A juzgar por los contenidos y las formas recientes de debates e intercambios políticos, la campaña electoral de Uruguay este 2024 no se visualiza muy auspiciosa, ni constructiva. Quizás se argumente que el bajo nivel y la superficialidad sean tendencias globales. Puede ser. Pero, “mal de muchos, consuelo de tontos”.

Ya argumenté en columnas anteriores que la segunda mitad de la década podría estar marcada por fuertes turbulencias globales, sin descartar una gran crisis, en un contexto de mayor diseminación de La Cuarta Revolución Industrial, con la Inteligencia Artificial dominando la escena. Son estos “locos años veinte” gobernados por Xi Jinping, Lula, Milei, Putin y quizás otra vez Trump en EE.UU. En ese entorno, ¿qué deberían incluir los programas económicos de los (pre)candidatos y los partidos políticos uruguayos?

Antes que nada, deberíamos exigir que no sean superficiales, ni generales, sino profundos y con medidas específicamente delineadas. También deberían estar focalizados en los temas realmente relevantes, los “de primer orden”. Por último, tienen que estar técnicamente bien justificados y más importante, cuando comprometen recursos, financiados en base a ingresos genuinos de temporalidad similar. Por ejemplo, para nuevos gastos permanentes, reasignaciones presupuestales o ingresos estructurales.

Con todo, no hay tema más relevante para un programa así, que lograr crecimiento económico alto y sostenido. Porque es la condición necesaria para aumentos sistemáticos de empleo, salarios reales e ingresos fiscales para políticas sociales. Sin todo eso, no habrá bajas adicionales de la pobreza, ni mayor igualdad de oportunidades, en términos estructurales.

Pasados los rebotes por la pandemia, la normalización hídrica y el encarecimiento de Argentina, Uruguay volverá a enfrentar la restricción de su crecimiento potencial (2-3%) en la segunda mitad de la década, con cifras incluso peores si las condiciones globales son desfavorables.

Por todo lo anterior, el crecimiento económico debe ser prioridad en programas de gobierno y enfoques de política. Sobre todo porque, durante largo tiempo ha predominado en gran parte de la sociedad uruguaya y sus gobiernos, el énfasis en políticas distributivas e igualitaristas no necesariamente bien sustentadas en prosperidades sostenibles. De hecho, parte de eso, influido también por el fin del súperciclo de commodities, se reflejó en el pobre crecimiento del PIB experimentado durante la última década, de apenas 1,5% como promedio anual en 2015-2024. Se trata de un desempeño que podría repetirse en el próximo quinquenio e incentivar mayores pujas distributivas, en el contexto de “una torta” que crece poco. Luego, de ahí a un gran descontento social y ofertas populistas, el trecho es muy corto.

Para subir rápidamente el crecimiento potencial, Uruguay requiere en lo inmediato seguir aumentando la inversión en capital físico, cuya tasa en torno a 18% del PIB aún es baja para su nivel de ingreso per cápita. Debería estar más cerca de 25%. También son necesarias medidas concretas para potenciar el capital humano y la productividad, pero dichos resultados sólo se verán a la larga. En el corto plazo es esencial priorizar la inversión en capital físico porque indirectamente eso favorece la contribución del resto. Es una política de oferta que expande la productividad, el empleo y la capacidad productiva. Por eso es clave mantener el clima de negocios, la estabilidad tributaria y el bajo riesgo para extender niveles de inversión extranjera cerca de 7% del PIB.

En Uruguay, como en la mayoría de los países, alzas adicionales de inversión dependen básicamente de mejorar la relación rentabilidad-riesgo. Para eso es necesario trabajar en la macro y en la micro.

Mayor estabilidad macro es clave para seguir disminuyendo los riesgos, el acople a la región y la volatilidad del ciclo. El gran desafío es fortalecer la regla e institucionalidad fiscal y cumplir metas más exigentes, para acercarse a la nota A en calificación crediticia. Ello debe hacerse sin aumentos de impuestos directos, para no golpear la inversión en capital físico y humano.

En estabilidad de precios, está la oportunidad de converger a inflación baja y estable en torno a 3%. Para eso debe seguirse mejorando la política e institucionalidad monetaria, con plena flexibilidad cambiaria. Los costos de retroceder en los avances serán altos y castigados por la ciudadanía. Para progresos adicionales, la autonomía e independencia del Banco Central, de hecho y de derecho, es el camino sugerido por países exitosos en la materia.

De la macro a la micro, si bien muchas pequeñas medidas pueden estimular la productividad e incluso el capital humano, no hay ninguna más potente que mayor apertura e inserción externa. Uruguay debería construir algunos indicadores de protección efectiva y ponerse metas para irlos reduciendo sistemáticamente, con la definición de medidas concretas por año. Con y sin Mercosur.

A eso habría sumarle acciones más decididas para mejorar la competitividad e impulsar más decididamente el ecosistema emprendedor. El enfoque dominante deben ser políticas neutrales, un ambiente favorable para capitalizar los beneficios de La Cuarta Revolución Industrial, ir hacia tarifas de eficiencia en las empresas públicas, adaptar rápidamente el sistema educativo al paradigma de la Inteligencia Artificial y promover mayor competencia en todos los mercados, incluyendo el laboral.

En fin, el ciclo económico global enfrenta grandes amenazas y un gran deterioro externo podría pasar de ser un escenario de riesgo a ser “el base”. Hay que prepararse con políticas pro crecimiento y no anti crecimiento. Y eso debe estar reflejado en los programas de gobierno, pero más importante, en el ejercicio de la política económica del próximo bienio.