La Justicia intimó al Ministerio de Industria Energía y Minería (MIEM) a entregar el proyecto completo de Aratirí. La Justicia definirá luego qué de esta información debe ser considerada confidencial.

En noviembre pasado los ambientalistas, encabezados por Víctor Baccheta realizaron el mismo reclamo. La Justicia falló a su favor, pero los documentos que les entregaron no colmaron las expectativas que tenían los ambientalistas.

Amparándose en que ciertas informaciones del proyecto son considerados "secreto industrial o comercial", el Ministerio entregó una documentación en la cual, según el escrito de Baccheta al juez Alejandro Martínez de las Heras, no se precisan varios aspectos, como ser "la bases de datos geofísicos y geoquímicos hasta las dimensiones de los equipos y la operación de las minas en todas las etapas". Tampoco se presentan los datos de cómo se pretende realizar el cierre de la minera.

La Justicia, en esta oportunidad, instó a la empresa a que entregue la documentación y decidirá qué es secreto empresarial y qué no, y luego se le dará la documentación a los ambientalistas, que se han valido de la Ley de Acceso a la Información Pública para llevar adelante el reclamo.

"No se puede considerar confidencial el volumen de recurso y las reservas (porción de recurso efectivamente explorable", señala el escrito de Baccheta. También advierte la necesidad de dar a "conocer la secuencia de explotación de las minas (…) para determinar el impacto de la explotación a lo largo del tiempo que dure la operación" y "las medidas de recuperación propuestas, en especial lo referente a la conservación del suelo orgánico retirado de las zonas de minas, relaves y pilas de estéril, que suman 5.928 hectáreas (…) durante el tiempo que dure la operación de extracción de mineral".

También establece que se deben hacer públicos los impactos que va a tener Aratirí sobre el empleo, en referencia a "las ocupaciones productivas en la zona afectada por el proyecto"

Ayer el sindicato de Aratirí se reunió para charlar de los posibles cambios en el proyecto, luego de que el pasado martes la Cámara de Diputados, solo con los votos del Frente Amplio y del diputado independiente Iván Posada, aprobara la ley ampliando en un año el plazo para la negociación con la minera.

"No se resolvió nada en el encuentro", advirtió a El País el miembro del sindicato de Aratirí, Francisco da Silva.

El sindicato espera poder reunirse con las futuras autoridades del MIEM antes de hacer declaraciones sobre la ampliación del plazo. "Ya está pedido el encuentro, esperamos que sea en estos días, después resolveremos", adelantó Da Silva.

Con el proyecto empantanado, Aratirí presentó la semana pasada al presidente José Mujica una alternativa al plan inicial, que establece, entre otras cosas, un área menor de explotación minera, y descarta la construcción de un mineroducto y de un puerto en Rocha para sacar la producción, y propone usar el puerto de Montevideo.

Sindicato pidió reunión con nuevas autoridades del MIEM