Fiscalía archivó denuncia contra Fenapes por el uso de licencias sindicales que impulsó Schipani y la coalición

La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) anunció este viernes en conferencia de prensa que Fiscalía General de la Nación archivó la denuncia que presentaron en 2022 un grupo de diputados oficialistas del anterior período legislativo, con los resultados de una comisión investigadora que impulsó el diputado colorado Felipe Schipani sobre presuntas faltas irregulares de licencias sindicales de dirigentes de Fenapes entre 2015 y 2020.

“A juicio de esta Fiscalía no surgen elementos objetivos para atribuir las supuestas imputaciones que encuadren en figuras típicas descritas en el Código Penal que la Comisión Investigadora en su denuncia pretende, ni siquiera hechos que puedan tener relevancia jurídico penal", concluyó la fiscalía letrada de Flagrancia de 15 turno, ahora a cargo de Silvia Buzo, que en un principio lideró Silvia Porteiro.

"De la evidencia colectada en la carpeta fiscal no surgen elementos objetivos que permitan sostener la existencia de conductas que puedan ser reprochadas penalmente por parte de los miembros de Fenapes y de las autoridades de la educación" entre marzo de 2015 y marzo de 2020, agregó el escrito del 2 de octubre, al que accedió El País.

La denuncia presentada por Schipani y otros legisladores de la coalición, apuntó que Marcel Slamovitz, profesor de Historia y exvicepresidente de Fenapes, “utilizó certificados falsos o apócrifos realizados por Fenapes”, que fueron firmados por el entonces secretario general del sindicato José Olivera y su presidenta Virginia García Montecoral.

"Hubo una incidencia manifiesta de lo que podríamos llamar académicamente un lawfare contra los movimientos populares, pero que con el Derecho y el Estado de Derecho presente, la Fiscalía ha descartado que esos hechos denunciados tuvieran relevancia jurídica", dijo el abogado de Fenapes, Marcelo Dominguez en conferencia de prensa.

"La sociedad uruguaya debe reflexionar ante lo que fue una política sistemática orquestada desde el Estado en términos de persecución y de generar terror a una organización sindical, en el marco de un sistema democrático y republicano, lo cual nos retrae a las peores épocas de la historia política de nuestro país", apuntó Olivera, vicepresidente de Fenapes.

“Aquí efectivamente hubo un proceso de persecución política antisindical, que se orquestó desde el Poder Ejecutivo, desde parte del Parlamento, las autoridades de la educación, que tuvo el beneplácito de operadores mediáticos”, agregó Olivera, que calificó de “ilegítima” la comisión investigadora. “Fuimos puestos en la palestra pública con un solo interés: destruir a la organización sindical”, dijo.

“Reconozcamos que dentro de la sociedad uruguaya que hay sectores de tendencia fascistas que no tienen dudas de apelar, a cualquier instrumento, para barrer de la escena nacional a cualquier opositor, o a cualquiera que en el marco del ejercicio de derecho se oponga a sus planteos”, desafió Olivera.

Olivera dijo a El País que si bien recibieron la noticia del archivo en octubre, aguardaron herméticamente el plazo de respuesta de un mes para cuestionar la decisión de Fiscalía, que no ocurrió.

Resolvieron anunciarlo ahora porque “el daño que se generó sobre compañeros en algún momento tiene que terminar”, afirmó. “No registra los 40 años de democracia una situación de este tipo”, insistió Olivera, que dijo sentir “sentimientos encontrados” y que esto fue una “prueba de fuego” para Fenapes.

El 20 de diciembre se reunirá el ejecutivo de Fenapes para analizar los pasos a seguir. “Yo que tengo dos hijos, explicarles que su padre no es un delincuente, sobre todo a mi hija que es la que más sufrió por ser adolescente y estudiante de Secundaria en todo este proceso, con la crueldad de las redes sociales, ¿quién lo repara?”, dijo visiblemente emocionado.

“Alguno me podrá decir que por lo menos lo paguen económicamente. ¿Pero a mí de qué me sirve? Si vivo de mi trabajo y mi salario, y no pretendo más. Ahora quién repara la imagen frente a la familia, el vecino, el compañero, dentro y fuera de Fenapes”, agregó Olivera.

“Lamentablemente, el diputado Schipani realizó una calumnia. Una de dos: o no tenía conciencia de lo que estaba haciendo, que es muy grave; o de lo contrario lo hizo con mala intención”, dijo García Montecoral a El País. “No le hace bien a ningún tipo de democracia este tipo de cosas”, agregó, emocionada, tras el archivo de la causa.

“Se hizo justicia”, indicó Slamovitz a El País. El sindicalista dijo sentir “gran alegría” tras unos tres años de “escrache público”. “Lo que más me dolió es que algunos medios nos calificaban de delicuentes. Yo hace años tengo 48 horas de trabajo (semanales), soy adscripto y profesor de Historia” dijo. “Tengo 97% de actividad computada en 33 años de trabajo”, agregó.

Tras la conferencia de prensa por el archivo de la causa, Schipani anunció en un comunicado que pedirá el reexámen de la causa. “La decisión adoptada es indignante e inentendible, y no vamos a parar hasta que se haga justicia”, desafió el colorado.

Schipani apuntó que desde que se hizo la denuncia, “no hubo aviso alguno de actividad en la Fiscalía, no se nos citó ni a los denunciantes, ni a un solo testigo a declarar y no se investigó absolutamente nada”. Y valoró que desde el punto de vista institucional, “la decisión es grave” y “lesiona la confianza en el sistema de justicia”.

La comisión investigadora que impulsó Schipani, con apoyo del oficialismo de coalición, buscó la extensión y justificación de presuntas licencias irregulares de integrantes de Fenapes, por parte del Consejo de Educación Secundaria (CES) -hoy Dirección General de Secundaria (DGES)-, entre 2015 y 2020.

Se apuntó que los involucrados intentaron ampararse en el artículo 70.10 del Estatuto del Funcionario Docente, donde se indica que podrán otorgarse licencias para "tareas o servicios especiales encomendados por el Consejo Directivo Central, por los consejos respectivos o requeridos por otros organismos estatales". Las faltas justificadas no afectan el presentismo de los docentes.

La investigadora fue motivada por el caso Slamovitz, quien faltó a dar clases 250 horas en el Liceo N°1 de San José por actividades sindicales entre 2016 y 2017. Si bien estas faltas fueron justificadas en su momento y aceptadas, tiempo después se cuestionaron.

La exdirectora del liceo departamental de San José Miriam Arnejo dijo a Radio Carve en 2021 que Slamovitz intentó justificar en 2017 más de 140 horas de ausencia de su cargo docente “bajo el encubrimiento” de un integrante del entonces Consejo de Educación Secundaria (CES) que dispuso el archivo de la denuncia.

Los diputados oficialistas, sin apoyo de la bancada del Frente Amplio por entender que no había pruebas, concluyeron en junio de 2022 que la investigadora recibió 380 "certificados falsos" presentados por 88 dirigentes de Fenapes, en más de 70 liceos de todo el país, por lo que justificaron "536 días de inasistencias”. Pero además, apuntaron que otros 30 dirigentes intentaron ampararse en el mecanismo, pero no constaba el certificado correspondiente.