Al cierre del primer semestre de 2026, la economía uruguaya presenta un balance que combina fortalezas macroeconómicas con desafíos estructurales que continúan condicionando su capacidad de crecimiento. Si algo caracteriza a la economía uruguaya es la consolidación de un escenario de estabilidad, una condición necesaria para crecer, aunque todavía insuficiente para generar un cambio significativo.
Los datos recientes confirman el escenario de estabilidad. A junio, la inflación interanual se ubicó en 4,25%, mientras que las expectativas de los analistas a 12 meses se mantienen el eje de la meta del Banco Central del Uruguay (BCU). En paralelo, luego del recorte de marzo, la tasa de política monetaria se mantuvo en 5,75%, configurando un entorno financiero menos contractivo que el observado en años anteriores.
El mercado laboral también ha mostrado indicadores relativamente propicios. En junio, la tasa de empleo se mantuvo en 59,5%, lo que sumado a una baja en la tasa de actividad redundó en una baja del desempleo al 7,0%, aunque sigue por debajo del techo del 60% que se había alcanzado a fines de 2025. Estos registros sostienen el consumo de los hogares, pero no eliminan los desafíos asociados a productividad, informalidad y calidad del empleo.
Los indicadores de actividad continúan reflejando una economía sin señales de una aceleración significativa. El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) recientemente publicado, mostró en mayo una caída mensual desestacionalizada por segundo mes consecutivo, mientras que ajustado por tendencia-ciclo permanece estancado desde fines de 2024. La señal de fondo continúa siendo la de una economía que avanza a una velocidad insuficiente para cerrar las brechas de productividad y crecimiento.
Las expectativas relevadas por el Banco Central refuerzan esta lectura. La inflación continúa convergiendo hacia la meta y las condiciones financieras permanecen relativamente estables, lo que reduce la probabilidad de escenarios de corrección macroeconómica abrupta. Sin embargo, la ausencia de desequilibrios no implica necesariamente un crecimiento elevado. La evidencia disponible sugiere que Uruguay continuará transitando una senda de expansión moderada, compatible con un contexto de estabilidad, aunque insuficiente para cerrar las brechas de inversión y productividad que condicionan su crecimiento potencial.
En este contexto, la evolución de la inversión adquiere una relevancia especial. La experiencia reciente de Uruguay muestra que los períodos de fuerte expansión económica estuvieron acompañados por aumentos significativos de la inversión. Los grandes proyectos forestales, las inversiones en energía renovable o las obras de infraestructura no solo impulsaron la actividad en el corto plazo, sino que también ampliaron la capacidad productiva del país. Analizar la inversión implica observar una de las principales variables que condicionan el crecimiento futuro.
Sin embargo, durante la última década la evolución de la inversión no ha sido particularmente favorable. Más allá de algunos proyectos excepcionales de gran escala, como la segunda planta de celulosa de UPM y las obras de infraestructura asociadas, la tasa de inversión de Uruguay se ha mantenido relativamente baja frente a economías que han acelerado su crecimiento. Según datos internacionales de formación bruta de capital fijo (FBKF), la inversión para Uruguay representó aproximadamente 16% del PIB en los últimos años, frente a niveles cercanos a 24% en Chile y muy por debajo de los observados en varias economías asiáticas, donde supera ampliamente el 30% del PIB.
Por su parte, el gobierno introdujo modificaciones al régimen de promoción de inversiones a través del Decreto 329/025, vigente desde febrero de 2026, en el marco de la Ley 16.906. Los cambios priorizan, entre otros objetivos, empleo, descentralización, exportaciones, sostenibilidad, innovación y productividad.
Precisamente por ello, la discusión sobre competitividad adquiere una relevancia creciente. Si los beneficios fiscales pierden capacidad para inclinar decisiones de inversión, los factores estructurales pasan a ocupar un lugar determinante. La implementación del impuesto mínimo global constituye una muestra de esa tendencia. En este escenario, atributos como la estabilidad institucional, la calidad de la infraestructura, el capital humano y la productividad adquieren una importancia creciente para atraer inversiones.
De todas formas, la inversión no responde exclusivamente a estímulos tributarios. En definitiva, los proyectos productivos se concretan cuando las empresas perciben oportunidades rentables y encuentran condiciones adecuadas para competir. En este sentido, continúan existiendo desafíos importantes. Los costos logísticos, determinadas rigideces regulatorias, la limitada escala del mercado interno y las dificultades para alcanzar niveles de productividad comparables con economías más dinámicas, siguen entre las principales preocupaciones del sector empresarial. Por eso, si bien resulta positivo observar una recuperación del interés inversor, el verdadero desafío consiste en transformar proyectos aislados en una dinámica de inversión sostenida.
La competitividad adquiere aún mayor relevancia cuando se considera la evolución demográfica del país. Con una población prácticamente estancada y un proceso de envejecimiento que continuará profundizándose en las próximas décadas, una porción creciente del crecimiento futuro deberá provenir de mejoras en productividad, innovación y acumulación de capital, más que de la expansión de la fuerza laboral.
Por esa razón, la agenda de crecimiento trasciende la promoción de inversiones en sentido estricto. Implica avanzar en reformas microeconómicas que reduzcan costos, mejorar la infraestructura física y digital, profundizar la inserción internacional, fortalecer las capacidades del capital humano y generar condiciones que favorezcan la competitividad.
Uruguay ha demostrado durante las últimas décadas una notable capacidad para construir estabilidad, preservar la confianza y sostener reglas de juego previsibles. Sin embargo, el desafío de los próximos años será transformar esa estabilidad en una plataforma capaz de generar más inversión productiva, más innovación y mayor competitividad.
La estabilidad es el punto de partida; la inversión, el puente hacia un crecimiento real. En definitiva, el crecimiento sostenible no surge únicamente de la estabilidad macroeconómica. Surge cuando esa estabilidad se transforma en oportunidades concretas para invertir, producir y mejorar la competitividad. Allí radica la verdadera importancia de la inversión: no solo incrementa la actividad en el corto plazo, sino que determina la velocidad a la que una economía puede crecer en el largo plazo.
-Ec. Cra. Maria Magdalena Lariau, Gerente Senior de KPMG en Uruguay