PILAR BESADA
Los estudiantes y egresados del IUPE tienen motivos para estar alarmados. Quedaron con los estudios truncos o con un título de dudoso prestigio, y hasta ahora, las respuestas oficiales son ambiguas.
En Maldonado, una contadora egresada del Instituto Universitario de Punta del Este (IUPE) conoce a varios colegas de la zona que no están tomando egresados del IUPE desde que se desató la polémica, a fines de diciembre. Esta es la situación para el egresado de Maldonado, que es el mejor parado en esta situación ya que su título es legalmente válido porque fue impartido por una sede autorizada por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC). En otros departamentos hay egresados de sedes no autorizadas, si bien algunos títulos fueron validados por el MEC, en otros casos ni siquera las autoridades del Ministerio saben qué suerte correrán.
La situación de los estudiantes no es auspiciosa. Todos verán sus estudios truncos si revocan el permiso, y la posibilidad de que continúen estudiando en su localidad es muy improbable, porque hay muy pocos institutos universitarios con ofertas similares en el interior. Tampoco se sabe si sus estudios serán revalidados.
Esta realidad ha alcanzado a al menos 1.000 estudiantes -algunos dicen que son 1.500, pero no hay cifras oficiales-, y a los cerca de 500 egresados del IUPE. El instituto tiene sedes en Maldonado, Durazno, Treinta y Tres, Melo y Rivera, y dictaba carreras de ciencias económicas y de derecho.
Cuando el Consejo Consultivo de Educación Terciaria Privada decidió este martes ratificar la revocación del permiso al IUPE, los dos representantes de las universidades privadas, Pablo da Silveira y Néstor da Costa, se abstuvieron de votar. El Consejo está compuesto por nueve miembros, y en el primer dictamen se había votado la revocación por unanimidad. El motivo para no acompañar la votación fue, según da Silveira, que "si el Estado toma una decisión de esta naturaleza, tiene que darle al mismo tiempo soluciones a los estudiantes".
Para el ex vicerrector de la Universidad Católica, "independientemente de los problemas de funcionamiento que tuviera el IUPE, el hecho es que hace 10 años que estaba funcionando con reconocimiento expreso del MEC. El Estado tiene que hacerse cargo de su cuota de responsabilidad", señaló.
a la deriva. Juan Caubarrère, delegado de los alumnos de derecho del IUPE, está en sexto año de notariado en Maldonado. Caubarrère tiene posibilidades de terminar la carrera en Montevideo, si le revalidan los estudios, "pero no es la situación común de los demás alumnos", indicó. "Mucha gente se va a quedar sin la posibilidad de terminar una carrera universitaria", señaló, ya que "muchos tienen su vida hecha, y por problemas de trabajo o de familia no se pueden trasladar".
Caubarrère se lamentó de que "se esté viendo al árbol y no el bosque", porque "hay miles de alumnos, egresados y docentes involucrados, y la institución tiene toda la voluntad de colaborar. El ministerio no puede hacer la vista gorda y dejar a la gente a la deriva".
Para el delegado, el contenido académico del IUPE de Maldonado es "excelente". "Son los mismos docentes que son titulares de cátedras en la Universidad de la República, que viajan una vez por semana", indicó.
Cerca de 300 padres, alumnos y egresados se reunieron en la noche de ayer en Maldonado para analizar la situación. En tanto, en Rivera los estudiantes también se reunieron ayer para organizar movilizaciones en el sur y este del país.
A la sede Durazno concurrían unos 200 estudiantes de Durazno, Flores, Florida y Tacuarembó, a las carreras de economía y derecho. En diciembre, unos 30 alumnos se preparaban para dar el último examen.
El miércoles los diputados electos por Durazno, Martín Tierno y Carmelo Vidalín, y el intendente Benjamín Irazábal, se reunieron con autoridades del MEC. Allí analizaron la posibilidad de radicar en Durazno en 2011 una universidad privada debidamente habilitada, que reciba a los alumnos de IUPE.
En Melo la sede del IUPE tiene 20 alumnos, 11 que pasaron a tercero y 9 a segundo. El delegado de los estudiantes, Héctor Fernández, advirtió que muchos de ellos estudian en Melo porque, por razones económicas o familiares, debieron abandonar las carreras en la Universidad de la República en Montevideo.
Sin palabras. En tanto, el director general y fundador del IUPE, Adolfo Gutiérrez, señaló a El País que no realizará declaraciones públicas, ya que está "analizando la situación con asesores jurídicos".
Sin embargo, fuentes cercanas a los responsables del instituto señalaron que la votación dividida registrada en el seno del Consejo Consultivo de Educación Terciaria Privada despertó la esperanza que el gobierno no promulgue la clausura. La resolución final deberá ser tomada por el presidente de la República Tabaré Vázquez, junto a la ministra de Educación y Cultura, María Simon.
(Producción: corresponsales de Durazno, Treinta y Tres, Rivera, Cerro Largo y Maldonado).
"No debería existir"
El presidente del Consejo Consultivo de Educación Terciaria Privada (Ccetp), Jorge Ares Pons, indicó que "la institución (el IUPE) no debería existir", ya que algunos miembros del Ccetp no avalaron el primer permiso que se otorgó en 2000. "Una institución universitaria no se puede manejar como una empresa", señaló Ares Pons, para quien el IUPE era "una empresa con un dueño que hacía lo que quería".
Para el jerarca, "los órganos obligatorios solo existían en papel", y "todas las conclusiones de los evaluadores fueron coincidentes en que la institución no tenía nivel universitario".
Para Ares Pons, incluso, algunos reglamentos del IUPE despertaron preocupación en la dirección de Derechos Humanos del MEC, por "parecer de la época de la dictadura". Por ejemplo, el reglamento estudiantil "prohibía las actitudes colectivas", y el reglamento del personal no docente, "fijaba el largo de las polleras, la cantidad de anillos y el color de las uñas", dijo Ares Pons.