Tras reclamos de cantineros, ANEP crea un grupo para analizar reclamos por prohibición de alimentos con octógonos

La gremial de cantineros en escuelas y liceos públicos del Uruguay reclama de manera insistente por el impacto económico que aseguran sufrir tras la prohibición de venta de alimentos con octógonos en centros educativos. Incluso estuvieron en comisión del Senado hace menos de un mes. Ahora la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) resolvió conformar un grupo de trabajo para analizar los planteos del colectivo y luego enviar una propuesta.

La prohibición de vender y publicitar productos con los octógonos que indican exceso de sodio, azúcares, grasas y grasas saturadas inició en enero de 2024. El Ministerio de Salud Pública (MSP) hace un listado de alimentos nutritivamente adecuados y en un cambio legislativo en 2023 se estableció que no se pueden comercializar alimentos no incluidos en centros educativos.

La gremial Cantineros Unidos del Uruguay ha hecho varios reclamos a la ANEP. Incluso le envió a principios de julio una carta al presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, en la que plantearon varias inquietudes y propuestas de “ajustes” a la normativa para que sea “más efectiva y más justa”.

Los cantineros, aunque “reconocen y comparten el objetivo de promover una alimentación más saludable entre niños y adolescentes”, entienden que la normativa que empezó a regir hace más de dos años “no está logrando plenamente” su propósito. Pero creen, además, que “está generando consecuencias laborales y económicas de gran magnitud” a los concesionarios.

El argumento es que, en la realidad cotidiana, “la prohibición de comercializar productos con octógonos dentro de las cantinas no ha modificado sustancialmente los hábitos de consumo de los estudiantes”. Esto es porque los estudiantes continúan comiendo estos alimentos “llevándolos desde sus hogares, comprándolos en comercios cercanos o solicitándolos mediante aplicaciones de reparto que ingresan a los propios centros educativos”, aseguraron en la carta.

A lo que sumaron que la normativa ha generado un “fuerte impacto económico” en las cantinas debido a la “importante disminución de las ventas”, lo que “pone en riesgo la continuidad de numerosos emprendimientos familiares y provoca la pérdida de fuentes de trabajo”.

Una de las propuestas que enviaron es “autorizar la venta de productos con octógonos sin exhibición al público, permitiendo que puedan adquirirse únicamente a solicitud del consumidor y sin integrar la oferta visible de la cantina”. Otra es “establecer un porcentaje máximo” de estos alimentos prohibidos dentro de la oferta, manteniendo la obligación de que la mayor parte disponible “continúe siendo saludable y acorde a los criterios establecidos por la normativa”.

También se planteó reducir en un 50% el importe que las cantinas abonan por sus contratos vigentes.

Los cantineros están sujetos a inspecciones que determinan si respetan la normativa. En 2025, el Ministerio de Salud Pública detectó varios incumplimientos. Tras el relevamiento en 232 centros educativos, hubo irregularidades en el 30,3% de los locales de liceos públicos y UTU en Montevideo y el 47,62% de los del resto del país. No así a nivel Inicial y Primaria, en los que ninguno de los locales tenía productos con advertencia de “exceso”.

En la educación privada, a diferencia de la pública, sí se descubrió comercialización de comida con “exceso” en Inicial y Primaria. En Montevideo, el 20,69% de los centros de Inicial y Primaria privados tenían productos no recomendados, a un nivel similar al de Secundaria (18,64%). En el resto del país, el incumplimiento fue aún mayor: 40% para los más chicos y 36,36% en los liceos.

Los cantineros en su carta se refirieron a la fiscalización: pidieron “establecer criterios claros, unificados y de aplicación uniforme” porque, según su relato, “existen diferencias en la interpretación de algunos aspectos de la normativa según el inspector actuante, lo que genera incertidumbre y desigualdad entre cantinas que se encuentran en idénticas condiciones”.

En ese sentido, dieron un ejemplo: “Algunos inspectores entienden que determinados productos pueden comercializarse cuando su venta está dirigida a personas adultas, otros sostienen que la prohibición es absoluta dentro de la cantina, sin distinguir el destinatario”.

El Consejo Directivo Central (Codicen) -en su resolución- aseguró tomar conocimiento del planteo de la gremial y resolvió hacer un grupo de trabajo integrado por representantes de las direcciones generales de Secundaria y UTU y de la Asesoría Letrada del propio Codicen.

Ante esta resolución, la gremial envió otra carta donde valoran la decisión de generar un ámbito de trabajo. No obstante, consideraron “indispensable” que ese grupo tenga representantes de la gremial, que son -argumentaron- quienes pueden aportar dado que tienen “experiencia y conocimiento sobre las dificultades” que enfrentan los cantineros.