Columna

Los gobiernos del Partido Nacional

El expresidente Luis Alberto Lacalle escribió al respecto de las elecciones de 1958, 1962 y 1989 dentro de la historia del Partido Nacional.

Luis Alberto Lacalle. Foto. Archivo El País
Luis Alberto Lacalle. Foto. Archivo El País

Cien años de El País son, en gran parte, cien años de la historia del Partido Nacional. Sin perjuicio de la apertura ejemplar del periódico a todas las plumas y todas las opiniones, el cerno de su vida y acción es de alma blanca. Por ello es oportuno que en el desarrollo de la evocación centenaria, se haga un lugar preferente el recuerdo de la obra de los gobiernos que ejerció nuestro partido durante esos años.

La historia del Uruguay está marcada por un hecho que no conoce parangón en el mundo, la permanencia en el gobierno de una misma fuerza política durante noventa y tres años, desde 1865 hasta 1958.

Esta reseña tiene como único objetivo destacar que el Partido Nacional escasas veces tuvo la responsabilidad de conducir el Estado aunque no hay ningún avance legislativo en cualquier orden que no haya contado con nuestra colaboración o iniciativa. Sin remontarnos a los tiempos de la Patria Vieja, nos concentraremos en los contemporáneos períodos de 1959-1963; 1963-1967, y 1990-1995. Solo trece años de todo un siglo... Por supuesto que nos comprenden las generales de la ley, habiendo tenido el honor de ejercer la Presidencia de la República en este último período.

Tanto al inicio de los ocho años de Colegiado como los cinco del Ejecutivo unipersonal, la situación económica y social del país era difícil, así como las circunstancias internacionales en que se desarrollaba la vida del Uruguay. Ante ese desafío, los gobiernos nacionalistas encararon la gestión con la misma visión que sus antepasados en el siglo XIX lo habían hecho: noción de que el Estado es un medio y no un fin, cuidado de las finanzas públicas en la firme creencia de que el equilibrio fiscal es de la esencia de la administración, respeto por el estado de derecho defendiendo la libertad del sufragio, defensa de la soberanía, preocupación por la solidaridad humana, confianza en la libertad económica como palanca insustituible de generación de riqueza, apoyo a la educación como sostén de la República e instrumento de convivencia y respeto.

De los tres gobiernos mencionados solo el primero tuvo mayoría parlamentaria lo que no ocurrió en los otros dos casos volviendo más difícil la gestión.

El país y el mundo, la región, la economía y el adelanto científico, es decir al ámbito de actuación gubernamental y los instrumentos para desarrollarla eran muy distintos en los períodos del Colegiado que en el de 1990-95. El primero en plena posguerra de Corea, el otro contemporáneo a la caída del muro de Berlín. De todas maneras, hay denominadores comunes de la manera de encarar la gestión del gobierno cuando ha cabido a nuestro Partido esa responsabilidad.

Se forjó nuestra corriente política en la lucha por la independencia nacional y la defensa de la soberanía contra las intervenciones extranjeras de 1842 y 1865. Esa línea de conducta marcó el camino para las administraciones nacionalistas. El nuestro es un nacionalismo oriental, de aquí, de una nación de inmigrantes, un nacionalismo incluyente. Este sagrado principio no ha impedido que se alentaran las iniciativas de integración económica y comercial como la Alalc y Aladi, y el trascendente paso del Mercosur, lamentablemente dañado al querer convertirlo en una asociación política con un sesgo ideológico que nada tiene que ver con su origen.

Defensores de las Leyes nos bautizó Oribe y el fortalecimiento del estado de derecho ha sido tarea central de nuestros gobiernos. Muy especialmente la larga defensa del sufragio y las garantías del mismo como basamento de legitimidad del poder. Las revoluciones nacionalistas no tuvieron como objeto llegar al poder sino obtener las leyes que lo hicieran posible a través de elecciones libres y limpias.

La concepción de que el Estado es un medio y no un fin, de que debe ser fuerte en sus tares esenciales pero que debe dar lugar a la libertad económica como gran motor de la prosperidad y de la generación de trabajo auténtico. Las más grandes reformas del Estado se llevaron a cabo durante nuestros gobiernos: la reforma cambiaria y monetaria, la apertura comercial, las leyes de puertos, seguros y alcoholes, el programa de desburocratización, entre ellas. La lucha contra la inflación como flagelo social, moral y económico ha sido central a nuestra preocupación desde el poder. Asimismo el procurar que el endeudamiento no se aumentara, llegando a tener superávit en las cuentas públicas.

El pensamiento social basado en los postulados de la civilización judeo-cristiana de solidaridad con los más carenciados o débiles potenció nuestra acción. Aun desde la oposición tienen nuestro sello grandes mejoras sociales. Desde el gobierno, la acción en materia de jubilaciones, vivienda, educación, aguinaldo y salud ha sido excepcional, no solo en materia de obras y de resultados sino que, además, se ha destacado por la cuidadosa gestión de los fondos presupuestales. Las más grandes obras hospitalarias se concretaron en el período 1990-1995 así como las más grandes inversiones en locales educativos, equipamiento docente y médico y construcción de viviendas.

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