Las farmacias del interior, que nuclean a unos 650 comercios en todo el país, discuten por estos días sobre su futuro ante la pérdida de rentabilidad y condiciones adversas para su negocio derivadas, entre otras cosas, de la drástica rebaja (casi 30%) del tique de medicamentos en las mutualistas y fundamentalmente ante la falta de definición por parte de las autoridades sanitarias sobre el papel que les cabrá bajo el nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud.
En este marco buscan ser recibidas por el ministro de Economía y exigen a Salud Pública se instale una mesa de negociación, al tiempo que tratan de mejorar las condiciones de compra a los laboratorios, que manejan precios y condiciones diferenciales para los distintos canales de comercialización.
Los empresarios del interior argumentan que el medicamento comprado por el Estado, las instituciones de asistencia médica y las mutualistas, se ve subsidiado por el precio más alto que pagan las farmacias. Siendo Uruguay el país con el más bajo precio promedio para los medicamentos, es uno de los que tiene el más alto precio en farmacia.
Por otro lado, la reciente rebaja del tique mutual ha provocado un importante corrimiento de unidades desde el sector farmacia al sector mutual, desfinanciando el sistema de equilibrios imperante.
El sistema mutual es el que ejerce un mayor poder sobre los laboratorios, ya que funciona a través de un sistema de listas llamado vademécum, que presiona para la obtención de mejores precios y plazos de pago más extensos. Por su parte, el MSP, con su decisión de centralizar las compras mediante la creación de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Medicamentos y Afines del Estado por las que además paga al contado, consigue mejores precios. En definitiva, la atomización de la propiedad de las farmacias comunitarias dispersa la capacidad de negociar condiciones. A esto hay que sumarle el incremento de la venta ilegal de medicamentos.
En suma, la intención fundamental de los farmacéuticos del interior es la posibilidad de discutir sobre su futuro y buscar alternativas para que el sector no desaparezca, sino que se mantengan o mejoren las condiciones históricas.
Las llamadas farmacias comunitarias, todas aquellas que no pertenecen a mutualistas o Salud Pública, unas 1.200 en todo el país, manejan un negocio de 3.000 millones de pesos por año. Emplean a 7.500 personas en forma directa y son responsables de la comercialización de más de un tercio del total de unidades de medicamentos consumidas en el país. A su vez, aportan al Banco de Previsión Social 15 millones de pesos por mes.
En Uruguay se gastan anualmente en medicamentos más de U$S 210 millones, de los cuales U$S 90 millones son aportados por las farmacias comerciales.
La canalización de la venta de medicamentos se realiza por tres vías: farmacias comunitarias, responsables del 42% de las ventas totales; farmacias mutuales (38%) y policlínicas del Ministerio de Salud Pública.