La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) resolvió encomendar un informe a su equipo jurídico sobre la posibilidad de realizar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado uruguayo por “persecución política” entre marzo 2020 y marzo 2025, dijo el vicepresidente de Fenapes, José Olivera, consultado por El País. La evaluación jurídica sobre este paso se prevé que esté pronta antes de febrero de 2026.
La definición la tomó Fenapes este domingo tras anunciar a mediados de diciembre el archivo por parte de Fiscalía de la denuncia que presentaron en 2022 un grupo de diputados oficialistas del anterior período legislativo.
La denuncia se había presentado luego de que una comisión investigadora impulsada por el diputado colorado Felipe Schipani concluyera que existían presuntas irregularidades por el uso de licencias sindicales de parte de dirigentes de Fenapes entre 2015 y 2020.
"La sociedad uruguaya debe reflexionar ante lo que fue una política sistemática orquestada desde el Estado en términos de persecución y de generar terror a una organización sindical, en el marco de un sistema democrático y republicano, lo cual nos retrae a las peores épocas de la historia política de nuestro país", enfatizó el vicepresidente de Fenapes el 13 de diciembre en conferencia de prensa, cuando se informó del archivo de la denuncia.
Olivera, también coordinador de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU), apuntó que en este caso hubo un “proceso de persecución política antisindical, que se orquestó desde el Poder Ejecutivo, desde parte del Parlamento, las autoridades de la educación, que tuvo el beneplácito de operadores mediáticos”.
“Reconozcamos que dentro de la sociedad uruguaya que hay sectores de tendencia fascistas que no tienen dudas de apelar, a cualquier instrumento, para barrer de la escena nacional a cualquier opositor, o a cualquiera que en el marco del ejercicio de derecho se oponga a sus planteos”, agregó.
La comisión investigadora que impulsó Schipani, con apoyo del resto de la coalición republicana, buscó la extensión y justificación de presuntas licencias irregulares de integrantes de Fenapes, por parte del Consejo de Educación Secundaria (CES). Se apuntó que intentaron ampararse en el artículo 70.10 del Estatuto del Funcionario Docente.
El informe del oficialismo del anterior período legislativo, sin respaldo del Frente Amplio, concluyó en junio de 2022 que la investigadora recibió 380 "certificados falsos" presentados por 88 dirigentes de Fenapes, en más de 70 liceos de todo el país, con lo que justificaron "536 días de inasistencias”. Pero además, apuntaron que otros 30 dirigentes intentaron ampararse en el mecanismo, pero no constaba el certificado correspondiente.
“A juicio de esta Fiscalía no surgen elementos objetivos para atribuir las supuestas imputaciones que encuadren en figuras típicas descritas en el Código Penal que la Comisión Investigadora en su denuncia pretende, ni siquiera hechos que puedan tener relevancia jurídico penal", concluyó la fiscalía letrada de Flagrancia de 15° turno, liderada por Silvia Buzo.
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