INAU pide aplazar hasta 2013 aumento de penas

VALERIA GIL

El presidente del INAU, Javier Salsamendi, pidió que una vez aprobado el proyecto de ley que establece un mínimo de un año de reclusión para los menores infractores, esta medida no comience a regir hasta marzo de 2013.

Salsamendi trasmitió en el seno de su sector (Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad) las dificultades para dar cumplimiento a la norma que establece la detención obligatoria de menores que cometan delitos gravísimos -violación, rapiña, secuestro, extorsión- debido a cuestiones locativas.

El planteo de aplazar hasta marzo de 2013 la aplicación de la medida fue trasladado a la bancada del Frente Amplio por el diputado Nicolás Pereira. El legislador dijo a El País que en esa fecha, el INAU contará con 120 nuevas plazas para que los menores puedan ser recluidos.

Pereira dijo que el planteo fue bien recibido por el resto de la bancada del Frente, ya que nadie se opuso a aplazar el cumplimiento de la ley de aumento de penas a menores.

Por su parte, la senadora Constanza Moreira (Espacio 609) planteó en una reunión de bancada de la coalición de izquierda que no comparte la iniciativa de internar un año a menores que cometen delitos gravísimos, por entender que el INAU no tiene las condiciones para albergarlos, contaron fuentes legislativas. El País se quiso comunicar con la legisladora, pero no obtuvo respuesta. La problemática no es nueva y ya había sido advertida por el defensor de oficio Daniel Sayagués Laso, quien alertó en un documento al que accedió El País sobre el colapso de los hogares de internación. De acuerdo a sus cálculos, en un plazo de un año, los menores recluidos pasarían de 450 a 1.000.

PROYECTOS. El paquete de 15 medidas que hacen parte del documento "Estrategia por la vida y la convivencia" será discutido mañana en una reunión de la bancada del Frente Amplio con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi.

Al aplazamiento de la aplicación del aumento de penas a menores infractores se suman una serie de modificaciones que pasan por establecer más garantías a la internación compulsiva, la eliminación del mínimo de tres años para traficantes de pasta base y la inclusión del autocultivo de marihuana dentro de la iniciativa de legalización de esta droga.

Los cambios planteados a la interna de la coalición tienden a flexibilizar el paquete de medidas que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento. Esto para la mayoría de los sectores del Frente es el producto de fallas en la comunicación entre el gobierno y la bancada.

Mientras tanto, el Movimiento de Participación Popular busca mantener intacta "la esencia" de los proyectos a pesar de las modificaciones que se plantean. El diputado Aníbal Pereyra (MPP) dijo a El País que este lunes el sector presentará un texto sustitutivo a la internación compulsiva, que mantiene la idea original del presidente José Mujica.

La modificación apunta a eliminar el concepto de "internación compulsiva" y sustituirlo por el de "internación involuntaria", esto supondría salvar las objeciones a la inconstitucionalidad del proyecto que hizo el Departamento de Jurídica del Senado.

Para el diputado José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay), los desencuentros entre la bancada y el Poder Ejecutivo en proyectos como los de seguridad, son consecuencia "del trabajo por separado".

"Es mejor que aquellos aspectos que son más duros tengan un aviso previo a la fuerza política, porque a veces el acuerdo que se expresa en el Ejecutivo no tiene el mismo reflejo en el Parlamento", explicó Mahía. Sostuvo que "es muy sano modificar las propuestas, porque para eso hay separación de poderes".