Gobierno presenta proyecto para crear Universidad de la Educación cogobernada y recibe críticas de la oposición

El gobierno presentó este miércoles un proyecto de ley para la creación de la Universidad de la Educación (UNED). La iniciativa presentada por el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, busca aterrizar un nuevo ente autónomo y cogobernado, siguiendo las “prioridades” que marcó el Frente Amplio en sus bases programáticas, y tras varios intentos fallidos por crear esta institución.

El proyecto impulsado por el oficialismo prevé que la UNED sea gobernada por un Consejo Directivo Nacional (CDN), integrado por tres docentes —uno de ellos el rector—, dos estudiantes y dos egresados electos por sus pares, indica la redacción del proyecto que ingresará al Parlamento por el Senado en los próximos días.

Mientras esta integración no se aterrice, se prevé instalar un Consejo Directivo Nacional Provisorio, integrado por tres miembros designados por el Poder Ejecutivo —previa venia del Senado—, un representante por el orden docente y otro por el estudiantil.

El proyecto incluye la creación de una Asamblea Nacional —integrada por 18 miembros del orden docente, 12 del orden estudiantil y 12 del orden de egresados— que entre sus cometidos tendrá la elección del rector (máxima autoridad), por dos tercios de sus componentes.

El rector de la UNED ostentará el cargo por cinco años, con opción de ser reelecto una vez. Quien aspire al cargo deberá tener título universitario o de formación en educación válido en el país, o formación equivalente, producción académica relevante y un desempeño de por lo menos diez años en instituciones públicas vinculada a la formación en educación, dice el texto.

La UNED tiene como objetivo la formación de nivel universitario de profesionales de la educación, a través del desarrollo de las funciones de “enseñanza, investigación y extensión”. Entre sus fines, está la formación de maestros, profesores, maestros técnicos, educadores sociales, y otorgar títulos de pregrado, grado y postgrado en educación.

Para su aprobación parlamentaria, la redacción deberá contar con varios apoyos de la oposición, que ha acumulado varias críticas desde que en marzo se reflotó un proyecto de UNED presentado en 2017. El FA precisaría cuatro votos extra en el Senado, y 18 apoyos más en Diputados, tal como informó El País en abril.

Las chances de que este proyecto prospere no están claras, según varias consultas políticas que realizó El País. Desde la oposición se ha cuestionado no solo la oportunidad de crear ahora una UNED, sino sobre todo instalar un cogobierno, tal como lo tiene la Universidad de la República.

Desde la coalición republicana han planteado que, en caso de instalar la UNED, se debería imitar la gobernanza que hoy tiene la Universidad Tecnológica (UTEC). La Ley 20.096, de 2022, creó, en lugar de un cogobierno, un Consejo Directivo Central (CDC) integrado por tres miembros designados por el Poder Ejecutivo y un director regional elegido por sus pares.

Graciela Bianchi, senadora blanca e integrante de la Comisión de Educación y Cultura, dijo a El País que la oposición estaría dispuesta a negociar en caso de que se establezca otro tipo de gobernanza —sin cogobierno, que sea como la de UTEC.

A título personal, Bianchi valoró que las universidades pedagógicas hoy “están atrasadas” y que Uruguay llegó “20 o 30 años tarde” con este tipo de iniciativas. “Los formadores hoy no los tenemos, y habrá que buscar en el exterior, pero se va a necesitar mucha plata”, añadió.

El senador colorado, expresidente de ANEP y también integrante de la comisión, Robert Silva, dijo a El País que se debe dar un “debate nacional” sobre la UNED. “Si se quiere que los docentes uruguayos sean universitarios, ¿es condición indispensable que haya una UNED? Porque si se quiere cogobierno, autonomía y título universitario, eso ya existe”.

“La LUC no está derogada, el MEC ya dio reconocimientos universitarios y la ANEP es un ente autónomo y hay cogobierno. Entonces, hay que discutir el fondo del asunto: ¿Es conveniente crear otra parcela autónoma y separada de quien tiene a cargo el servicio de distintos niveles, cuyos profesores forman la formación en educación?”, dijo Silva.

Mahía, además, presentó otro anteproyecto de ley —que ingresará por la Cámara de Representantes— para volver a los consejos en los subsistemas educativos (en Inicial y Primaria, Secundaria y UTU), superando así el modelo de directores y subdirectores generales que se incluyó en la Ley de Urgente Consideración (LUC).

“Nosotros durante los cinco años transmitimos que no estábamos de acuerdo con esta decisión. En campaña electoral, transmitimos que de ganar el gobierno nacional íbamos a presentar esta iniciativa porque creemos que la participación de docentes enriquece, mejora y le da mejor efectividad al funcionamiento de la educación en general”, dijo el ministro.

La idea del gobierno con este proyecto de “ampliación de la participación en ANEP” es retornar al modelo previo a 2020, de consejos conformados por tres miembros. Dos de ellos designados por Consejo Directivo Central (Codicen), y un tercer integrante electo por el cuerpo docente de cada consejo.

Cada uno de los tres miembros de cada subsistema deberá haber ejercido docencia en la educación pública por un lapso no menor a 10 años, tal como indicaba el artículo 65 de la Ley de Educación (18.437), aprobado en el primer gobierno de Tabaré Vázquez.

El proyecto, además, incluyó la creación de comisiones consultivas, integradas por estudiantes, familiares, funcionarios y otros actores, para que puedan brindar opiniones y necesidades del sistema educativo. Las comisiones podrían ser citadas por cada consejo de educación.

“El gobierno quiere volver a la ANEP al estado de asamblea permanente, bajo una consigna falsa de que los docentes no tienen representación en el gobierno de la educación”, apuntó a El País el senador Silva. Esto valorando la participación docente en dos de cinco cargos del Codicen.

“Es un retroceso claro volver a los consejos, no estoy de acuerdo y creo en el sistema de direcciones generales integradas al Codicen. Esta es una promesa electoral del gobierno que ojalá no tengan los votos para concretarla”, apuntó Silva.