TEMA DE ANÁLISIS

El 30 de junio el Poder Ejecutivo presentó al Poder Legislativo el proyecto de Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal del ejercicio del 2021. En esta instancia, el gobierno evaluó el cumplimiento de los objetivos y propuso algunas modificaciones presupuestales, así como realizó ajustes sobre el escenario macroeconómico.

Análisis presupuestal 2021

Los recursos presupuestales del año 2021 totalizaron 597.371 millones de pesos uruguayos, 23% del PIB. Reflejan un crecimiento de 6,3% real respecto a 2020 y provinieron casi en su totalidad de ingresos tributarios (90%), que se incrementaron un 7,1% en 2021 en términos reales respecto al año anterior luego de dos años de caída.

Mientras tanto, el gasto presupuestal totalizó los 685.717 millones de pesos, 26% del PIB, mostrando un crecimiento del 0,78% en términos reales respecto a 2020. En particular, en lo que refiere a la ejecución de la Administración Central y los Organismos del artículo 220 (1), el gasto tuvo un incremento interanual del 3,6% en términos reales.

En cuanto a la estructura del gasto, está compuesta por remuneraciones, funcionamiento e inversiones. Las Remuneraciones tuvieron una caída del 2,1% (para la totalidad para la Administración Central y los Organismos del artículo 220). La caída se explica por la limitación de provisión de vacantes y topes máximos de gastos para servicios personales. Mientras tanto, los gastos en Funcionamiento presentaron un crecimiento del 13,5%. Responde a los aumentos en la prestación de las Asignaciones Familiares-Plan Equidad, los gastos del MTOP asociados a los pagos por disponibilidad para el Ferrocarril Central, gastos del MRREE, gastos del MSP para hacer frente a los gastos vinculados a las acciones de amparo por medicamentos, endoprótesis y material médico, vacunas, entre otros, y gastos de ANEP debido a una mayor presencialidad del dictado de cursos respecto al 2020. Finalmente, las inversiones tuvieron un crecimiento del 16,2%. Esto lo explican principalmente las inversiones del MVOT, MTOP y los organismos de educación (ANEP, UTEC y UdelaR).

Por su parte, los gastos extra presupuestales por el Fondo Solidario COVID-19 alcanzaron los 47.421 millones de pesos en 2021, un 1,8% del PIB.

Nuevo escenario macroeconómico

El gobierno actualizó en la Rendición de Cuentas sus proyecciones macroeconómicas sobre las cuales apoya para sus previsiones de gasto. El gobierno ajusta sus proyecciones de crecimiento económico del 4,8% del Producto Bruto Interno para 2022 (frente a las proyecciones de inicio del año del 3,8%). Según se establece, la corrección al alza es explicada por las buenas señales de recuperación en el consumo, inversión y exportación de bienes. Mientras tanto, desde el lado de la oferta, se explican por un dinamismo generalizado a nivel de todos los sectores de la economía. Para los años siguientes se espera un crecimiento más débil y apenas por encima del crecimiento potencial.

Por otro lado, se ajustan las proyecciones de inflación en 8,5% para fin del año. Niveles alejados del rango meta, establecido para setiembre entre 3% y 6%. A partir de 2023 se espera una convergencia lenta a la meta (6,7% para 2023 y 5,8% para 2024).

La actualización del escenario macroeconómico se alinea al contexto internacional de incertidumbre producto de la guerra en Ucrania, las restricciones a la movilidad en China, la incertidumbre respecto a nuevas cepas, la aceleración del endurecimiento monetario de las principales economías y las incertidumbres respecto a la desaceleración de algunos países de la región. De la misma forma, se alinea a las estimaciones de analistas, que proyectan para este año en mediana un crecimiento de 4,6% e inflación de 8,6%.

Metas fiscales

Para el año 2022 el gobierno estima que el déficit fiscal efectivo del Gobierno Central-BPS se reducirá a 2,9% del PIB. En las previsiones anteriores el gobierno preveía un déficit para este año del 3,1% del PIB, la reducción se explica principalmente por el aumento en las proyecciones del crecimiento económico (de 3,8% a 4,8%). Asimismo, consistente con los objetivos de estabilización del gasto fiscal, el gobierno se propone metas más desafiantes para los años que siguen: 2,6% del PIB para 2023 y 2,2% para 2024.

Las metas trazadas por el gobierno se encuentran alineadas a la nueva institucionalidad fiscal que define la regla fiscal sobre tres pilares: (i) tope al resultado fiscal estructural, (ii) tope de variación real de los egresos primarios en relación con el PIB potencial, y (iii) tope de endeudamiento.

Gastos incrementales para el 2022

Si bien el gobierno cumplió las metas establecidas en 2020 y 2021, el compromiso establecido para el 2022 y los años que siguen son desafiantes, tal como lo establece la regla fiscal, dado que, desde la perspectiva de largo plazo, si no hay una mejora estructural en los principales parámetros económicos, no hay espacios para incrementos fiscales. En este sentido, el gobierno había declarado que continuaría con un plan “gasto cero” manteniendo firmes los objetivos del equilibrio de las cuentas públicas.

Cumpliendo con este objetivo, no hubo innovaciones importantes respecto al Presupuesto 2020-2024. Los gastos incrementales estuvieron vinculados a la recuperación salarial de los funcionarios públicos, de forma de lograr el compromiso establecido por el gobierno de recuperar el nivel de salario real al 1º de enero de 2024 y a la mirada del gobierno hacia el futuro en temas de largo plazo.

Específicamente, para lograr el proceso de transformación educativa, se prevé destinar recursos adicionales de 45 millones para 2023 y 55 millones para 2024. Para impulsar el desarrollo de más innovación es que se refuerza el presupuesto en 10 millones anuales, y adicionalmente se reforzaran los programas de investigación e innovación de la ANII en 4 millones anuales. La seguridad ciudadana, establecida también como prioritaria, se incrementa en el presupuesto en 27 millones en 2023 y 22 millones en 2024. A lo que se debe añadir el refuerzo adicional al plan Primera Infancia aprobado en la pasada Rendición de Cuentas de US$ 50 millones anuales. Todo ello totaliza unos 341 millones de dólares, aproximadamente 0,5% del PIB del 2022.

Además de estas metas, a largo plazo se marcan como prioritarias las siguientes: el acceso a la vivienda, la inserción internacional, el compromiso por la mitigación y adaptación al cambio climático, la inversión en infraestructura, la reforma de la seguridad social, el desarrollo del mercado de capitales, la vivienda y la institucionalidad fiscal.