Plan piloto de escaneo facial de ANEP para controlar faltas abre debate en Codicen y deriva en amenaza de paro

La puesta en marcha de un plan piloto que incluye el escaneo facial de estudiantes del liceo público José Luis Invernizzi de Piriápolis (Maldonado), como medida para “controlar” la asistencia escolar, desató una fuerte polémica dentro y fuera del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), que impulsa la medida.

El proyecto piloto en cuestión trata de “probar soluciones tecnológicas para controlar la asistencia de estudiantes en un liceo”, indica un folleto oficial con algunos puntos del plan, que se viralizó en redes sociales este fin de semana.

La iniciativa incluye un control de ingreso “a través de cámaras”, con la meta de encontrar una forma “ágil, rápida y segura” de constatar quién va a clase, para que las autoridades cuenten con “información precisa y en tiempo real” sobre el ausentismo.

El objetivo de avanzar con una medida disruptiva de este tipo es “mejorar la calidad educativa y reducir el ausentismo escolar”, que el Codicen ha identificado como un “problema clave” para este período. El beneficio de la medida es que las autoridades podrán tomar “mejores decisiones” para ayudar a quienes no asisten, agrega el folleto.

El plan “impulsado” por Codicen tiene como “público principal” a los estudiantes, pero se aclara que tanto los docentes cómo el personal administrativo se van a “beneficiar” de tener un control de asistencia “más eficaz”.

El “caso de prueba” del plan derivó en una polémica en varios niveles será el liceo de Piriápolis. Este ha incluido un trabajo en “ciclos semanales” durante el mes de agosto, que culminará con la entrega de avances y correcciones, en caso de ser necesario.

Luego los “proveedores” —que no se precisa qué empresas son, por qué monto brindarían este servicio, ni por cuanto tiempo— presentarán sus propuestas, para que finalmente el plan piloto se empiece a implementar desde el lunes próximo, 1° de setiembre.

El folleto de tres páginas de ANEP explica que se harán pruebas “con los usuarios” para chequear el sistema. Para esto se utilizará un monitoreo en vivo del movimiento.

El sistema utilizado, de reconocimiento facial, va a “convertir las características propias” de cada estudiante, “como la distancia entre los ojos o la forma de la mandíbula”, en un código matemático “único”.

“Este código es lo que se guarda y se usa para la identificación, sin almacenar las fotos originales”, añade el breve documento con el logo de ANEP. “Al viajar por internet, solo se transmite ese código, lo que garantiza la privacidad del alumno al eliminar el riesgo de filtración de imágenes o el uso indebido de los datos fuera del sistema”, remata el folleto.

Tras viralizarse el plan, que se informó en el liceo de Piriápolis la semana pasada, se desataron varias críticas en su contra. Por un lado, fuentes del Codicen y Secundaria coincidieron a El País en que esta iniciativa “nunca” se trató en el máximo órgano educativo; tampoco estaban al tanto desde la Dirección General de Secundaria.

El plan tampoco fue del agrado del sindicato. “Desde la Fenapes estamos siguiendo con profunda sorpresa esta noticia que no fue informada en ningún ámbito bipartito y a la cual accedimos por trascendidos de prensa”, manifestó el gremio en su cuenta de la red social X.

La iniciativa, agregó Fenapes en su posteo titulado “¿Vigilancia o emancipación?”, “vulnera la privacidad y las libertades individuales y afecta la soberanía de datos”, y el Estado “cede este sensible terreno a empresas privadas”.

El sindicato marcó que la asistencia “no es un dato técnico”, sino un “elemento de profundidad social: pobreza, trabajo adolescente, transporte, salud, pertenencia”. Tras lo cual, apuntó: “Es la paradoja del control: se mide la ausencia con precisión, pero no se atienden sus causas”.

En la víspera de la discusión presupuestal, Fenapes lanzó que “se invierte en cámaras y software en lugar de cargos, transporte, alimentación, becas y equipos multidisciplinarios”. Y que el “dilema de fondo” está entre una educación pública que “vigila” o “emancipa”.

El núcleo sindical del liceo de Piriápolis se reunió este martes, e informó en un comunicado a la opinión pública, que se declaró "en conflicto", en "asamblea permanente", y exigió la "suspensión" del plan y el "retiro" de las cámaras.

De "no cumplirse" con el pedido, Fenapes resolvió un "paro con ocupación del centro" el lunes próximo, 1 de setiembre, fecha en que se está prevista la puesta en marcha del plan.

Andrés Bentancor, secretario de Comunicación de Fenapes y docente en el liceo de Piriápolis, dijo consultado por El País que tienen el apoyo de otros centros de Maldonado. Por lo que, de prosperar el paro, se extendería al departamento.

"No descartamos que esta medida se traslade a nivel nacional para que se frene su implementación", adelantó Bentancor. Quien, además, puntualizó que el plan de ANEP es extenderlo a todo el país, a nivel de Secundaria como en UTU.

La comunidad educativa de Piriápolis está "muy preocupada" por el plan piloto, que "cayó como balde de agua fria", sin aviso, aseguró Bentancor. "No hay ningún argumento pedagógico que argumente que esto", insistió.

El sindicalista confirmó a El País que no se hicieron pruebas biométricas con los estudiantes hasta ahora, pero que sí están instaladas las cámaras en el liceo. Además, puntualizó que aplicar el plan piloto en setiembre, a tres meses de finalizar los cursos, es un "sinsentido" porque la desvinculación ocurre más bien "entre marzo y julio".

El núcleo sindical ya pidió un asesoramiento a la ONG Laboratorio de Datos y Sociedad (Datysoc), así como también informes jurídicos para frenar la medida. Los padres del liceo fernandino "no descartan presentar un recurso de amparo", aseguró Bentancor.

Tras conocerse la resolución sindical, en la tarde de este martes, no estaba claro a nivel de Codicen si la medida seguirá, coincidieron fuentes de ANEP a El País. Estaba previsto que hoy se reúna el máximo órgano educativo, pero se suspendió por un encuentro en el Ministerio de Trabajo, agregaron las fuentes. Se retomará la reunión semanal el martes próximo.

En la noche de este martes, el senador colorado Robert Silva hizo un pedido de informes, al que accedió El País, para conocer si hubo informes técnicos para tomar la medida, así como una evaluación de impacto, una licitación, el costo asociado, la seguridad de los datos, si se evaluaron alternativas y quién controlará la ejecución del plan.

El presidente de ANEP, Pablo Caggiani, dijo El País, antes de conocerse la definición sindical y el pedido de Silva, que este plan se aprobó en su gestión y que no hay otro texto de la iniciativa, salvo el folleto citado, porque es un plan piloto. También dijo que el proyecto está enmarcado en la hoja de ruta que trazó el gobierno para mejorar la asistencia. En dicho documento, en tanto, no se habla de sistemas de reconocimiento facial. “Es un piloto de varios sistemas y por ahora no tiene modificaciones”, sostuvo Caggiani más temprano.

Este fin de semana también se viralizó una imagen de la cartelera estudiantil del liceo de Piriápolis, con varias consignas escritas a mano. “¿Para qué la cámara? Ya pasan la lista”, “Somos estudiantes, ¡no un código!”, “No estamos en Gran Hermano, chau a la cámara” y “¿Somos alumnos o presidiarios? Es necesario un sistema de reconocimiento facial?”, fueron algunos de los mensajes, todos negativos.

El País consultó sobre el plan de ANEP a Hebert Paguas, extitular de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), consultor y miembro distinguido del Future Government Institute; y al abogado Pablo Schiavi, profesor de Derecho de la Información y Datos Personales en la Universidad de Montevideo (UM) y Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho (Udelar).

Por un lado, los expertos coincidieron en que la Ley 18.331, de protección de datos personales, establece que para recolectar la información, en dispositivos tales como el escaneo facial, se requiere de un consentimiento, que en este caso por tratarse de menores de edad debe ser brindado por los padres o responsables que tengan la patria potestad. Desde ANEP no se confirmó que se haya avanzado por este paso, tras una consulta de El País.

“El consentimiento en la legislación uruguaya no se presume, tiene que ser expreso. Esto es informado, firmado y consentido. Por el solo hecho de que el niño vaya a la escuela no habilita este tipo de sistemas”, remarcó Schiavi, en relación al artículo 9 de la Ley 18.331.

Paguas puntualizó que los permisos “no son generales”, sino para cada caso. “Como se dice que hay varios proveedores, se deberían recolectar varios consentimientos para cada uno de los proveedores, y para una de las pruebas”, indicó. A su vez, el artículo 18 de la ley citada marca que ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles.

El artículo 18-BIS de la Ley 18.331, recordó Paguas, plantea que para la recolección de datos biométricos, como el plan de ANEP, requieren no solo del consentimiento previo informado, sino de una “evaluación de impacto” en la protección de datos personales.

A su vez, ambos expertos destacaron que es relevante conocer el contrato que firmó ANEP, hasta ahora desconocido, para conocer qué proveedores brindarían el servicio, cómo se va a administrar dicha información, con qué finalidad y por cuánto tiempo.

El Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA), establece en su artículo 222 que la información relativa a los menores de edad “no podrá ser utilizada como base de datos para el rastreo de los mismos, una vez alcanzada la mayoría de edad”.

Ambos destacaron, además, que se debe contar con un análisis del plan piloto por parte de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (Urcdp) —bajo la órbita de Agesic— que además obliga a todas las empresas públicas y privadas al registro de sus bases de datos.

Paguas planteó que en Francia, Suecia y el Estado de Nueva York (EE.UU.) se prohibió el reconocimiento facial en escuelas. Y que en el reglamento general de protección de datos europeo se plantea que los entornos escolares deben contar con “requisitos rigurosos”, como el consentimiento explícito de los padres y la justificación del uso de estas tecnologías.

“¿La automatización por biometría genera una ventaja frente, por ejemplo, a un sistema que los profesores puedan apretar Enter y subir la lista todos los días?”, cuestionó Paguas. Además, destacó que se debe tomar en cuenta los riesgos asociados a la privacidad y a la fiabilidad tecnológica del registro.

Mientras, Schiavi se mostró más a favor de implementar este tipo de tecnologías: “Yo soy pro de este tipo de iniciativas, pero esto no quiere decir que sea un cheque en blanco. Mi preocupación más que en el proyecto está en quién va a controlar todo esto". "La digitalización de información tiene mil ventajas y mil riesgos. El tema es cómo convivis con el riesgo", concluyó.