A pocos días de haber tomado las riendas de la administración municipal de Montevideo, el intendente Daniel Martínez envió un proyecto de decreto a la Junta Departamental para obtener un préstamo del Banco República por US$ 30.357.000.

La resolución fue firmada por Martínez y por el secretario general de la comuna, Fernando Nopitsch, un día después del cambio de mando.

Según el expediente, el dinero se destinará entre otras cosas a "capital de trabajo", inversión en equipamiento y apertura de cartas de crédito, con un plazo de repago que no superaría el actual período de gobierno, lo cual le permite al Ejecutivo que sea aprobado en la Junta sin mayorías especiales (sólo con los votos del Frente Amplio).

En una carta enviada por el nuevo director de Recursos Financieros de IMM, Juan Voelker, al intendente Martínez, se indica que es necesario "contar con líneas de crédito para poder financiar las necesidades de fondos generadas por las diferencias temporales entre ingresos y egresos de caja". En función de ello, se hizo una consulta al Banco República respecto a las condiciones relativas a monedas, plazos, amortizaciones, garantías y tasas de interés para el acceso a este préstamo. En cada oportunidad, el Departamento de Recursos Financieros de la IMM definirá la conveniencia de la forma de endeudamiento, que podrá ser tanto en moneda nacional como en Unidades Indexadas, "valorando las tasas de interés correspondientes así como la expectativa de inflación para el período de repago".

Aunque el préstamo deberá ser votado por la Junta Departamental —hoy lo comenzará a tratar la Comisión de Hacienda—, el Banco República ya se encuentra analizando la solicitud de la IMM.

La oposición política espera que en la Junta el director Voelker explique los detalles de este préstamo (ver nota aparte).

En una carta enviada por el BROU a la IMM, se explica que la garantía del préstamo será la "cesión de los créditos por la recaudación de tributos realizada por Abitab, en importe suficiente para dar cumplimiento a sus obligaciones con el banco". El BROU recuerda que para la consideración del crédito, la Intendencia deberá presentar un informe al Tribunal de Cuentas y contar con la anuencia de la Junta Departamental.

En 2013, la entonces intendenta Ana Olivera también solicitó al Banco República una línea de crédito destinada a "capital de trabajo" por un monto de hasta $ 240 millones (más de US$ 11,5 millones de la época), que se cancelaría dentro del período pasado, y de otros $ 100 millones (entonces US$ 4,8 millones) para una segunda línea de crédito a saldar de forma inmediata, una vez que la comuna obtuviera fondos en su cuenta corriente. Las dos líneas de crédito fueron, en total, por US$ 17 millones.

En una carta enviada por el entonces director de Hacienda de la comuna, Arturo Echevarría (hoy presidente de la Junta Nacional de Salud) a la intendenta Ana Olivera, el jerarca le informaba que "es objetivo de este Departamento (de Recursos Financieros) hallar instrumentos que permitan cubrir las diferencias que se producen en el flujo de fondos en los meses en que la recaudación es inferior al promedio".

El edil nacionalista Javier Barrios Bove dijo a El País que quiere saber si la nueva ayuda solicitada por la administración Martínez tiene como destino el pago de parte del auxilio económica que recibió Olivera, lo cual sería "una irregularidad", porque los préstamos que trascienden los períodos de gobierno necesitan de mayorías especiales para ser aprobados.

La Intendencia de Montevideo recaudó US$ 50 millones más durante el año pasado, totalizando ingresos por US$ 653 millones, según se desprende de su último Balance de Ejecución Presupuestal, que en los próximos días comenzará a ser analizado por la Junta Departamental. De ese total, más de US$ 300 millones corresponden a la masa salarial de los funcionarios.

Sumando el déficit acumulado histórico de la Intendencia que se encuentra en US$ 139 millones y los compromisos asumidos (por US$ 282 millones), la comuna tuvo un número en rojo al cierre de 2014 de US$ 421 millones.

Primera medida financiera de la nueva administración de Montevideo