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Cainfo alertó sobre efectos inhibitorios de medidas del gobierno.

El Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (Cainfo) —una organización dedicada a la promoción y defensa del derecho a la información, la libertad de expresión y la participación ciudadana—

manifestó ayer su "preocupación ante el manejo de información que la página web de Presidencia de la República realiza respecto a un ciudadano que cuestionó a la primera figura pública del país".

Un comunicado de la entidad, añade que, aunque la información sobre la utilización de recursos públicos es de interés público, "es inadecuado que la misma sea utilizada por Presidencia de la República para denostar a una persona que —más allá de las formas elegidas— se manifestó públicamente, en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, en forma crítica hacia el Presidente de la República".

"Cainfo desea alertar ante los efectos inhibitorios de la protesta social y la libertad de expresión que esta medida del Poder Ejecutivo puede implicar al utilizar información privilegiada desde una situación de poder", concluye el comunicado.

El colono Gabriel Arrieta —que fue quien discutió a viva voz con el presidente Tabaré Vázquez frente a la sede del Ministerio de Ganadería el lunes pasado— estudia presentar una demanda contra Presidencia por la publicación de información de su perfil de colono en la página web, dijo a El País el abogado patrocinante Gustavo Salle.

Arrieta tuvo un entredicho con el presidente Tabaré Vázquez a quien tildó de "mentiroso" lo que desató la polémica. Tras ello, el martes Presidencia emitió un comunicado informando: "El integrante de la Mesa de Colonos que acusó de mentiroso al presidente Tabaré Vázquez es el señor Gabriel Arrieta, ocupante de tierras de Colonización (INC) en Kiyú, San José. Desde 2008 tiene deudas con el INC, no ha pagado nunca por el uso de la tierra del Estado. Fue denunciado por productores. Desde 2013 se inició el proceso de entrega de la tierra, estando ahora en el proceso judicial correspondiente".

Abogados criticaron que se divulgaran datos sobre Arrieta y cuestionaron la legalidad de dar a conocer información personal. Sin embargo, la presidenta del Instituto de Colonización, Jacqueline Gómez, defendió dar la información porque es "pública".