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Consejero respalda cambio que impide a colegios echar a alumnos si no pagan la cuota: “Es lo que corresponde”

Instituciones privadas analizan por estas horas los cambios de la Ordenanza 14 que presentó la ANEP esta semana, y que los obliga a dar aviso de cierre 90 días antes.

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Centro educativo privado. Foto: Archivo El País
Niños en un salón de clase.
Francisco Flores/Archivo El Pais

Los colegios privados analizan por estas horas los cambios previstos por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) respecto a la Ordenanza 14, una norma vigente desde hace 30 años, que regula la habilitación y autorización de las instituciones. Esto en medio de un escenario de varios cierres en los últimos meses, y a menos de un mes del comienzo de clases 2024.

El País accedió al borrador o anteproyecto que ayer representantes del Consejo Directivo Central (Codicen) de ANEP entregaron en mano a Juan Carlos Noya y Laura Guisado, titulares de la Asociación de Institutos de Educación Privada (Aidep) y la Asociación Uruguaya de Educación Católica (Audec), respectivamente, las principales colectivos de colegios del país. Este documento fue analizado en la última sesión del Codicen.

El documento de 23 páginas, que posteriormente será discutido entre los colegios y las autoridades de ANEP, presenta varios cambios a la normativa. Uno de los que generó más comentarios entre los colegios, que por el momento prefieren analizarlo a la interna de sus colectivos para luego expresarse públicamente, tiene que ver con el artículo 17, de la movilidad del estudiante.

“Ninguna disposición interna de las instituciones habilitadas podrá vulnerar el legítimo derecho (de los estudiantes) a la educación, ya sea, pretendiendo limitar la permanencia en la institución educativa, así como la expedición del pase a otra institución pública o habilitada. Ello será de aplicación, independientemente de las circunstancias respecto al cumplimiento de las obligaciones económicas para con las mismas“, indica el inciso B del borrador.

Esto supone que un colegio no podrá echar o desvincular a un alumno que en la mitad del año lectivo, por ejemplo, no haya pagado la cuota, tal como informó en las últimas horas El Observador. El País consultó a los colectivos de colegios, que por el momento, no se pronunciaron. “Cuando un elefante se mete en el bazar...”, señaló en la red social X (antes Twitter) el exdirector del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) y actual director general del colegio Santa Elena, Pablo Cayota.

Consultado por El País, el consejero del Codicen Juan Gabito dijo que lo indicado en el borrador es "lo que corresponde al derecho humano a la Educación", y está en línea con "lo previsto en la Ley de Educación", del año 2008, en referencia a los artículos 21 a 23 de dicha norma, sobre la educación formal y la movilidad de los estudiantes.

Gabito puntualizó que "hay una parte contractual privada, que el colegio deberá ver cómo al cobra -como todas las empresas las deudas de sus clientes- y hay otra parte que tiene que ver con la protección de la trayectoria del estudiante". "No te pueden retener el pase si un alumno o los padres se quieren ir (de un colegio), ni te pueden echar en la mitad de año. Te tienen que dejar terminar el año", agregó Gabito.

Por otro lado, los cierres de colegios han generado polémica por estos días, no solo por la cifra (cuatro) entre fines de 2023 hasta ahora, sino porque en algunos casos no se dio aviso a las autoridades.

Para subsanar el último punto, el artículo 14 de la nueva redacción indica que la institución podrá solicitar el cese total o parcial de actividades con 90 días de anticipación "a la fecha proyectada para el cierre". En caso de no cumplir con el plazo, "deberá justificar las razones de fuerza mayor que lo impidieron". El cese "solo podrá operar a la finalización del año lectivo, para preservar los derechos de los estudiantes".

Otros elementos que incluye el borrador es que los colegios deberán "cumplir el calendario anual dispuesto por las autoridades oficiales, cumpliendo con el mínimo de días y horas de clase fijados para el respectivo año lectivo". Además, los grupos de clase "no podrán tener más de treinta alumnos", 10 menos que lo fijado en la Ordenanza 14, en un escenario de pronunciada baja natalidad en las últimas dos décadas.

El borrador también dedica un espacio para los colegios autorizados, y no habilitados (como la gran mayoría), que no siguen ni los planes, ni los programas oficiales. "Cada subsistema reglamentará las estrategias y recursos didáctico-pedagógicos que acrediten los aprendizajes de los estudiantes para el acceso a las instituciones públicas o habilitadas.

Fuentes de Aidep indicaron este jueves a El País que está previsto que mañana, viernes, haya una reunión del colectivo que nuclea a unos 60 colegios de alrededor de 370, para aterrizar un primer análisis de la redacción.

Por otro lado, el director nacional adjunto de Audec, Juan Achard, dijo más temprano a El País que están desarrollando reuniones por estas horas para hacer un "análisis crítico" del borrador y estiman aterrizar un documento con las primeras consideraciones Achard puntualizó que esta redacción la solicitaron hace casi un año, en marzo de 2023, para tener una vista previa.

De aprobarse este anteproyecto, entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial, y será "obligatoria" para todas las instituciones habilitadas y autorizadas, en cuanto les sea aplicable. A su vez, derogaría la Ordenanza 14, manteniéndose el complemento aprobado en 2013, con las pautas de habilitación de edificios de los colegios.

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