrió en el caso y proponer prueba que, entiendan, colabora a demostrar su posición.
En sus distintas apariciones públicas, el exsenador frenteamplista se mostró ansioso por el comienzo del juicio donde, ha dicho, podrá demostrar su inocencia. En su último mensaje referente al tema, el que publicó en su cuenta de X, expresó: "Fui víctima probada de espionaje por denunciar la entrega del puerto. Luego me armaron una causa (...) Hoy comienza el juicio. Y comienza también la etapa en la que podré demostrar, con pruebas y frente a la sociedad, mi más absoluta inocencia".
Con la presentación de la acusación, la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2° Turno concluyó la investigación contra Carrera e hizo un relato de hechos que, entiende, podrán ser demostrados en juicio y considera que son delictivos. A juicio de Fleitas, el dirigente político debería ser condenado a una pena de cuatro años de prisión y una multa de 1.000 Unidades Reajustables (aproximadamente $ 1.900.000).
En el escrito de la demanda, Fleitas recordó que Víctor Hernández fue herido de bala mientras cenaba en su casa en la localidad de La Paloma (Rocha). Un proyectil perdido le provocó una lesión vertebral que lo dejó con parálisis de miembros inferiores. Hernández vivía enfrente a una casa propiedad del Estado que estaba asignada a un comisario de La Paloma, quien presuntamente ese día estaba haciendo una fiesta. Aunque la sospecha siempre fue que la bala había salido de esta vivienda y se iniciaron procedimientos administrativos que terminaron en sanciones, eso nunca se comprobó judicialmente.
El herido estuvo internado en el Hospital de Rocha y en el Hospital de Clínicas, pero en julio de 2013 ingresó al Hospital Policial. Estuvo internado allí tres años y medio sin ser policía, ni pariente de uno ni ninguna de las otras opciones previstas para brindar asistencia. Por ende, quien dio la orden de que Hernández fuera internado en el Hospital Policial, sostiene la acusación, fue Carrera, que en ese momento era director general de Secretaría del Ministerio del Interior. La erogación para el Estado fue superior a los $ 6 millones.
¿Cómo sigue el caso?
Una vez que Carrera y sus abogados contesten la demanda, la jueza del caso deberá convocar a una audiencia llamada de "control de acusación". Se trata de una etapa intermedia, dado que ocurre posterior a la acusación pero antes del juicio.
Allí se debate, una por una, cada prueba que propuso la Fiscalía y la defensa. En esa instancia, se discute si la prueba en cuestión es legal y conducente. Si se entiende que no lo es, no será presentada en el juicio. Una vez que Fiscalía y la defensa dan sus argumentos de por qué debería o no ser tenida en cuenta, quien decide es la jueza. Su resolución es apelable.
Una vez que eso queda saldado, el caso pasa a un juez nuevo (quien nunca tuvo contacto con el caso), quien deberá convocar a juicio. La instancia intermedia de control de acusación tiene una duración variable dependiendo de la cantidad de evidencias que sean propuestas y la discusión que se genere entorno a ellas. Hay casos en los que el control de acusación se realiza en una sola audiencia y otros casos —como el de Operación Océano o el caso Ursec— donde rondan o exceden el año.
Medidas cautelares
Aunque este lunes se resolvieron sin polémicas, las medidas cautelares fueron objeto de debate a lo largo del caso. En más de una oportunidad, la fiscal Fleitas había reclamado que Carrera fuera a arresto domiciliario y se le vedara la posibilidad de dar entrevistas y expresarse en redes sociales sobre el caso. Esto fue rechazado por la jueza, quien alegó que instauraría una "censura previa" si lo hiciera. Su decisión fue ratificada por el Tribunal de Apelaciones.