Uruguay caro: el desafío de abrir y competir

Uruguay ha consolidado una estabilidad macroeconómica e institucional que lo diferencia positivamente dentro de la región. Sin embargo, esta fortaleza convive con una realidad menos favorable para los hogares, porque una parte importante de los bienes de consumo y servicios presenta precios más elevados que en otras economías.

La percepción es conocida por cualquier uruguayo que viaja al exterior y compara precios. Productos de higiene personal, alimentos, vestimenta, artículos para el hogar o repuestos pueden encontrarse a precios significativamente inferiores en Argentina, Chile, Estados Unidos o algunos países europeos. Dicha disparidad erosiona directamente la capacidad de compra de las familias, tal como reflejan mediciones internacionales como el índice Big Mac, donde el país se posiciona en el segundo lugar global o el Indicador de Precios Fronterizos en el que la ciudad de Salto resulta un 25% más costosa en comparación con la vecina localidad argentina de Concordia, incidiendo esto además en la estructura de costos empresariales como se advierte en los combustibles, cuyos valores superan en un 36% y un 42% a los vigentes en Argentina y Brasil.

La situación plantea una aparente paradoja. Uruguay mantiene una inflación anclada en el objetivo de 4,5% del Banco Central del Uruguay (BCU), cuenta con grado inversor y una institucionalidad reconocida internacionalmente. Pero la estabilidad de precios no significa precios bajos: la inflación mide su variación, no su nivel. Una economía puede mantener una inflación reducida y, al mismo tiempo, presentar precios elevados.

En Uruguay, parte de esta situación responde a características estructurales vinculadas con la ubicación y el tamaño del mercado, la política comercial, los impuestos, las regulaciones y el nivel de competencia en determinados sectores.

Con una población de aproximadamente 3,5 millones de habitantes, y estable por los próximos años, Uruguay no cuenta con la escala necesaria para producir de manera eficiente una amplia variedad de bienes y servicios. Por eso, la inserción internacional y el acceso a importaciones competitivas son especialmente relevantes. A esto se agrega la ubicación geográfica: la distancia respecto de las rutas comerciales más densas encarece fletes y seguros.

Además, como integrante del Mercosur, Uruguay aplica el Arancel Externo Común (AEC), que alcanza hasta el 35%, sobre numerosos bienes provenientes de países que no pertenecen al bloque. A este costo se agregan en forma de cascada la Tasa Consular de 5%, el IVA importación de 22% y otros gastos asociados al proceso de importación que, aunque algunos sean recuperados, elevan el precio al momento de la nacionalización.

A las barreras arancelarias se suman las no arancelarias. Registros, homologaciones, controles sanitarios y otros requisitos administrativos aumentan costos y tiempos. Aunque muchas regulaciones persiguen objetivos legítimos de seguridad y protección del consumidor, su diseño debe equilibrarse con la necesidad de facilitar la competencia, permitiendo el ingreso de bienes más baratos.

Para una empresa grande, estos costos fijos pueden ser manejables; para un pequeño importador pueden convertirse en una barrera de entrada. En un mercado reducido, menos participantes implican menor competencia y menores incentivos para trasladar reducciones de costos a los precios finales. A la vez, la escala obliga a distribuir costos logísticos y regulatorios entre menos unidades.

Por lo tanto, los precios elevados no responden exclusivamente a los márgenes comerciales, sino a la acumulación de costos a lo largo de la cadena: aranceles, impuestos, logística, regulación, escala y márgenes de intermediación. Abordar el problema exige mirar el conjunto y evitar explicaciones demasiado simples.

Otro capítulo corresponde a los bienes no transables tales como servicios personales, gastronomía, construcción y buena parte de los servicios locales. Estos precios dependen mucho más de salarios, productividad, alquileres, impuestos y regulaciones domésticas. Por lo tanto, una mayor apertura puede reducir significativamente algunos precios, en particular los transables, pero difícilmente abarate en igual magnitud toda la canasta de consumo, dando cuenta del abordaje integral que requiere el problema.

La discusión está estrechamente vinculada con la estrategia de inserción internacional. El Mercosur continúa siendo fundamental, particularmente por la importancia de Brasil y Argentina. Sin embargo, su funcionamiento como unión aduanera limita la capacidad de Uruguay para definir unilateralmente su política arancelaria frente al resto del mundo.
Brasil y Argentina cuentan con mercados internos mucho mayores y estructuras industriales que históricamente han favorecido políticas orientadas al desarrollo de sectores productivos nacionales. Uruguay enfrenta incentivos diferentes: acceder a insumos, bienes de capital y productos de consumo a precios internacionales puede generar ganancias de eficiencia y menores costos medios.

Por esta razón, Uruguay ha insistido en una mayor flexibilización del bloque y en ampliar su red de acuerdos comerciales. El objetivo no debería interpretarse únicamente desde el lado exportador: los acuerdos también facilitan importaciones más competitivas, incorporan tecnología y reducen el costo de los insumos.

En este sentido, el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur representa una oportunidad relevante y un paso superador. La reducción asimétrica y progresiva de aranceles entre los bloques, iniciada el 1º de mayo, ampliará el acceso de los productos uruguayos al mercado europeo y permitirá el ingreso en mejores condiciones de maquinaria, automóviles, productos químicos y otros bienes europeos. Una mayor apertura implica desafíos para algunos sectores, pero también incentivos para modernizar procesos y aumentar la productividad.

La protección indefinida de actividades poco competitivas tiene costos para consumidores y empresas. Esto no significa avanzar hacia una apertura indiscriminada, sino aprovechar las ventajas del comercio manteniendo mecanismos de transición para los sectores más expuestos.

Simplificar los procedimientos de importación, digitalizar trámites y revisar regulaciones que generan costos sin beneficios equivalentes puede reducir barreras de entrada. En este sentido luce razonable reconocer certificaciones emitidas por organismos de países con estándares equivalentes a los uruguayos. Repetir localmente controles ya realizados puede sumar costos sin aumentar necesariamente la protección del consumidor.

Sin embargo, reducir los costos de importación no implica una mejora automática del costo de vida. También se necesita una política clara de defensa de la competencia que evite o modere concentraciones o comportamientos monopólicos en segmentos sensibles. En mercados pequeños existe una tendencia natural hacia una mayor concentración, por lo que las condiciones regulatorias no deberían fortalecerla artificialmente. Facilitar la entrada de nuevos importadores contribuiría a aumentar la presión competitiva.

En definitiva, un mercado de escala reducida no necesariamente implica ser un país caro, pero sí vuelve decisivas la apertura comercial y la competencia. Uruguay difícilmente pueda producir eficientemente todo lo que consume y necesita acceder al mundo en condiciones competitivas. En este sentido, el proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida va en la dirección correcta, al atacar parte del elevado costo de producir y consumir en Uruguay mediante la remoción de trabas administrativas, mayor competencia y menores costos de funcionamiento de la economía para aumentar la competitividad pero sin echar mano de la política cambiaria. Aunque podría haber sido más ambicioso, el proyecto constituye un buen punto de partida para abordar un problema que afecta la capacidad de crecimiento de la economía.