Banco Central detectó ocultamiento de retiros en el banco Montevideo

El Banco Central del Uruguay (BCU) remitirá a la Justicia una ampliación de la denuncia penal por ilícitos efectuados por el grupo Peirano, en virtud de la reciente detección de una "operativa" más sofisticada de lo que la institución suponía, y que estaba destinada a concretar transferencias de fondos hacia empresas del grupo sin que éstas fueran registradas como tales en los estados contables del Banco Montevideo.

La detección de la operativa interna del banco derivó de la investigación que en la actualidad continúa el Central, según explicaron sus autoridades y técnicos ayer en la Comisión Investigadora del Sistema Financiero, de la Cámara de Diputados.

Varios de los participantes de la sesión explicaron a El País que en los próximos días se presentarán los nuevos informes que surgieron de la indagatoria, sin perjuicio de que más adelante se produzcan nuevas constataciones.

Si bien los representantes del BCU no emitieron consideraciones de carácter subjetivo, algunos diputados integrantes de la investigadora especulan con que el nuevo material que será enviado a la Justicia provocaría un golpe de timón en la investigación y reinstalaría el análisis de una posible configuración del delito de "asociación para delinquir". Precisamente, la semana pasada el Tribunal de Apelaciones de tercer turno descartó la figura de asociación para delinquir, con el argumento de que la comisión de ese delito no está probada.

La sesión de la comisión parlamentaria se prolongó por más de siete horas, con la presencia del titular del Central Julio De Brun, el vicepresidente Miguel Vieytez, el superintendente de instituciones de intermediación financiera Fernando Barrán, y los integrantes del equipo técnico que estuvo a cargo de la supervisión e intervención del Banco Montevideo, entre ellos su interventor Jorge Xavier.

PASO A PASO. Los diputados que integran la comisión procuraron ayer "saturar" el capítulo del Banco Montevideo, para no tener que convocar nuevamente a las autoridades del BCU por ese asunto, explicó a El País uno de los legisladores presentes.

Del intercambio entre diputados y jerarcas y funcionarios del Central surgió que el déficit del Montevideo fue de 305 millones de dólares, lo que no implica que ese sea el monto que la institución transfirió a otras empresas del grupo Peirano, advirtieron las fuentes.

En ese sentido, las autoridades bancocentralistas anunciaron que el monto total de las transferencias aún no está definido. Por otra parte, señalaron que los fondos que fueron transferidos desde el Montevideo hacia el Trade and Commerce Bank (TCB) de las Islas Caymán —que también pertenecía al grupo Peirano— no tuvieron como destino al propio conglomerado empresarial, sino que fueron utilizados para pagar a los propios ahorristas de la institución extranjera.

Los diputados también hicieron hincapié en las razones por las cuales el BCU no pudo evitar las millonarias transferencias de fondos que el grupo Peirano realizó desde el Banco Montevideo hacia otras de sus empresas. Los representantes del Banco Central recordaron la cronología de comunicaciones y negociaciones que mantuvo con el banco privado.

Al respecto, algunos diputados sostuvieron que luego de una primera comunicación severa que emitió el Central en febrero, luego suavizó su postura en una nueva notificación de mayo. El presidente De Brun consideró públicamente que se produjo una "intensificación de la supervisión" (ver nota aparte).

Sin embargo, cuando los diputados preguntaron cuáles fueron los motivos por los cuales el proceso que derivó en la intervención del Montevideo insumió algunos meses, durante los cuales la institución continuó una fuerte transferencia de recursos, los técnicos del Central dijeron que esa consulta debía ser formulada ante las jerarquías de aquel momento. Durante el proceso de supervisión y posterior intervención del Montevideo, el presidente del BCU era César Rodríguez Batlle, la vicepresidente era Eva Holz, y la directora era Rosario Medero.

En tanto, la representación del Banco Central aseguró que no se produjo un vaciamiento del Banco La Caja Obrera, que había sido adquirido por el Montevideo a fines de diciembre de 2001, poco antes de que se iniciara el episodio que en la actualidad es objeto de investigación judicial y parlamentaria.

El presidente del Banco Central del Uruguay (BCU) sostuvo que los controles de la autoridad monetaria sobre el Banco Montevideo mantuvieron "una línea de intensificación de la supervisión".

En rueda de prensa en el Palacio Legislativo, De Brun explicó que esos controles tuvieron como respuesta una actitud "no acorde con lo que el BCU le solicitaba (al Montevideo), lo cual dio lugar en su momento a la constitución de una veeduría, la cual por no conseguir que se aplicaran las disposiciones del BCU terminó en una intervención lisa y llana".

"No hubo una rebaja de controles. Por el contrario, lo que hubo fue un proceso en el cual gradualmente el BCU fue acentuando las medidas de supervisión, en un contexto que, también hay que recordarlo, era de pérdida de depósitos en el sistema financiero, donde la respuesta que podía estar dando el Banco Central al Banco Montevideo tenía que tomar en cuenta su repercusión en el resto del sistema", comentó De Brun.

De todas formas, tanto él como los técnicos del BCU presentes en la sesión de la comisión investigadora señalaron que para conocer los motivos específicos por los cuales la toma de decisiones insumió varios meses antes de la intervención, los diputados deberían consultar a las autoridades bancocentralistas de ese entonces.

En otro orden, el interventor del Montevideo Jorge Xavier, advirtió sobre la complejidad y debilidades del sistema financiero actual, y como ejemplo dijo que en noviembre de 2002, ya en plena intervención y situación crítica del banco, recibió personalmente el reconocimiento de una revista internacional, que premiaba a la institución privada por su buen desempeño.