Tanto al inicio de los ocho años de Colegiado como los cinco del Ejecutivo unipersonal, la situación económica y social del país era difícil, así como las circunstancias internacionales en que se desarrollaba la vida del Uruguay. Ante ese desafío, los gobiernos nacionalistas encararon la gestión con la misma visión que sus antepasados en el siglo XIX lo habían hecho: noción de que el Estado es un medio y no un fin, cuidado de las finanzas públicas en la firme creencia de que el equilibrio fiscal es de la esencia de la administración, respeto por el estado de derecho defendiendo la libertad del sufragio, defensa de la soberanía, preocupación por la solidaridad humana, confianza en la libertad económica como palanca insustituible de generación de riqueza, apoyo a la educación como sostén de la República e instrumento de convivencia y respeto.

De los tres gobiernos mencionados solo el primero tuvo mayoría parlamentaria lo que no ocurrió en los otros dos casos volviendo más difícil la gestión.

El país y el mundo, la región, la economía y el adelanto científico, es decir al ámbito de actuación gubernamental y los instrumentos para desarrollarla eran muy distintos en los períodos del Colegiado que en el de 1990-95. El primero en plena posguerra de Corea, el otro contemporáneo a la caída del muro de Berlín. De todas maneras, hay denominadores comunes de la manera de encarar la gestión del gobierno cuando ha cabido a nuestro Partido esa responsabilidad.

Se forjó nuestra corriente política en la lucha por la independencia nacional y la defensa de la soberanía contra las intervenciones extranjeras de 1842 y 1865. Esa línea de conducta marcó el camino para las administraciones nacionalistas. El nuestro es un nacionalismo oriental, de aquí, de una nación de inmigrantes, un nacionalismo incluyente. Este sagrado principio no ha impedido que se alentaran las iniciativas de integración económica y comercial como la Alalc y Aladi, y el trascendente paso del Mercosur, lamentablemente dañado al querer convertirlo en una asociación política con un sesgo ideológico que nada tiene que ver con su origen.

Defensores de las Leyes nos bautizó Oribe y el fortalecimiento del estado de derecho ha sido tarea central de nuestros gobiernos. Muy especialmente la larga defensa del sufragio y las garantías del mismo como basamento de legitimidad del poder. Las revoluciones nacionalistas no tuvieron como objeto llegar al poder sino obtener las leyes que lo hicieran posible a través de elecciones libres y limpias.