HOMICIDIO EN LAS FUERZAS ARMADAS

La jueza Diovanet Olivera no hizo lugar ayer al pedido de la fiscal de Homicidios, Mirta Morales, de que se realice la reconstrucción del triple crimen cometido en un puesto de guardia de la Armada ubicado en el Cerro en la madrugada del 31 de mayo de 2020.

Un exmarino de la Armada, un hombre y su pareja son los únicos imputados por los crímenes.

La defensa del exmarino imputado por el crimen apoyó el criterio de la Fiscalía de realizar la reconstrucción de los asesinatos como prueba anticipada.

No obstante, la magistrada entendió que la reconstrucción es una medida que se debía tramitar en la etapa del juicio y que, en este momento, solo debía hacerse en forma muy excepcional si corría riesgo de perderse la prueba.

Olivera, quien es juez de garantías y no decide la culpabilidad o inocencia del procesado, señaló en el Juzgado que la Fiscalía pretende hacer la reconstrucción en base a una declaración realizada por el imputado en Fiscalía, pero ayer éste cambió sus dichos.

La magistrada explicó que la reconstrucción puede hacerse como un acto de investigación que permita a la Fiscalía confirmar o no su teoría del caso, pero no como prueba anticipada. Es decir, la reconstrucción de los tres homicidios puede efectivizarse solo para recolectar evidencias para las partes -Fiscalía o defensa-, pero sin la presencia de un juez.

Ni la Fiscalía ni la defensa apelaron el decreto de Olivera.

El riesgo de que se modifiquen las condiciones del inmueble donde ocurrieron los homicidios es algo que podría pasar, aunque no de inmediato.

En la audiencia de ayer, la fiscal Morales alegó que puede haber “una frustración inminente” de la prueba por el transcurso del tiempo y relató que es casi un hecho que el lugar deje de pertenecer al Ministerio de Defensa.

Posteriormente, Morales leyó una carta que le envió el director General de Secretaria Defensa, Fabián Martínez, donde informaba que, por orden del ministro Javier García se está efectivizando la rescisión del comodato (préstamo de uso) de ese bien con la Intendencia de Montevideo.

La fiscal explicó que Martínez le trasmitió que ya se están haciendo los trámites burocráticos en la Armada para entregar ese inmueble a la comuna y, por ende, la cartera “no podía garantizar” a la Fiscalía que la propiedad estuviera, en la reconstrucción de los crímenes, en las mismas condiciones que cuando éstos ocurrieron.

Morales explicó en la audiencia que, en un oficio que envió a Defensa, solicitó a la cartera que mantenga el inmueble intacto durante un año.

En diferentes ocasiones, la fiscal Morales señaló que no dependía de la confesión del procesado para demostrar su culpabilidad en la etapa del juicio penal.

“Poseo pruebas científicas que lo ubican ahí (en el puesto de guardia de la Armada)”, explicó Morales en junio de este año. Y agregó que, entre las pruebas recogidas por la Policía Científica se encuentran las huellas del imputado en el picaporte de una puerta, la sangre en su calzado que correspondía a uno de los infantes asesinados y la pistola incautada en su casa allanada que era la robada a una de las víctimas.